La mañana de ayer, viernes 5 de agosto, el Presidente del Centro de Estudiantes de Administración Pública de la Universidad de Chile, Adrián Medel Rodríguez, concurrió a la Contraloría General de la República para denunciar al Rector de la Universidad de Chile, Prof. Ennio Vivaldi Vejar, por violar el principio de celeridad consagrado en la Ley 19.880. De acuerdo con Medel, tanto el exrector Víctor Pérez como el actual rector, demoraron por 26 meses un sumario administrativo destinado a investigar las irregularidades ocurridas en la revalidación de título del académico de la Universidad de Chile, Sr. Roberto Funk. Como resultado de la dilación, denuncian los estudiantes, el exministro de Ricardo Lagos, Eduardo Dockendorff, quedó sin sanción por su responsabilidad en las irregularidades ocurridas.

A comienzos de 2013, el Colegio de Administradores Públicos de Chile presentó una denuncia por las irregularidades ocurridas en la revalidación antes mencionada. La denuncia apuntó a que el Sr. Roberto Funk recibió el título de administrador público sin tener estudios extranjeros equivalentes y que el interesado no entregó la documentación requerida por la reglamentación universitaria. Además, el gremio profesional acusó conflicto de interés, pues al momento de recibir el título, el Sr. Funk actuaba de facto como Subdirector del Instituto de Asuntos Públicos, entidad encargada de aprobar la revalidación A ello se suma que en la supuesta comisión que decidió entregar el título al Sr. Funk, apareció como miembro Edgardo Boeninger, en circunstancias que había muerto el año anterior al inicio del acto administrativo en cuestión. Ante esa denuncia, la Contraloría General de la República instruyó una investigación especial, que tuvo como resultado un informe en el que se indica: “sobre la falta de antecedentes presentados al momento de elevar la respectiva solicitud de revalidación y la omisión de respaldo de la constitución, funcionamiento y recomendación del comité evaluador, esa entidad deberá instruir un sumario administrativo, para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que han participado en tales actuaciones”.

Con fecha 28 de enero de 2016, el rector de la Universidad de Chile, Sr. Ennio Vivaldi Vejar, dictó la Resolución Exenta 0206, que “Dicta sobreseimiento en proceso sumarial y ordena la adopción de las medidas que se indican”. En dicho acto se señala en el considerando 1: “Que, en el proceso sumarial se encuentra fehacientemente comprobado que no se dio cabal cumplimiento al procedimiento establecido para estos efectos ni se ejerció la debida supervisión que dicho proceso exige, existiendo responsabilidad administrativa por parte de los ex funcionarios EDUARDO DOCKENDORFF VALLEJOS y ANDREA MOSALVES MORAGA en los hechos denunciados relativos a la revalidación de los estudios de Bachelor of Arts cursados por el Profesor Funk en la Universidad de Toronto por el título de Administrador Público que otorga la Universidad de Chile”. Por su parte, el considerando 2 establece: “Que no obstante lo señalado precedentemente en la actualidad se encuentra proscrita la acción disciplinaria, de conformidad a lo establecido en los artículos 157, 158 y 159 del DFL N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

De acuerdo con Medel, “la Ley N° 18.834 es clara en señalar que la fase de investigación de un sumario debe durar 20 días, prorrogables hasta 60. Por lo mismo, y considerando la prescripción, es inaceptable que la Universidad de Chile resuelva un sumario 26 meses después de la orden de la Contraloría. De igual forma, a través de la denuncia que entregamos hoy en la Contraloría, alertamos al ente contralor que la Universidad de Chile no cumplió con la normativa, pues cerró el sumario a través de una Resolución Exenta, cuando lo que correspondía era que se tomara razón de dicha decisión. En estos hechos pueden existir responsabilidades funcionarias que deben ser establecidas”. Medel, además, señala que la dilación de sumarios es una mala práctica institucionalizada en la Universidad de Chile. “Hace unos días, la Corte de Apelaciones estableció que la Universidad vulneró el principio de celeridad en otro sumario. Esto coloca un manto de dudas respecto a la voluntad de cumplir con la ley por parte de la Universidad”.

El Presidente del Centro de Estudiantes considera que “el hecho que esta demora terminara favoreciendo a un exministro es un pésimo precedente. Con este tipo de actos, corremos el serio riesgo que la opinión pública también coloque a la Universidad de Chile dentro de las instituciones que no generan confianza”. Además, el estudiante de Administración Pública hace un llamado al Rector a cuidar el prestigio de la casa de estudios. “Produce un gran malestar en toda la comunidad de la Escuela de Gobierno y de administradores públicos que prácticamente se haya regalado nuestro título para pagar favores políticos. A nosotros, los estudiantes, nadie nos regala nada. La Universidad todavía no nos da una sede digna para estudiar. Tras el 27/F hemos debido deambular por tres sedes transitorias. En ese sentido, no entendemos  por qué a  nosotros se nos maltrata así y a un profesor se les regala sin ningún pudor el derecho de llamarse Administrador Público. La Universidad de Chile es la única con la facultad de convalidar títulos extranjeros. Ese derecho exclusivo debe cuidarse. Si el exrector Pérez y el Sr. Vivaldi creen que esta facultad sirve para favorecer a algunas personas, sin ningún apego a la legalidad, es muy probable que en un futuro cercano perdamos esa atribución”.

Finalmente, Medel indicó que la denuncia realizada hoy frente a la Contraloría es una advertencia a las autoridades universitarias. “En caso de no ser escuchados, la movilización se radicalizará. Somos categóricos en demandar que el Rector Ennio Vivaldi revoque el acto administrativo irregular que le entregó espuriamente el título de Administrador Público al Sr. Funk. Igualmente, exigimos que se termine la cultura de la impunidad y el Sr. Dockendorff, la Sra. Monsalves y todos aquellos que, por acción u omisión, permitieron que se extinguieran las responsabilidades administrativas, tengan un castigo ejemplar”.