Un importante senador llega a su casa luego de una sesión en el Congreso. “La discusión de la ley no va muy bien”, le dice a su esposa. Se dirige a su oficina, toma asiento frente al computador. Se pone una mano sobre la cabeza antes de redactar el correo, sabe que no le gustará. Aún así, presiona “enviar”. Unos minutos más tarde llega la respuesta: “Estimado, te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla”.

Lo anterior grafica una de las situaciones de corrupción más graves que han salido a la luz en los últimos años. Los mails entre el entonces senador de la República, Pablo Longueira y el gerente general de la minera no metálica Soquimich, Patricio Contesse, discutiendo el proyecto del Royalty Minero, hicieron reflexionar a la ciudadanía sobre quiénes son los que verdaderamente redactan las leyes que aplican en el el país.

El lobby es aquella gestión o actividad remunerada realizada por particulares u organizaciones para defender o representar cualquier interés ante las autoridades, lo que influye en la toma de decisiones públicas.

Esto es habitual en la política chilena y su regulación se hace necesaria desde hace más de una década. Todo comenzó en el gobierno de Ricardo Lagos, donde Jorge Burgos (su ministro del Interior) presenta una moción parlamentaria para regular el lobby y a los lobbistas. A éstas se suman Carolina Tohá, Carlos Montes y Alejandro Navarro. El presidente Lagos lo presenta como proyecto de ley el 2003, donde tiene una larga discusión sobre la tipificación de quién es lobbista: ¿Eran lobbistas figuras intermedias como los gremios, sindicatos, centros de estudios y ONGs?

La discusión se retoma diez años después en el gobierno de Sebastián Piñera, luego del rechazo en el proyecto de ley que buscaba vender medicamentos en los supermercados. En aquella ocasión el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, acusó a la industria farmacéutica de un “lobby gigantesco” en beneficio de sus intereses, lo que dejó ver una relación de intereses entre privados y política. Ahí es cuando se decide, legislar al respecto.

Las Últimas Noticias / Foto: Willy Gómez

La Ley 20.730, más conocida como “Ley del Lobby”, comenzó a regir el 29 de noviembre de 2014, y pone énfasis en el registro de este tipo de actividades. Esta tipifica como “sujeto activo” a quien agenda reunión con la autoridad. Este puede ser un lobbista (persona remunerada por defender el punto de vista de un tercero ) o un gestor de interés (particular no remunerado). Se refiere como “sujeto pasivo” al funcionario público que agenda esta reunión.

Pese a que esta ley muestra un avance, contiene vacíos que permiten el tráfico de influencias dentro de la política.

Uno de estos vacíos consiste en que la inscripción no es obligatoria. Quien no ha ejercido nunca lobby y no se ha reunido con ninguna autoridad, desde que se promulgó la ley, se inscribe sólo si así lo desea. Sin embargo, es obligatorio registrase para quien ya se ha reunido con la autoridad con fines de lobby, pues al hacerlo queda automáticamente incorporado a la lista de lobbistas. Además de éste, hay al menos otros cuatro vacíos de la ley:

  1. Cuando la autoridad solicita una reunión con un grupo de interés: Cuando el funcionario público invita a conversar a un sector determinado no queda registro en el portal de transparencia.
  2. Cuando una autoridad recibe una petición vía oral o e-mail: Existe constante comunicación entre empresas y los sujetos pasivos sin informar, dando la posibilidad de que las empresas sepan exactamente cómo se está redactando esta ley.
  3. Cuando un funcionario público solicita una información: Siempre y cuando dicha información sea utilizada para efectos de realizar una autoridad o adoptar una decisión.
  4. Contactos de funcionarios y contenido de audiencia: Los funcionarios públicos pueden mantener en reserva su lista de contactos con grupos de influencia y el contenido de las audiencias o reuniones con los mismos.

La omisión inexcusable de la información requerida o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, por parte de las personas señaladas en dicho inciso, será penada con la ley de 10 a 50 UTM. No obstante esto ha pasado y no se ha tenido multa. Según el portal de lobby del Ministerio de Energía, el 28 de julio a las 10:30, el titular de esa cartera, Máximo Pacheco, recibió a Thomas Keller y Juan Pablo Schaeffer, de la empresa generadora de energía Colbún.

