El día 27 de enero del 2015 ingresó al congreso el proyecto de ley de agenda corta contra la delincuencia, el cual -según intención del ejecutivo- busca “facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos”. De acuerdo a antecedentes presentados en el documento, esto se debe al aumento de la actividad criminal y el aumento de la inseguridad de la población. En este mismo se plantea que es sabido que la criminalidad es resultado de un conjunto de factores, entre los que se pueden mencionar el número de policías en las calles en tareas operativas y de prevención, el funcionamiento del mercado de las drogas ilegales, la desigualdad económica y la reincidencia, entre otros.

Parece necesario mencionar esto dado que consideramos una incongruencia entre la “intencionalidad” de este proyecto de ley y las medidas que se plantean para mejorar la seguridad de la población.

Primeramente, es necesario recalcar una cuestión no menor, que corresponde a la voz y opinión de las víctimas. Según la última encuesta de seguridad ciudadana emanada del Instituto Nacional de Estadísticas, más de la mitad de los encuestados consideran que la principal causa de los niveles de delincuencia se deben a la falta de preocupación y control de los padres, la falta de vigilancia policial y el alto consumo de drogas. Por otro lado, menos de un 10% considera que se debe a la deficiente o mala investigación que efectúan los policías o fiscales y al hecho de que la ley no cuente con penas más duras para los delincuentes. De hecho, desde el año 2005 el porcentaje de hogares victimizados ha ido en disminución, en donde solo el año 2011 tuvo un alza para luego volver a su declive.

Si bien, el proyecto contempla a grandes rasgos -y de manera superficial- las problemáticas asociadas a la dotación policial, infraestructura penitenciaria en el caso de la implementación de nuevas plazas, correspondientes a los proyectos de inversión relativos a la ampliación y/o construcción de establecimientos en las regiones de Valparaíso, el Bío-Bío y Metropolitana y la promesa de programas de reinserción, éste en su grueso sólo plantea más medidas legislativas que no generan un verdadero impacto en la disminución de la inseguridad.

Entre ellas se encuentran dos medidas que parecen preocupantes y que han hecho mucho ruido entre quienes defendemos el legítimo derecho a manifestarnos. El primero corresponde al reemplazo del artículo 12 por el control de identidad preventivo, el que lamentablemente sin ser aún aprobado y que de hecho, ha sido rechazado en votaciones anteriores, ya se encuentra entre los procedimientos ordinarios que Carabineros efectúa arbitrariamente en las calles. La lectura política que se puede desprender de esta medida, dado los sucesos ocurridos durante las últimas marchas y protestas de diferentes actores sociales, es que el gobierno busca conceder a Carabineros mayores facultades para criminalizar arbitrariamente a las personas y generar silenciosamente una persecución política, considerando que ser estudiante, trabajador o algún tipo de “manifestante” en cualquier punto del país es razón suficiente para ser considerado un peligro, un potencial delincuente..

Por otra parte, y más preocupante aún, resulta ser el artículo 3 que busca generar penas con presidio menor en su grado mínimo a quien le ocasionare “lesiones leves o maltrato físico, aun cuando este último no dejare señales visibles” a personal de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmes. En un país como el nuestro, en donde no han sido menores los caso de uso desmedido de la fuerza, vale recordar la muerte del estudiante Manuel Gutiérrez el 2011, el riesgo vital en el que se encontró Rodrigo Avilés el 21 de mayo pasado, la muerte del trabajador Nelson Quichillao en julio del 2015, por nombrar algunos, entre otros casos menos bullados ocurridos en distintas localidades; la ampliación de las facultades de Carabineros es un atentado a la seguridad ciudadana, un cheque en blanco que permite acusar de maltrato a cualquier persona que contrarié justificadamente su autoridad, y más grave aún es el espacio para que el abuso de poder, de la investidura y atribuciones del cargo, se validen institucionalmente a través de la legalidad.

Bien podrían llamarse exagerados nuestros análisis, pero todo se funda en el actuar de Carabineros durante las últimas semanas, donde estudiantes y dirigentes hemos visualizado que las prácticas represivas de parte del ministerio del interior han aumentado generando mayores grados de violencia en las calles, provocando más enfrentamiento entre manifestantes y Carabineros, y un verdadero “chipe libre” policial. Controles de identidad dentro de las estaciones del metro de Santiago, uniformados sitiando universidades públicas y colegios emblemáticos, son prácticas que eran utilizadas en la Dictadura para perseguir políticamente a miles de personas, esa es la dirección que están tomando las medidas mencionadas, situándose en la frontera de la vulneración de los derechos fundamentales.

Carabineros no cuida a la niña inocente, una estudiante presentó 3 paros cardiorespiratorios por el uso desmedido de gases lacrimógenos en Santiago. Otro en Valparaíso fue atropellado por el carrolanzagua, mañana dirán que fue en legítima defensa, mientras que los mecanismos para denunciar y restringir las malas prácticas de la institución no son fiscalizadas y castigadas sino, muy por el contrario, fomentadas y resguardadas. No existe catastro posible que logre enumerar los abusos, pues desde el palabreo vulgar de funcionarios de Carabineros, pasando por manoseos y golpes que no dejan rastro, la cuenta se hace innumerable y no comprobable.

Si queremos disminuir la delincuencia disminuyamos la brecha social, mejoremos sustancialmente y en contenido (no solo en forma) la educación, mejoremos las políticas de reinserción, rompamos la grosera desigualdad. Si la gente se siente más insegura aumentemos los guardias municipales, las organizaciones de seguridad comunitarias, aumentemos el presupuesto para luminarias públicas, promovamos la organización vecinal, mantengamos a la gente en sus barrios entregando subsidios que puedan utilizar en sus barrios, ataquemos con más fuerza el narcotráfico, la violencia intrafamiliar, etc. La seguridad de todos y todas depende de políticas públicas profundas y que ataquen el problema real, la delincuencia no se disminuye con más presos, ni con controles de identidad, no sea que terminemos en una sociedad plagada de sospechosos, pero ¡sin culpables!


Estudiante de Ingeniería en Ejecución Industrial y Vocal de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago