Históricamente, la derecha nunca ha mostrado inquietud por incentivar la participación porque mientras más pequeño el universo el peso relativo de la minoría que controla el capital es mayor. Las fuerzas de centro-izquierda agrupadas en la Concertación han terminado asumiendo, en ciertos aspectos, una postura parecida. Si bien en el discurso —y unos pocos en su acción— dicen estimular la participación, en los hechos se han desentendido del grave y constante deterioro de la adhesión ciudadana al sistema político o han intentado enfrentarlo mediante medidas puramente funcionales.

Después de 1989, la mayoría de los jóvenes que alcanzaba la edad para sufragar no se inscribía en los registros electorales. En 1997 se registró una caída de un millón de votos en las elecciones de ese año. La Concertación siguió refugiándose en la idea que era aún la mayoría absoluta (de los votantes). Lentamente se constituiría, sumada al bloque de derecha (Alianza por Chile, Chile Vamos, o algún otro nombre de fantasía de aquellos que la derecha utiliza para ocultar su perfil político), en una minoría. Paradojalmente, cuando el acuerdo programático de centro-izquierda se bautizó a sí mismo como “Nueva Mayoría”, los hechos le demostraron que en verdad era una nueva minoría: Bachelet fue electa con la participación electoral de un 40% de los ciudadanos y una votación de un 24% del universo de posibles votantes. Desde el término de la dictadura, nunca participó tan poca gente en edad de votar en una elección presidencial. En otras palabras, nunca un presidente fue electo por tan poca gente si consideramos el total de chilenos y chilenas que tenían derecho a sufragar. En la parlamentaria todos los partidos políticos bajaron su votación absoluta.

En un momento de esta historia, para salvar la cara, se lanzaron campañas de inscripción y se dieron mayores facilidades a los interesados. Pero alguien decidió tomar el rábano por las hojas: si los jóvenes no deseaban inscribirse lo mejor era inscribirlos aunque no lo quisieran y ahorrarles el trámite. Los hechos indican que la negativa a participar —una especie de huelga ciudadana parcial e indefinida— no se resuelve con medidas administrativas. El tema es mucho más de fondo.

La elección presidencial y parlamentaria de 2014 lo demostraron y la reciente primaria municipal lo ha confirmado. En el Liceo Polivalente Mercedes Marín del Solar de Macul los vocales de mesa jugaron pimpón durante todo el día según relata un diario. De las 5.067.812 personas habilitadas para votar, sólo 282.506 lo hicieron, es decir un 5,6% del padrón electoral. En el caso de la derecha votaron los militantes más un número igual de adherentes, es decir cada militante agregó un voto más, seguramente un familiar cercano de buena voluntad. En el caso de la Nueva Mayoría el aporte adicional de los militantes fue sólo de un 0,4 votos por cada uno. Quizá rondaba el penoso espectáculo de la Nueva Mayoría en su fallida inscripción de primarias que, después de todo, la ciudadanía parece haber considerado un componente cosmético para adornar candidaturas con poco respaldo ciudadano efectivo.

Por otra parte, hay que enfatizar que ningún alcalde en ejercicio se sometió a primarias, lo que da sustento a la idea de que tras este proceso no había convicción democrática en ninguna de las dos coaliciones binominales. En muchas casos, las primarias acentuaron las diferencias entre los candidatos del mismo pacto y sus adherentes. Numerosos adherentes de candidatos perdedores han anunciado en las redes sociales que no apoyarán al candidato de su pacto que ganó las primarias.

En este cuadro, la propuesta del senador Lagos Weber —seguida de inmediato por otros personeros políticos— de establecer el voto obligatorio para las primarias reafirma la idea de que la elite política no entiende la profundidad de esta crisis y no capta el sentido de las primarias. Las primarias buscan entre otras cosas entusiasmar a la gente con el proceso electoral al darles la oportunidad de elegir qué candidatos representarán a su pacto en las elecciones. Si el voto es obligatorio en las primarias se pierde para los candidatos el desafío de entusiasmar a los electores que no son militantes. Algunos más perspicaces lo han percibido y han pospuesto el debate sobre el tema.

La propuesta de obligatoriedad del voto sólo tendría sentido si se le restituyeran más derechos a la ciudadanía, como la iniciativa popular de ley, la convocatoria ciudadana a plebiscitos y la posibilidad de convocar a referendos revocatorios cuando las autoridades electas no cumplan sus compromisos de campaña. Es decir, si hubiese un fortalecimiento de la soberanía popular en un nuevo sistema político. Y eso requiere una nueva Constitución.

En la actual situación de crisis la idea del voto obligatorio tiene un aire burlesco. Los ciudadanos fueron inscritos automáticamente, sin su voluntad. Ahora hay que obligarlos a votar so pena de una sanción. Pero no para todo: no para un plebiscito, no para revocar mandatos, no para una Asamblea Constituyente. Que voten, pero sólo cuando la casta política de la derecha y la Concertación lo determinen, cuando les sea útil para mantener su control. El voto obligatorio puede ser considerado para ampliar y profundizar la democracia, no para salvarla de sus insuficiencias e imperfecciones.


Salvador Kochansky y Jorge Arrate, participantes de Acción por los Doce Puntos (a12p).