El próximo miércoles 17 de agosto finaliza el plazo de investigación que otorgó el Juzgado de Garantía de Temuco en la causa que investiga la muerte del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay producto de un incendio intencional en 2013. La presión mediática y política por lo emblemático del caso Luchsinger Mackay ha quedado en evidencia en los últimos días con la fuerte arremetida de la Fiscalía Nacional y la Subsecretaría de Defensa contra una defensora pública, Manuela Royo, quien fue apartada del equipo.

Para los entornos de los acusados, es la presión política la que mantiene los cargos sobre Sergio Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio Catrilaf, Eliseo Catrilaf, la Machi Francisca Linconao, José Córdova, Sabino Catrilaf, Luis Tralcal, Hernán Catrilaf, José Tralcal  y José Peralino. Por otro lado, los distintos abogados de los imputados cifran sus esperanzas en una sentencia absolutoria cuando el caso pase a juicio: “el estándar probatorio durante la investigación es demasiado bajo, no cumple lo necesario para condenar a una persona. No conozco ningún otro caso en que personas se mantengan en prisión preventiva por un año cuando el único testimonio que los acusaba se retractó judicialmente, no mediante rumores ni amedrentamientos como dice la Fiscalía”, dicen desde el Centro de Investigación y Defensa Sur.

Tres son los puntos en que se sustenta esta idea, crítica para el Ministerio Público en La Araucanía: la baja calidad de las pocas pruebas que se han presentado, la retractación del único testimonio que acusaba a los imputados, acusando presiones de la PDI y Fiscalía; y la existencia de testigos protegidos que conducen a otras líneas de investigación que no han sido exploradas por el fiscal Chiffelle por motivos que se desconocen.

Señales de teléfono y testimonios retractados: las débiles pruebas de Fiscalía

Por separado, todos los abogados defensores coinciden en un punto: cuando el proceso pase al Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, la Fiscalía Regional de la Araucanía debería sufrir un revés similar al de la semana pasada, cuando tanto Felipe Durán como Cristián Levinao fueron absueltos luego de más de trescientos días en prisión preventiva.

Para Sebastián Saavedra, defensor de Luis Tralcal, “la única prueba de cargo es un testigo que se retractó. Ante esa situación, es evidente que sólo la presión mediática y política permite que los once imputados sigan en prisión preventiva”Saavedra se refiere al punto más discutido de lo que va de proceso judicial: el testimonio del imputado José Peralino Huinca. El 30 de marzo de 2016, en audiencia pública, Peralino se retractó de todo lo que declaró el 15 de octubre del año pasado, testimonio que llevó a la detención y prisión preventiva de los once imputados.

La defensa de José Córdova -uno de los acusados- señala que el testimonio inicial de Peralino “para nosotros no tiene valor jurídico. Se prestó en secreto, sin llamar a los defensores que estaban cruzando a la oficina en ese momento, sin ninguna de las garantías procesales. Cuando por fin Peralino declaró ante un tribunal seis meses después, en presencia de un juez y de su abogado defensor, es decir cuando tuvo garantías, él se desdijo de todo lo declarado y dijo que lo habían presionado y torturado”, señala Jorge Guzmán.

“De mis defendidos, Sergio, Sabino y Hernán Catrilaf, pese a haber sido implicados ahora por la Fiscalía y que llevan años de hostigamiento de las policías, no hay ninguna fotografía, huella, escucha telefónica o prueba que los vincule con el incendio de la casa de los Luchsinger Mackay. Lo único que hay es el testimonio de Peralino, que ya explicó cómo fue presionado e individualizó a los funcionarios de la PDI que lo hicieron”, apunta Manuela Royo.

Desde que Peralino Huinca cambió su testimonio en marzo de 2016, el fiscal Chiffelle ha insistido con una nueva prueba: la triangulación de antenas telefónicas de Movistar en la zona, que mostraría la presencia de los once imputados. Cuatro meses después de comprometido este antecedente aún no es entregado. Cuando Chiffelle reconoció no poseer el CD con la información en la audiencia del pasado 26 de julio, los imputados lo increparon duramente, acusándolo de racista, lo que obligó al desalojo de la sala y ha sido ocupado como argumento por la Fiscalía Regional para graficar el “ambiente enrarecido” en que deben perseguir el delito.

Finalmente, la semana pasada fue entregado un CD con información geolocalizada de antenas telefónicas. “Sin embargo, es información de muy baja calidad, que sólo dice que hay personas que pueden haber estado en un lugar, con márgenes de error de kilómetros y en zonas que, además, corresponden a lugares donde también están las casas de algunos imputados, por lo que su calidad es muy baja”, explica Manuela Royo.

La línea de investigación abandonada arbitrariamente por la Fiscalía

En palabras del defensor de José Córdova, Jorge Guzmán, el revuelo de los últimos días se debe a que el proceso “ha sido muy mediatizado, pero no así los detalles de lo que ha sucedido. Sólo se publica lo que dice una parte del caso”. Un antecedente en particular preocupa a los defensores: el abandono de otras líneas de investigación.

Dentro de la carpeta del caso Luchsinger Mackay figuran dos testigos protegidos, cuyos testimonios no fueron tomados en cuenta por el fiscal Chiffelle. Además, uno de ellos, de identidad protegida, se encuentra formalizado desde 2013 por incendio con resultado de muerte.

El testimonio de ese imputado NN incriminaría a otro grupo de trece personas personas, entre las que no está ninguno de los actuales imputados. A diferencia de José Peralino, el testigo protegido desde 2013 no se ha retractado. Su versión la respalda otro acusado que figura bajo la etiqueta NN, el cual prestó un testimonio de oídas en que identifica a quien afirmó haber trasladado a una decena de personas -distintas de las que hoy están en prisión preventiva- el día del incendio intencional de la casa de los Luchsinger.

