Curuguaty: La masacre que desató un golpe de Estado y donde las víctimas son victimarios

Fue el 15 de junio de 2012 en los terrenos de Marina Kué, en la ciudad de Curuguaty, ubicada en el departamento de Canindeyú en el noreste de Paraguay. Campesinos y campesinas, agrupados en el Movimiento por la Recuperación Campesina de Canindeyú, llevaban una semana de toma de un predio de dos mil hectáreas, que se encontraba en conflicto judicial por su titularidad entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí.

Distintos reportes dan cuenta que fueron 324 efectivos policiales, entre la policía ordinaria y el Grupo Especial de Operaciones, los que llegaron al terreno para desalojar a los 70 campesinos, menores de edad incluidos. Lo que para todos iba ser un trámite más -el movimiento se había tomado el mismo predio cinco veces antes, siempre desalojando pacíficamente cuando llegaba la policía- se transformó en una masacre que cambió el rumbo político del país. En total, diecisiete personas muertas, once campesinos y seis policías.

Una semana después, el 22 de junio, el presidente constitucional Fernando Lugo fue apartado del poder tras un juicio político orquestado por el Congreso, dominado por el opositor y conservador Partido Colorado. Le responsabilizaron al presidente su inacción ante la masacre.

Y ayer, para coronación, once personas fueron condenadas por la masacre de Curuguaty, en un proceso lleno de vacíos y pese al reclamo de organismos de derechos humanos de Paraguay y del mundo. Once campesinos enfrentarán entre 4 y 30 años de prisión. Ningún policía fue investigado, no se hicieron autopsias de los muertos ni se presentaron pruebas concluyentes. Pasaron cuatro años, pero pareciera que los campesinos fueron condenados ese mismo día trágico del 15 de junio de 2012.

La trama detrás de la masacre

Las audiencias por la masacre de Curuguaty comenzaron en noviembre de 2015 y no estuvieron exentas de polémicas. La causa comenzó a cargo de Jalil Rachid, quien tuvo que abandonarla al ser nombrado por el presidente Horacio Cartes viceministro de Seguridad. Rachid es hijo de Bader Rachid Lichi, abogado, empresario y amigo personal de Blas Riquelme, ex senador del Partido Colorado de Paraguay y personaje clave en la masacre.

Las tierras de Marina Kué abarcan cerca de 2 mil hectáreas de extensión. Fue donada por la empresa latifundista Industrial Paraguaya al Estado en 1967. En plena dictadura militar de Alfredo Stroessner -también miembro del Partido Colorado-, el gobierno decidió traspasar los terrenos a la Armada, que lo utilizó hasta 1999.

Tras años de abandono, el Movimiento por la Recuperación Campesina de Canindeyú (MRCC) inició los trámites legales para que esas tierras -de propiedad estatal, en teoría-, signifiquen la ampliación de la colonia Yvypytã 1 de Curuguaty. En un país donde el 85% de la tierra está en propiedad de menos del 2% de la población, los terrenos sobran para los grandes agroexportadores, pero no para los desplazados campesinos que viven de la tierra.

En 2004, los terrenos de Marina Kué fueron traspasados al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Indert), ente estatal encargado de la administración de la política agraria. Con la llegada de Fernando Lugo a la presidencia en 2008, los campesinos vieron una oportunidad real de que, a través de la ley de reforma agraria, esas codiciadas 2 mil hectáreas pasaran a sus manos.

Pero el poder quiso otra cosa.

Campos Morombí, empresa de propiedad del empresario y ex senador Blas Riquelme, inició un juicio usucapión -figura legal que permite lograr la propiedad de un terreno tras el cultivo continuado del mismo- contra el Estado por la titularidad de los derechos. Riquelme era ex presidente del partido Colorado, que tuvo 61 años de gobierno interrumpido en Paraguay hasta que el ex sacerdote Fernando Lugo logró arrebatarle la presidencia. Aunque no por mucho tiempo.

La disputa legal entre el Estado y Riquelme continuó hasta 2015, cuando la empresa “donó” 1700 héctareas, pese a no tener ningún documento legal que acreditara la posesión. Pero ya era tarde.

