De forma parcial y temporal decidió la ministra Mireya López sobreseer a 54 parlamentarios investigados en el marco del caso de los falsos exonerados políticos. Según El Mercurio, López resolvió esto por “no haberse logrado acreditar, por ahora, un hecho punible hasta que se presenten nuevos y mejores elementos de investigación”.

Pese a esto, la ministra cuestionó la “laxitud” con la que entre 1996 y 2007 los entonces diputados entregaron certificados que acreditaban a personas como víctimas de la dictadura, incluso sin que ello fuera confirmado.

Según López muchos de esots documentos “contenían como única prueba de la relación laboral y de la exoneración política un certificado de un parlamentario, de modo que tal antecedente fue el único medio que sirvió en estos casos para la calificación”.

Muchos diputados, según acreditó la magistrada, encargaban a su personal subalterno interrogar a quienes pedían este tipo de documentos. Tal es el caso de la actual senadora Isabel Allende (PS) -quien es la que figura con más documentos extendidos, con 598-, que asegura que encomendó esa labor a su jefe de gabinete en Puente Alto.

Además de Allende, los parlamentarios que más extendieron estos documentos -que eran presentados al Programa de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior, que entregaba los beneficios bajo el amparo de la Ley 19.234- fueron: Carlos Jarpa (PR, con 403), Sergio Ojeda (DC, con 325),Edmundo Villouta (DC, con 259), Enrique Jaramillo (PPD, con 186), Jaime Naranjo (PS, con 179), , Francisco Encina (PS, con 142) y José Miguel Hernández (DC, con 133).