La Coordinadora No Más AFP convocó a manifestarse este miércoles frente a las distintas sucursales de las entidades previsionales. La última encuesta CADEM mostró que un 87% de los encuestados está de acuerdo con que “es necesario hacer una reforma al sistema previsional de las AFP”. La Nueva Mayoría, presionada para mostrar algún avance al respecto, se reunirá el próximo jueves 18 en un cónclave para tomar definiciones al respecto. Michelle Bachelet, en tanto, le habló al país en cadena nacional anunciando una serie de medidas para mejorar el monto de las jubilaciones. Ese es el actual estado  de las cosas.

A nueve meses de la entrega de las conclusiones de la llamada Comisión Bravo, los cambios que por el momento evalúa el consejo de ministros mandatado por Bachelet contemplan puntos como la modificación de la composición de los directorios de las administradoras -para evitar eventuales conflictos de interés-, la incorporación de un mecanismo que vincule la rentabilidad de los ahorros con la comisión que cobran las AFP y una redefinición de la comisión cobrada, la que eventualmente pasaría a calcularse en base al saldo acumulado por cada afiliado, en lugar de considerar el sueldo de las personas y modificar el cobro de intermediación por inversiones en el extranjero.

En cuanto a la llamada “brecha de género” en las pensiones, la Comisión Bravo sólo contempló dos medidas: subir la edad de jubilación a 67 años, igualarla para hombres y mujeres y generar tablas de cálculo de pensión diferenciadas, ideas que fueron descartadas por la Presidenta, quien sólo anunció una tabla de mortalidad única para hombres y mujeres. Pese a que en el informe de la comisión al respecto se mencionan un sinnúmero de variables que provocan esta brecha, estas no fueron profundizadas en las propuestas, dado que involucran una modificación que excede al mero sistema previsional.

Lo que se ha descartado de plano es el retorno a un sistema de reparto o una modificación más profunda del sistema. Empresarios como Andrés Navarro (Sonda y AFP Modelo) han declarado que un cambio radical sería un “retroceso para el mercado de capitales”. Desde el gobierno han señalado que trabajan sobre ideas que son consenso, como cubrir mínimos que permitan salir de la pobreza; incorporar mayor solidaridad en el sistema y aumentar el aporte previsional al 5%, con cargo al empleador.

Tales medidas cuentan, incluso, con el apoyo del empresariado. Hermann Von Mülenbrock, presidente de la SOFOFA, declaró al Diario Financiero que “tiene que haber un aporte de las personas, un aporte del empresariado, un aporte de la gente que tiene más recursos y también yo creo que un aporte del gobierno a los pilares solidarios”.

El consenso respecto a “la medida de lo posible” en los cambios al sistema de pensiones grafica cómo las AFP constituyen, en palabras de la Fundación SOL, un “pilar del modelo económico chileno”, con profundas implicancias en otros ámbitos:

Las AFP y el mercado de capitales

El 11 de mayo pasado se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que las AFP puedan invertir en activos alternativos, como parte de las propuestas del gobierno para incentivar la productividad. Los nuevos focos de inversión posible son deuda privada, activos inmobiliarios, bonos de fondos de inversión y de infraestructura, entre otros instrumentos.

Así, se busca diversificar los espacios en los que las AFP invierten los 167.836 millones de dólares que obtienen de los cotizantes, los que representan un 69% del PIB. Según grafica la Cartera de Inversiones Desagregada de Fondos de Pensiones que publica la Superintendencia de Pensiones para abril de 2016, los ahorros de las y los trabajadores chilenos se destinan sobre todo para la “financiarización” de los grupos económicos, es decir, la inyección de recursos frescos a estos, lo que representa un 7,8% de las ganancias del comercio de capitales chilenos.

De acuerdo al análisis de las inversiones de las AFP que realizó la Fundación SOL, tan sólo en empresas del grupo Matte se invirtieron $3 billones de pesos de los ahorros previsionales de chilenos. En el grupo Luksic, en tanto, se invirtieron $4,35 billones de pesos. “Esta es una de las muestras más claras de cómo el sistema está pensado para inyectar recursos al mercado de capitales y no para dar pensiones”, señala Karina Narbona, investigadora de la fundación.

La implicación entre los ahorros previsionales y el mercado de capitales también tiene su expresión global: actualmente el 42,6% de los fondos están invertidos en el extranjero, cifra que disminuyó respecto del año pasado, principalmente porque la situación internacional provocó fuertes pérdidas para todos los fondos. Para invertir fuera de Chile, las AFP usan mayoritariamente los fondos mutuos o de inversión extranjeros.