“Desde la sociedad civil esto lo vemos como un vacío. El presidente o gerente general de una compañía que representa los intereses de terceros y además está siendo remunerado por esa acción debería registrarse como lobbista y no como gestor de interés, dice Paulina Ibarra, directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, dedicada a intermediar entre la autoridad y los ciudadanos.

Keller se identificó ante el ministro como “gestor de interés particular” y así quedó identificado en el portal online, pese a ser gerente general de la empresa energética. ¿Quién fiscaliza eso?

Otro de los puntos más cuestionados de la ley es que, en la práctica, se deja la responsabilidad al sujeto pasivo de especificar que el motivo del encuentro será influir en una decisión. Es decir, en la práctica, cuando el funcionario público invita a conversar a un sector determinado, no queda registro en el Portal de Transparencia. Por ejemplo, la ministra de Minería, Aurora Williams, sostuvo a fines de marzo del año pasado una reunión con representantes de la empresa Antofagasta Minerals, propiedad de la familia Luksic, y de la cual no quedó registro.

El hecho de registrar el motivo de la visita también dificulta aclarar el carácter de la reunión. Hasta el 9 de septiembre del año pasado, 6.206 veces se registró la materia de una reunión o audiencia como “ninguna de las anteriores“.

Un estudio de la Fundación Ciudadano Inteligente identificó que un gran porcentaje del detalle de lo que se abordó en las reuniones entre autoridades y grupos de interés era difuso o derechamente incompleto.

La norma establece que es la autoridad quién debe entregar los detalles de lo que se abordó en la reunión, como por ejemplo, si en la cita se incidió para modificar, elaborar, dictar o derogar un proyecto de ley o actos administrativos.

Facebook: Renato Garín

El aspecto más escandaloso para el abogado experto en el tema, Renato Garín, es lo que él denomina como “puerta giratoria”. O sea, cuando un lobbista está en directa relación con la política, siendo político y lobbista a la vez, o pasar de uno al otro en un corto tiempo de seis meses. Lo que agrava la situación si, además, se figura en los medios escribiendo columnas de opinión.

Tal es el caso de Carlos Correa Bau, quien pasó de ser gerente de Imaginacción Consultores a participar en la Secom. Otro ejemplo es el de Andrónico Luksic, quien le compra al Grupo Penta el Banco de Chile con un préstamo del Banco del Estado, quien le da el préstamo a su vez a Jaime Estévez, ex ministro de Estado. A los ocho meses, el gobierno de Lagos se acaba y Estévez aparece como director del Banco de Chile.

“Hay otras empresas como TIRONI Asociados, quien ha negado muchas veces ser lobbista. Sin embargo, aparece en varias subsecretarías haciendo lobby, uno va a la página web de la agencia de comuncaciones Vanguardia SPA -que sí se reconoce como lobbista- y dice que pertenece a TIRONI Asociados“, indica el abogado. Al contactarnos con él, confirmamos las declaraciones de Garín, pues Eugenio Tironi, ex MAPU y Director de Comunicaciones en el gobierno de Patricio Aylwin, se negó a dar una entrevista argumentando “no hago lobby, mi consultora sólo asesora empresas”.

Todo indica que la Ley de Lobby es insuficiente. El simple registro de las actividades no controla el tráfico de influencias de privados por sobre políticas públicas. Esta relación es muy estrecha y la sanción de hasta 50 UTM queda corta con las consecuencias de ésta. Leyes como la Ley de Pesca y de Royalty Minero son el ejemplo de cómo los intereses de privados se ponen por sobre el bien común al que debe aspirar la legislación.

Renato Garín -quien además de abogado es académico y columnista de MQLTV y El Mostrador, está próximo a publicar su libro “La Sociedad del Lobby”, una completa radiografía a la implicancia de las agencias de comunicación o consultoras, empresas que, a juicio del abogado, son las principales beneficiarias de estos vacíos legales. Así Garín analiza el actual escenario:

¿Por qué hay Ley de Lobby?

