En un capítulo más de las acostumbradas y molestas relaciones con Bolivia, el Canciller chileno, Heraldo Muñoz, pronunció una de esas frases para el bronce, que parecen profundamente aclaradoras; pero que terminan “pisándose la cola”. El Canciller pontificó, de cara a los bolivianos, representar un país que respeta la palabra empeñada. En el contexto de la demanda a Bolivia en la Corte Internacional de la Haya por el asunto aguas del Silala, dijo: “…no es una cuestión de nacionalismo, es simplemente el respeto a los tratados, el respeto a lo acordado” (La Tercera Online, 07/Jun/2016)[i].

Suena bien, Suena bonito. En principio estaría de acuerdo. Y, ¿cómo no estarlo? Imagínense un mundo en que no se respetaran los acuerdos o tratados. ¿No sería ese un mundo caótico? ¿No imperaría el reino de la fuerza-violencia en las relaciones internacionales (suponiendo que no impera hoy y abstrayéndose de casos como Libia, etc.)? Todos buscarían permanentemente saldar deudas pasadas, y en cuanto acumularan la fuerza para imponer un nuevo y efímero orden, tratarían de doblegar a sus contendores. En fin, bien por el Canciller y la tranquilidad que producen al mundo sus “atinadas” palabras.

PERO, ya que estamos en esas. ¿Por qué no respetar y honrar entonces los tratados con los pueblos o naciones indígenas? Por ejemplo, tratado de Tapihue -1825- con un segmento del pueblo mapuche. No es que me parezca maravilloso el tratado en sí mismo, pero tiene sus cosas, que no pocos mapuche ven con buenos ojos. Se garantizaba en él grados de autonomía (“relativa”) a los mapuche firmantes, en términos de administrar el territorio al sur del Biobío y antes de Valdivia. No se podía transitar en ese espacio sin permiso previo de las autoridades mapuche. La justicia mapuche podía castigar a los transgresores de ingreso ilegal al territorio, así como a los ladrones chilenos operando en territorio mapuche.

Además, el Estado se comprometió en dicho tratado, a educar gratuitamente a la población mapuche (una demanda sentida por el movimiento estudiantil en el presente, mientras los mapuche deben pagar su educación como los chilenos), y a desmilitarizar la zona moviendo tropas acantonadas al lado norte del Biobío (hoy la Araucanía está militarizada: tres regimientos y cada vez más policías actuando de guardias privados de colonos o empresarios transportistas). El comercio fue favorecido permitiéndose la fluidez de movimiento hacia ambos lados del Biobío, en la medida que los comerciantes contaran con los salvoconductos o permisos respectivos. E incluso se favoreció en intercambio de prisioneros (hoy los prisioneros están solo del lado mapuche). En resumen, el documento creó algo que alude a lo que hoy podríamos llamar zona desconcentrada dentro de un territorio estatal.

Los rapanui también debieron firmar otro de estos tratados de tipo colonial, “cediendo” soberanía sobre su isla a Chile en 1888, a cambio de conservar autoridades tradicionales, grados de auto gobierno local y la propiedad de la tierra. Ellos habrían sido explícitos en enunciar que NO renunciaban a sus derechos sobre la tierra, aunque podrían compartir lo que hubiera en la superficie (concesión hecha –simbólicamente hablando- con la pistola al pecho). Hoy vemos con preocupación cómo la población de la isla ha sido sometida a un rápido procesos de colonización de población, que va transformando velozmente a su población original en minoría (estamos cerca del 50 a 50%). Y, de colonización de explotación-apropiación de sus recursos naturales y culturales (Conaf administra y se lucra de los moais), que ha llevado a instalarse allí a empresas turístico-hoteleras y otras (estatales, servicios, bancos…), que comienzan a adueñarse de la tierra, contrario a la voluntad expresada en el tratado.