Además, actualmente tres compañías aseguradoras de Estados Unidos controlan el 75% de los activos de los fondos chilenos. Principal, Metlife y Prudential controlan las AFP Cuprum, ProVida y Habitat, respectivamente. Esto añade una dificultad extra a la hora de evaluar el paso del actual sistema a una nueva modalidad: de ratificarse el Tratado Trans Pacífico (TPP), estas empresas podrían recurrir a tribunales internacionales para impedir los cambios.

El Código Laboral: la otra obra maestra de José Piñera

Actualmente, el 50% de las y los trabajadores percibe menos de $305.000 líquidos. Si a eso se suma que el 68% de los empleos creados en los últimos 6 años son de carácter precario -lo que involucra una baja posibilidad de cotizar en los fondos de pensiones-, el resultado son las “lagunas previsionales” de las que tanto hablan los expertos. El debate sobre las pensiones lleva, invariablemente, a discutir el sistema de relaciones laborales de Chile: una vez terminado su trabajo aprobando el nuevo Código Laboral en 1979, la siguiente tarea de José Piñera como ministro del Trabajo de Pinochet fue la creación del sistema de AFP.

“El descenso en el nivel y poder de la negociación colectiva facilitó el terreno para poder implantar el sistema de AFP. Por un lado tenemos trabajadores que perdieron fuertemente su poder en la relación capital trabajo y por el otro hay un sistema financiero en el que los grandes capitales ganan a dos bandos: con un bajo valor del trabajo y con la especulación bursátil que generan los fondos de las AFP”, señala Karina Narbona de la Fundación SOL.

Brecha de género en las pensiones, otra consecuencia de una cultura machista

El sistema de AFP depende directamente de lo que cada persona ahorre y ahí las mujeres, que suelen tener una trayectoria laboral más discontinua, se ven especialmente perjudicadas. Así, la pensión promedio auto-financiada de las mujeres -es decir, sin el aporte del “Pilar Solidario”- es menos de la mitad de la de los hombres: mientras ellas reciben $93.077, los hombres $204.332 en promedio.

Ninguna de las propuestas anunciadas hasta el momento por el gobierno contemplan atacar la raíz de este problema, que según el propio informe de la Comisión Bravo tiene distintos orígenes, todos entroncados en la cultura y economía patriarcal. “La división sexual del trabajo, es decir la distribución de actividades en base a roles culturales de género, en donde a las mujeres les corresponde las tareas de cuidado del hogar (no remuneradas) y a los hombres las remuneradas, produce diferencias en los patrones de inserción laboral de las mujeres y por ende diferencias en el nivel y/o existencia de cotizaciones”, señala el texto.

Los defensores del sistema de AFP apuntan a las “lagunas previsionales” como uno de los principales factores que reducen las pensiones. Sin embargo, no mencionan el hecho de que Chile tiene una de las tasas de participación femenina en el mercado laboral más bajas de Latinoamérica, lo que incide en su nivel de ahorro previsional. Así, la proporción de mujeres chilenas que indican no trabajar por razones familiares –de cuidado de niño/as y/o personas mayores- que alcanza el 12%, en comparación al 0,7% de los hombres, según la Encuesta CASEN 2013. Y, de no modificarse la estructura que le adjudica esta tarea a las mujeres, es una cifra que crecerá, ya que el aumento de la esperanza de vida augura, también, una crisis del sistema de cuidado a los mayores. Actualmente se estima que unas 267 mil personas en Chile viven en hogares con un adulto mayor donde un miembro no trabaja por tener que cuidarlo. De esos cuidadores, un 84% son mujeres.

Así, factores como la peor calidad de los empleos a los que acceden las mujeres, menores sueldos, castigo a su capacidad reproductiva mediante el alza de cotizaciones para salud y división dispar de las tareas domésticas, reproductivas y de cuidados, requieren de una “cirugía mayor”, que va desde temas como la disminución de la jornada laboral o la homologación de los derechos paternales y maternales en el trabajo, hasta cambiar el sistema de salud en Chile.

Para las mujeres, un sistema de reparto también configuraría una mejor opción. “Como el sistema de reparto no está tan vinculado con las lagunas previsionales hace frente de mejor forma a las desigualdades de género en el trabajo”, explica Karina Narbona de la Fundación SOL. Sin embargo, no es suficiente: experiencias como el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, que socializa una tarea hasta ahora exclusivamente femenina, son todavía un pendiente para Chile.