“Estamos iniciando un proceso fundamental de reflexión y de debate para que las chilenas y chilenos cuenten con un Sistema de Pensiones digno y adecuado a sus necesidades (…) que nos permita hacernos cargo de las claras insuficiencias de nuestro sistema previsional” dijo Michelle Bachelet el 29 de abril de 2014, en el discurso que enarboló el día de la creación de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, más conocida como Comisión Bravo -por estar liderada por David Bravo, economista e ingeniero comercial, y otros 23 integrantes- y que contiene 58 puntos para reformar el sistema actual, que cuenta, según una encuesta de Comisión Pensiones, con un 70% de rechazo en la ciudadanía, al considerar que “el sistema no alcanza a financiar un nivel de vida adecuado”. 

Para esto, se plantearon tres propuestas globales: A, B y C. La opción A fortalece “el pilar solidario, mejorando el pilar contributivo y la igualdad de género, manteniendo los incentivos esenciales de ahorro, inversión, y crecimiento económico que permiten el financiamiento de las pensiones futuras”. La opción B busca “incrementar la legitimidad del sistema y responder a los principios de la seguridad social mediante la creación de un componente de seguro social, basado en la solidaridad entre afiliados y entre generaciones”. La opción C, la menos popular dentro de la Comisión, plantea “dar respuesta a las opiniones expresadas durante el proceso de participación ciudadana, de reformar el sistema hacia uno de reparto puro”. La primera, opción A, fue la más votada con 12 comisionados a su favor, contra 11 de la B y uno de la C.

En base a la opción global A se elaboró el documento final, emanado por la Comisión y lanzado en septiembre de 2015, planteando una serie de objetivos que no modifican de manera profunda el actual sistema de AFP. El Desconcierto encontró los tres puntos más conflictivos para los movimientos sociales, respecto a la reforma del sistema de pensiones chilenos. 

1- Propuesta 18: Equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres.
Con el objetivo de igualar la edad jubilación entre hombres y mujeres, la propuesta 18 de la Comisión Bravo aumenta la edad de retiro laboral de las mujeres, quienes actualmente pueden hacerlo a los 60 años. Con este cambio, sólo podrán hacerlo desde los 65, tal como los hombres. Lo interesante, es que de los 24 integrantes, sólo 8 son mujeres, de las cuales 7 votaron en contra de esta medida. ¿Por qué?, la economista y directora de estudios de Comunidad Mujer, Paula Poblete, lo explica en entrevista con El Mercurio: “igualar la edad de jubilación establece una paridad al final del camino, lo que sería justo si es que desde el inicio las condiciones fueran iguales, pero no es así. Nos parece que debería existir un compromiso explícito por resolver las desigualdades sistémicas primero, antes de avanzar en la paridad de las edades de jubilación”. 

La argumentación de las mujeres que votaron en contra de esta medida, según consigna El Mostrador, radica en que no se puede pedir equidad mientras no existan condiciones de igualdad de género, no sólo en el entramado de la sociedad chilena, sino también en su legislación, como por ejemplo el caso de las Isapres, que cobran más a las mujeres porque implican pre y post natal, fuero maternal, derecho de alimentación, sala cuna y licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, aspectos de los que están liberados los empleados masculinos. 

Mientras la mitad de las mujeres obtiene pensiones iguales o inferiores a los $42.561, los hombres reciben pensiones de $112.333 o inferiores. Para la Comisión Bravo, esto se explica por la diferencia en la edad legal de jubilación de las mujeres y la edad a la que se tiene acceso a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, pero no para Poblete, quien señala que “las mujeres ganan menos y entran y salen del mercado laboral, por lo tanto ahorran mucho menos para sus pensiones, precisamente porque tienen que hacerse cargo prácticamente de manera exclusiva de sus familias”.

 

2- Propuesta 9: Establecer una nueva cotización previsional de cargo del empleador del 4%; y Propuesta 11: Considerar un período de transición de al menos 4 años para el incremento que se propone en la tasa de cotización, con el objeto de producir un menor efecto negativo sobre el mercado laboral.
Lo que a todas luces parece un cambio positivo, tomando en cuenta que se busca el aumento de un 4% en la tasa de cotización a cargo del empleador, no deja de tener vacíos importantes que pueden ser, eventualmente, usados en contra del trabajador. Al no existir fiscalización acerca de cómo el empleador pagará el aumento del 4%, este puede incurrir en la disminución de sueldos para cubrir dicha brecha,  haciendo que finalmente la mayor cotización sea pagada por los propios empleados.

 

3- Propuesta 31: Crear una AFP estatal que compita con las mismas reglas que el resto de las AFP, conforme a la propuesta legislativa existente en el Congreso.
Este punto, pese a que propone una AFP sin fines de lucro -lo que significaría, eventualmente, cobrar comisiones más bajas- es uno de los ejes centrales para que organizaciones sociales como No Más AFP o Felices y Forrados se opongan a esta reforma. Esto, porque ratifica el actual sistema agregando un actor más al mercado, en lugar de transformarlo. El sistema mantiene la capitalización individual, depositando la responsabilidad del ahorro exclusivamente en los individuos y no en el colectivo, dejando de lado los principios de protección social, ya que mantiene la premisa de “juntar lo que ganas”, no garantizando de esta forma una pensión digna y que no dependa de los trabajos que hayas realizado en tu vida laboral.