En tiempos más presentes, respetar tratados o lo acordado, también significa honrar la palabra comprometida, al firmar acuerdos internacionales como el Convenio 169  (2008) y la Declaración ONU del 2007 sobre de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2008). Incluso más atrás, respetar la ley indígena 19.253 que los mismos chilenos de la elite política crearon. Ello involucra actuar de buena fe y en concomitancia con los pueblos indígenas, en diseñar y ejecutar procesos de consulta; y no como se ha hecho hoy en día, en que parte del movimiento indígena ha terminado denunciando dichos procesos como fraudulentos y únicamente legitimadores de las iniciativas gubernamentales, inclinadas  a apadrinar proyectos de explotación de recursos naturales en territorios indígenas, antes que los derechos de los pueblos indígenas a sus recursos. Ejemplo, construcción de hidroeléctrica Ralko o Pascua Lama.

Con todo, la perorata del Canciller dirigida a las autoridades bolivianas, si fuera realmente honesta, debiera mostrar como evidencia de credibilidad el respeto a los tratados o acuerdos del Estado con los pueblos o naciones indígenas (respeto a los Títulos de Merced que demandan algunos campesinos mapuche). Pero eso es pedirle peras al olmo, pues en el mundo real los discursos de las elites nacionalistas chilenas, en relación con los pueblos indígenas, han sido hipócritas, embusteros e insustanciales.

Así la Presidenta se da el lujo de decir públicamente en un programa radial: “yo creo muy fuertemente en el pueblo mapuche y en todos los pueblos originarios…” (entrevista a Michelle Bachelet en programa “Desdezero”, Radio Zero, 06/Jun/2016)[ii];  mientras su Intendente en el wallmapu aseguraba una semana antes, que el “95% de los chilenos tiene sangre originaria, son parte nuestra” (Diario Austral online, 30/May/2016)[iii]. O sea, y esta es la lógica de su razonar, si casi todos somos mapuche, todos somos lo mismo: chilenos. Entonces, no existe tal cosa como la cuestión nacional mapuche, por lo que demandas territoriales y autonómicas por esos que se hacen llamar mapuche, son espurias. De ahí que Jouannet postulé, sin que nadie le salga al paso en el gobierno (aunque sí los mapuche de su propio partido DC), que los mapuche autonomistas son en realidad una horda de delincuentes.

¿Cómo puede alucinar la Presidenta con algo que no existe según su Intendente? ¿Cómo puede la Presidenta enviar al parlamento un proyecto de ley para crear el Ministerio de asuntos Indígenas, si los pueblos indígenas, según su Intendente, están diluidos en los chilenos… no existen, pues solo existen chilenos aunque la ley 19.253 –ley indígena- diga lo contrario? ¿Cómo puede la Presidenta tener un Intendente de su exclusiva confianza, que transmite en una frecuencia que la contradice y termina agregando combustible al conflicto étnico en desarrollo en el wallmapu? No es este un país de elites nacionalistas estatales de lectura-comprensiva y práctica política confusa… incoherente. Como alguien puede dar crédito a la palabra del Canciller, si la historia del país está llena de ejemplos que desmienten su afirmación. Por estos días las palabras de los políticos de la elite chilena valen la nada misma.

Referencias

[i] http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/06/674-684007-9-canciller-y-demanda-a-bolivia-por-el-silala-no-es-una-cuestion-de-nacionalismo.shtml

[ii] http://www.radiozero.cl/podcast/2016/06/michelle-bachelet-sobre-querella-vere-que-hago-si-continuo-adelante-o-no-lo-que-quiero-es-que-se-reconozca-que-hubo-un-error/

[iii] http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2016/05/30/396433/Intendente-de-La-Araucania-y-la-CAM-Yo-no-reconozco-ninguna-reivindicacion-territorial-mapuche.aspx


Director Centro de Estudios Rümtun. Director Diplomado en Estudios Indígenas, UAH. Colaborador Fundación Heinrich Böll