Las organizaciones que componen el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) manifestaron su profunda preocupación por el posible nombramiento del abogado Alejandro Ruiz Fabres como ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental -radicado en Santiago- donde se tramita el caso del cuestionado proyecto HidroAysén.

Su inquietud se fundamenta en que este 21 de junio, en sesión con carácter de secreta, la Comisión de Legislación Constitución y Justicia del Senado, presidida por el independiente Pedro Araya e integrada por Felipe Harboe (PPD), Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI), Alfonso De Urresti (PS), aprobó por unanimidad el nombramiento del abogado Alejandro Ruiz Fabres (ver curriculum adjunto).

“En primer lugar, cuestionamos el carácter secreto de la sesión en que fue aprobado el nombramiento de Ruiz Fabres, luego de transcurridos 18 meses desde que se iniciara el proceso de selección de un ministro integrante del Tribunal Ambiental de Santiago”, indicaron desde el CDP.

El informe de la comisión fue elaborado con inusitada rapidez y se ubicó para este miércoles en la tabla de la sala del Senado. En consecuencia, es posible que este nombramiento sea votado hoy por la tarde, según consta en el registro institucional. Todo ello, de acuerdo a lo establecido en el proceso de selección, en el cual el Presidente de la República envía el nominado para su ratificación, tras la elaboración de una quina por parte de la Corte Suprema.

La preocupación del Consejo de Defensa de la Patagonia radica en que el señor Ruiz Fabres fue socio de una consultora en la que trabajó junto al Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, entre los años 2002 y 2003, y además se ha manifestado a favor de la aprobación del polémico e insustentable proyecto HidroAysén, causa que precisamente lleva el Tribunal Ambiental del cual sería parte el profesional. Incluso, trabajó para la consultora que realizó el estudio de impacto ambiental respectivo.

Se debe tener presente que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) es el litigante más frecuente de los tribunales ambientales, situación que implica un conflicto de intereses permanente para el nombramiento de Ruiz Fabres, llevando a la complicación de que el profesional se inhabilite en todos los procesos en que dicho organismo participe.