La masacre de Curuguaty y el Golpe de Estado parlamentario

Blas Riquelme pidió el desalojo de los campesinos que ocupaban los terrenos en Marina Kué. De ahí en más, aún no hay certeza absoluta sobre qué pasó exactamente esa fatídica jornada del 15 de junio de 2012.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) realizó una investigación sobre los acontecimientos, paralelo a las cuestionadas averiguaciones de la justicia Paraguaya,

De acuerdo a testimonios de testigos y observaciones de equipos forenses, la policía no solo abrió fuego contra la toma, sino que tomó detenidos, torturó y negó atención médica a los campesinos. Algunos testigos hablan de la presencia de francotiradores en la zona que habrían disparado a la policía, generando así el intercambio de balas con los ocupantes también armados.

En Paraguay se vivían momentos tensos. Pese a que la gestión de Fernando Lugo había optado por una conciliación con parte de la élite política -de ahí su alianza con el Partido Liberal que le permitió llegar a la presidencia- su figura era resistida. Con una rápidez increíble, los liberales le dieron la espalda y decidieron apoyar el juicio político encabezado por el Partido Colorado en el Congreso. El mandatario fue acusado de «incurrir en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido su cargo de manera impropia, negligente e irresponsable» y de «generar una constante confrontación y lucha de clases sociales«. En menos de 48 horas, Lugo era expulsado del Poder Ejecutivo, en lo que a los ojos de gran parte del mundo era un golpe de Estado.

Federico Franco, del Partido Liberal, ex aliado de Lugo, pasaba a la presidencia y así Paraguay volvía a la ruta del neoliberalismo en América Latina.

Y los campesinos de Curuguaty, entendiendo que lo que pasó el 15 de julio era mucho más grande que un simple desalojo, veían un futuro oscuro.

Los condenados de la tierra

Tras el golpe contra Lugo, faltaba esclarecer lo que realmente pasó en Curuguaty. Desde el fin de la dictadura de Stroessner en 1989, 117 dirigentes campesinos han sido asesinados según la Codehupy, sin ser esclarecidos los crímenes. La estadística no alentaba las esperanzas.

El proceso judicial siguió esa misma línea. Los fiscales Ninfa Aguiar y Diosnel Gímenez fueron designados para encontrar respuestas. Se trataba de las mismas personas que dirigieron la acción del allanamiento de la policía que ocasionó la masacre.

Y no es sólo eso: el informe de la Codehupy da cuenta de cómo la Fiscalía no presentó análisis forenses ni de balística. Más de 70 personas fueron investigadas como responsables de la masacre, muchos ni siquiera presentes ese día. Su única relación con la situación es que estaban en la lista de nombres que esperaban ser beneficiadas con las tierras de Marina Kué. “El procedimiento fiscal y judicial adelantado por el Estado paraguayo en el caso Marina Cué no puede legitimar un resultado justo porque no tiene condiciones de imparcialidad y eficacia de la prueba, así como mínimos de respeto a las garantías del debido proceso de los imputados”, dice el informe.

El actuar de la policía ese día nunca fue puesto en duda por la Justicia. El periodista Julio Benegas Vidallet, autor del libro “La masacre Curuguaty: golpe sicario en Paraguay”, aseguró que “desde el momento en que solo están imputados los campesinos por la muerte de los policías, pero no hay ningún investigado por la muerte de los campesinos, no existe la posibilidad de hacer justicia”.

A todo esto se suma el asesinato del dirigente campesino Vidal Vega, testigo clave del caso que apareció muerto con 22 balas en su cuerpo.

Tras años de investigación, el tribunal dictó sentencia ayer lunes. 35 años para Rubén Villalba, 20 años a Luis Olmedo, 18 años a Néstor Castro y Arnaldo Quintana, los cuatro por homicidio doloso agravado. Lucía Agüero, Fanny Olmedo y Dolores López 6 años por complicidad, asociación criminal e invasión de inmueble. 4 años por asociación criminal e invasión de inmueble para Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, Felipe Bénitez Balmori y Adalberto Castro.

Los pedidos de #AbsoluciónYa se multiplican en Paraguay y en el mundo, con organismos como Amnistía Internacional pidiendo una investigación verdaderamente imparcial de la masacre.

Mientras, el campesinado eternamente desplazado, seguirá condenado.