Re-apropiarse de la ciudad para crear en favor de la comunidad

La ciudad y su organización hoy tiende a responder más a criterios mercantiles que a la consecución del bienestar general. La asignación de sus espacios y de su suelo responde a lógicas neoliberales que buscan, mediante el mercado, el uso eficiente del espacio bajo condiciones únicamente productivas y la mayor renta posible a los dueños de estos proyectos. Nos sobran ejemplos para ver cómo los procesos de concesión de infraestructura urbana son parte de un entramado de negociaciones entre ministerios, municipios y el gran empresariado, el cual enriquece a muy pocas personas y solo deja las -mal llamadas- externalidades negativas al resto de la población.

No existe un ordenamiento territorial pensado desde y por las comunidades que oriente el diseño e implementación de las políticas urbanas. Es así que vemos como constantemente se vulnera el patrimonio, la cultura y la identidad en pos de un desarrollo que busca homogeneizar todo bajo un mismo “estilo nacional”, ignorando la diversidad de cada territorio.

No obstante, cada vez son más las luchas que tensionan el patrón de acumulación capitalista en la producción de las ciudades, para que sea la propia comunidad la que decida cómo gestionar aquello que es común y que busca resguardarse para todas y todos a futuro. Precisamente en la región del Bio Bio podemos ver a una comunidad que valora su patrimonio común, logra organizarse y articularse para darle vida a proyectos comunitarios que tienen el potencial de beneficiar de manera justa y equitativa a todas las personas que viven en una localidad determinada. Este es el caso de la Fábrica de Paños Bellavista-Tomé.

Recuperar la fábrica Bellavista-Tomé

La mesa ciudadana por el patrimonio de Tomé y la comunidad vecina buscaban declarar como Monumento Nacional -a la anteriormente denominada- Fábrica Bellavista Oveja (1865) desde el año 2014. En ella trabajaron la mayoría de los habitantes -o algún familiar- y se generaron redes territoriales y lazos de convivencia, llegando a formar parte de la historia de muchas y muchos de los que habitan dicho territorio. Lo que la comunidad busca es re-significar el patrimonio textil. Habilitar la fábrica para otros usos los cuales serán decididos en un proceso participativo entre los tomecinos, un ejemplo sería potenciar el turismo a través de su historia.

Hoy, los sueños de tomecinas y tomecinos de conservar la fábrica, se ven amenazados por un proyecto inmobiliario del Grupo Sabat, quienes presentaron una propuesta de demolición que busca cambiar el uso de suelo para llevar a cabo su idea en las 6,2 hectáreas de superficies. Éste no incluiría los edificios comunitarios y sólo mantendrá la fachada de la torre de reloj del edificio que se constituye como ícono de la localidad. Ante la resistencia de la comunidad por la destrucción del simbólico inmueble, el Grupo con el consentimiento de Luksic -integrante del directorio del Banco de Chile-, dueño de la propiedad, presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el cual busca dejar sin efecto el artículo 12 de la Ley de Monumentos Nacionales, esto impide la declaratoria como Monumento Histórico Nacional de la Fábrica Bellavista Tomé. Registrándose como otro caso en donde el Tribunal Constitucional y su cuestionada legitimidad democrática sea quien decida en última instancia sobre un conflicto eminentemente político. De aprobarse el recurso, constituirá un precedente para que las declaraciones del Consejo de Monumentos impulsadas por la comunidad, puedan ser invalidadas en favor de proyectos que benefician a otros pocos; prevaleciendo una vez más el derecho a la propiedad por sobre intereses comunitarios.

Avanzar en la recuperación de los bienes comunes, bandera de proyectos alternativos de gobierno local

Los bienes comunes los hemos definido como aquellos objetos, materiales e inmateriales, que necesariamente mantienen algún tipo de relación especial con la comunidad. Por ello, es que la comunidad reconoce su valor y decide ponerlos bajo el amparo de la protección y cuidado colectivo. Uno de los principios de los bienes comunes, es que el beneficio de un determinado bien- ya sea económico o de otro tipo-, pueda ser compartido de manera justa por todas las personas. Esto se traduce en la reivindicación de otras formas de valor de uso de los bienes (como el valor estético o el patrimonial) o en el caso de que éstos tengan beneficios económicos monetarizables, estos debieran distribuirse en la comunidad tomecina.

La creación de estos nuevos espacios permite fortalecer la interacción intersubjetiva de quienes habitan en el territorio; permitiendo que converjan en la toma de decisiones distintos actores, quienes construyen una identidad conjunta y van fortaleciendo el espacio público. La defensa y rescate de los comunes conlleva a su vez a la generación y desarrollo de comunidad, así como a una producción distinta de relaciones en el territorio.

La lucha por la defensa del patrimonio como bien común es un desafío que los gobiernos locales -dada su relevancia en la gestión del territorio- deberán asumir, más temprano que tarde, para responder a las necesidades actuales de sus habitantes. Así, desde la perspectiva de los bienes comunes, también se promueven proyectos sostenibles en el tiempo, en donde todas las generaciones de la comunidad son parte activa de la promoción de una determinada identidad cultural, que recoja los signos y símbolos de las variadas culturas e identidades presentes en las distintas localidades.

Se hace evidente que las políticas públicas de la ciudad, tendrán que viabilizar espacios para que la gestión comunitaria sea validada como modelo de desarrollo local alternativo, pensado desde y para la propia comunidad. Sin ello, las ciudades serán cada vez más extrañas a sus habitantes y por ende su manejo y desarrollo tendrá menos eficiencia y pertenencia.


Integrantes área de estudios sobre Bienes Comunes de Fundación Decide.