El equipo de Javiera Blanco: Cómo desembarcó la Fundación Paz Ciudadana en el gobierno de Bachelet

Luego del cambio de gabinete de mayo de 2015, Javiera Blanco Suárez pasó desde el Ministerio de Trabajo a Justicia junto a sus dos asesores más cercanos: Elvira Oyanguren (PS) y Carlos Aparicio (DC). Pero no fueron las únicas contrataciones “de confianza” de Blanco: junto con ella llegó buena parte de los investigadores de la Fundación Paz Ciudadana al ministerio de calle Morandé 107, todos a honorarios.

Y es que la historia entre Blanco y la poderosa institución dirigida por Agustín Edwards, que ha marcado el debate sobre seguridad pública desde su creación en 1993, es de larga data: llegó en 1998 como investigadora, ascendiendo a gerenta de proyectos en 2001. Luego de su paso como Subsecretaria de Carabineros en el primer gobierno de Bachelet, volvió como directora ejecutiva. Dicho cargo lo ocupó entre 2010 y 2013, año en que asumió como vocera del comando de Bachelet.

Aparte de Blanco, la que ha llegado más lejos en la administración de la Nueva Mayoría dentro del grupo que viene desde Fundación Paz Ciudadana es Francisca Werth Waine, directora ejecutiva de la institución. Amiga cercana de Javiera Blanco, se conocen desde que estudiaron juntas en el Preuniversitario Pedro De Valdivia y luego en la UC.

En 2015, luego de haberse desempeñado como jefa de estudios de la Defensoría Penal Pública, Werth llegó al Ministerio de Justicia, al cargo de jefa de Estudios y Coordinación de la mano de Javiera Blanco. Esa es la misma área a la que llegaron otros cuatro investigadores adjuntos de la fundación de los Edwards: Javiera Cárcamo Cáceres, Nicolás Muñoz Correa, Hermann Schwaderer Zúñiga y Germán Welsch Chahuán. Todos asumieron tareas similares a las que ocupaban en Paz Ciudadana: investigación, análisis de políticas públicas y sistematización de datos. Sus sueldos van desde los $2.300.000 hasta los $4.000.000 de pesos y, con excepción de Welsch, quien renunció en enero de este año, todos se mantienen en sus cargos.

Francisca Werth, en cambio, sólo estuvo unos meses en Justicia. El 21 octubre de 2015, el Ejecutivo logró los votos suficientes para ratificar a Jorge Abbott en el cargo de Fiscal Nacional. En ese proceso, Javiera Blanco tuvo un rol importante gracias a las buenas relaciones que ganó con la derecha en sus años en Paz Ciudadana, ayudando a gestionar los votos de la oposición en el Senado. Veintiún días después, Abbott nombró a Francisca Werth Wainer como directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, con un sueldo de $9.121.809. La dirección ejecutiva fue el mismo cargo que Abbott ocupó desde 2014 hasta que fue nombrado como Fiscal Nacional. 

La amistad de la cuestionada ministra con la segunda máxima autoridad de la Fiscalía Nacional, en momentos en que aún se tramita la causa de Caval y las aristas de SQM, dos de las investigaciones que podrían golpear más duramente el gobierno, se ha transformado en uno de sus activos más importantes frente a las voces que piden su salida en un próximo cambio de gabinete.

Cambio en el equipo sin cambio en las políticas

Sin embargo, hay un ámbito de la Fundación Paz Ciudadana que no se “homologó” con el traspaso de investigadores y funcionarios hacia el Ministerio de Justicia: la evaluación de la llamada “agenda corta antidelincuencia”. Contraria a su trayectoria histórica, que incluye el apoyo a ideas como las de “tolerancia cero” del alcalde neoyorkino Rudolph Giuliani, en esta pasada el centro de estudios adoptó una visión crítica sobre los efectos que tendría la batería de medidas como el control preventivo de identidad, aumento de penas sobre delitos a la propiedad y más.

En un informe de abril del 2016, la institución señaló que, mientras que el control preventivo de identidad no se ajustaba a los estándares que existen en otras experiencias, el aumento de penas en los delitos de robo y hurto “no tendrá impacto en la disuasión de la criminalidad o en su prevención”.

En palabras de Alicia Alonso, directora de la ONG Leasur, “es curioso que cuando la ministra era directora de la Fundación Paz Ciudadana tenía una línea más crítica respecto al tema de la cárcel, pero eso no se ha traducido en sus políticas”. Así, Blanco fue una de las piezas clave para la aprobación de la agenda corta antidelincuencia: una vez más, su rol fue conseguir los votos del senado.

La misma duda existe respecto a SENAME: como directora de Paz Ciudadana, Javiera Blanco firmó el informe “Delincuencia juvenil, violencia y desafíos para los programas de intervención”, de septiembre de 2011, donde da cuenta de elementos clave para el diseño de políticas de intervención en casos de niños, niñas y adolescentes infractores de la ley. En 2012, también como directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Blanco participó activamente en la tramitación legislativa del proyecto de ley que suprimía el actual Servicio Nacional del Menores (SENAME), y creaba dos nuevos servicios de atención a la infancia y adolescencia, por lo que su nivel de interiorización de los problemas que aquejan al servicio a la hora de asumir el ministerio era, al menos, avanzado.

Sin embargo, hasta ahora los pases entre la Fundación Paz Ciudadana y el Ministerio de Justicia sólo se ha traducido en un flujo de investigadores especializados hacia la cartera, y en ningún caso un giro en las políticas. Alicia Alonso así lo señala: “había esperanza en el hecho de que la ministra estaba sensibilizada en el tema, pero las políticas concretas que ha aplicado incrementarán la crisis penitenciaria, ciñéndola aún más sobre los sectores empobrecidos y agravando los problemas de vulneración de derechos en las cárceles. Hoy el enfoque del Ministerio de Justicia es el populismo político, que intenta solucionar los problemas sociales con cárcel y no es efectivo, pero da votos”.