Hay Ley de Lobby porque se hizo un acuerdo el año 2013 entre el gobierno y un sector de la Concertación (Nueva Mayoría) para aprobar un giro regulatorio que propuso el ex ministro Larroulet. Para hacer una Ley de Lobby a la chilena, es decir, una Ley de Transparencia. Entonces, el peso regulatorio no está en el lobby, sino en la agenda de las autoridades. Por eso las autoridades están obligadas a publicar sus agendas.

¿Quiénes hacen lobby en Chile?

Aparece en el escenario esta figura de las oficinas de comunicación estratégica, que son como “el gran cuco” de la industria. A quienes se les paga para que hagan lobby profesional. Y aparecen estos personajes centrales que son Correa, Tironi y más adelante las hermanas Velasco en la consultora Extend. Llegando al gobierno de Bachelet, la ley se aprueba, está lista para ser promulgada y Bachelet la veta. Dentro de las razones por las que lo hace es por la distinción y eso no gustaba a las oficinas de comunicación estratégica.

Para no meterese en el pantano de quién es lobbista y quién no, se aprueba un proyecto que se salta la definición y le otorga la responsabilidad a los pasivos para que informen quiénes son lobbistas.

¿Qué quedó afuera?

Quedaron afuera todas las normas que regían a los lobbistas, por ejemplo la prohibición de ser dirigentes de partidos políticos a la vez que lobbistas, las puertas giratorias (pasar del gobierno a ser lobbista y viceversa) y financiar campañas electorales (prohibido en el proyecto del 2003 y 2008). Entonces, ¿por qué los lobbistas son tan importantes que no se puede hacer una ley para regularlos?

¿Cuál es la diferencia entre la ley que hay en Chile y otros países?

Chile está en un nivel mediano de regulación. Hay sanciones que son bajas, en el peor de los casos 50 UTM. Sin embargo, no tiene obligaciones jurídicas para los lobbistas. No hay facultades de ningún organismo público para hacerle auditoría a los lobbistas o establecer lo que se llama “muralla china” si en una oficina se hace lobby para dejar la agencia de lobby aisalda en una empresa. O si no terminas abusando de los medios de comunicación para hacer lobby, por ejemplo en Chile tenemos a casi todos los lobbistas haciendo columnas de opinión en los diarios.

¿Se puede seguir profundizando?

Los vacíos se pueden dividir en dos: vacíos conceptuales como la puerta giratoria, ejemplo, quien puede financiar campañas políticas (se puede ser presidente de un partido político y presidente de una empresa de lobby al mismo tiempo). Y por otro lado, el vacío operativo: los mails, los encuentros informales y las reuniones que los ministros solicitan. A eso yo le llamaría vacío operativo de la ley, o sea, menudencias operatorias que en la ley aparecen como forados, trincheras donde te aseguras de cumplir la ley sin transgedir la ley.

Quienes queden al medio sin ser lobbistas ni gestores de interés son: centros de estudios, que pueden asesorar a un parlamentario, asesorar a un parlamentario y no están regidos por la ley, puedes vender informes, libros, newsletters y hacerse millonarios. Esto es un incentivo a crear más centros de estudios que pueden trabajar por sus intereses corporativos. Se hizo lo que se pudo pero tiene muchos forados.

¿Por qué los parlamentarios no han pujado por llenar los vacíos legales que tiene esta ley?

Yo creo que hay diputados que están conscientes de que la ley es insuficiente. Andrade tiene sentido en eso, por último las reuniones que solicita el mismo ministro queden registradas (respecto a la solicitud de este año del Partido Socialista en hacer una modificación en el registro). Si llegamos a una discusión de la reforma del lobby se puede salir para atrás y ese temor ha frenado el ímpetu de reformar la ley.

*Reportaje elaborado para la asignatura Periodismo Interpretativo. Profesora Soraya Rodríguez, Universidad de Santiago.