Pese a que esos testimonios existen al menos desde noviembre del 2013, no han servido como pie para otras líneas de investigación. Durante ese mes desde el Juzgado de Garantía de Temuco se instó al fiscal Chiffelle a perseverar también por esa vía. Sin embargo sólo se investigó la información a la que conducía el testimonio de Peralino, luego desmentido por el mismo.  

“Hay una serie de líneas de investigación que permiten fundar la inocencia de los imputados pero que no han sido rastreadas por la Fiscalía”, dice el abogado de Luis Tralcal, Sebastián Saavedra. El ejemplo de Tralcal, dice, es claro: ya el 6 de enero de 2013, dos días después del incendio, El Mercurio lo sindicó como sospechoso. Sin embargo, Tralcal tiene boletas de giros bancarios y testigos que lo sitúan en otra ciudad, lejos del fundo de los Luchsinger. Esas pruebas han intentado ser desacreditadas por la Fiscalía sin éxito, pero pese a todo, Tralcal permanece en prisión preventiva.

Manuela Royo. Foto: DPP

Manuela Royo. Foto: DPP

Las presiones políticas sobre los defensores de los imputados

El 9 de agosto pasado, el fiscal nacional Jorge Abbott respaldó la acusación que realizó el domingo el persecutor regional de La Araucanía, Cristian Paredes, quien afirmó que los defensores públicos de la zona están utilizando una “estrategia de denostación” contra el actuar de la Fiscalía. En la Defensoría Penal Pública acusaron el golpe: el defensor nacional, Andrés Mahnke, respondió que “sería ciego si no viera que no existe una fluida relación entre fiscales y defensores en La Araucanía”.

La ofensiva comunicacional de la Fiscalía regional encabezada por Paredes se podría explicar como una estrategia para blindar su gestión investigativa ante la opinión pública ante la perspectiva de un posible revés judicial. Aprovechando la inhabilitación voluntaria de la jueza de garantía María Teresa Villagrán, quien renunció a participar de más audiencias vinculadas al caso, la fiscalía regional alertó sobre el “clima enrarecido” para la causa.

La decisión de la jueza Villagrán se dio el 5 de agosto luego de que los defensores públicos Manuela Royo y Mario Quezada interpusieran un recurso de recusación amistosa, solicitando su inhabilidad. Mientras que la jueza lo consideró como una muestra de “hostilidad y resentimiento” de los defensores, la abogada Royo señaló a El Desconcierto que la solicitud se enmarca dentro de lo jurídico, y que es parte de los recursos que como defensores pueden presentar.

El trámite apuntaba a una audiencia del 26 de mayo -sin participación de ningún abogado defensor-, en la que la jueza se refirió a una interceptación de teléfonos a una decena de personas. De acuerdo a Royo, la casación amistosa se solicitó ya que según consta en el audio de la audiencia al que tuvieron acceso hace poco, la jueza señaló que las interceptaciones no le parecían mayormente relevantes, pero que las autorizaba por tratarse de nombres conocidos. “Los nombres son todos mapuche y creemos que la jueza generalizó los imputados a partir de sus apellidos, lo que es un motivo suficiente para decir que no está revestida de la debida imparcialidad, ya que por ser mapuches aceptó las interceptaciones telefónicas. La recusación amistosa es un recurso muy regular dentro de cualquier juicio, y ella aceptó, pero la Fiscalía apeló y la corte acogió esto”, explica Manuela Royo.

Así, en la audiencia pasada la jueza Villagrán se inhabilitó voluntariamente, mostrando que el recurso no fue bien recibido ni por el Juzgado ni por la Fiscalía. La jueza renunció a participar de la causa y el fiscal jefe de la Araucanía, Cristián Paredes, acusó a través de El Mercurio un ambiente enrarecido que buscaba desviar el foco de las responsabilidades de los imputados. “Esto ha sido propiciado por defensores privados, de quienes uno no espera nada distinto de lo que hablan siempre, como montajes que no son tales, pero lo más preocupante es que este discurso ha permeado a defensores penales públicos que intervienen en estas causas, se dedican a denostar a los fiscales o a afirmar que los policías torturan, como dijeron en el caso Luchsinger”, aseguró.

Al respaldo del fiscal nacional Jorge Abbott se sumó el propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien desde Concepción señaló que oficiaría al Ministerio de Justicia y la Defensoría Penal Pública. El defensor nacional Andrés Mahnke, en tanto, coincidió con el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, y le restó dramatismo a la situación.

El apoyo de la Defensoría Penal Pública a su equipo en La Araucanía se esfumó cuando distintos medios denunciaron la aparición de Manuela Royo en un video de YouTube donde criticaba al fiscal Chiffelle por llevar una investigación sesgada. A través de un comunicado, el defensor nacional Mahnke informó que Royo había sido apartada del equipo de la Defensoría en el caso Luchsinger. Fuentes de la Defensoría Penal señalaron que la aparición fue una fuerte decepción, ya que todo el organismo se había alineado para defender a Royo, calificando el video en YouTube como un error estratégico a la hora de litigar. “El lugar donde se debe probar que el fiscal Chiffelle es racista es en sala, con pruebas, para lograr su inhabilidad”, explican.

Las acusaciones de racismo contra Chiffelle no son nuevas. El ex fiscal de Collipulli, José Ricardo Traipe, lo denunció el 25 de julio este año por discriminación y hostigamiento producto de su origen mapuche ante el Tribunal Laboral de la localidad. Según el ex abogado, Chiffelle en dos oportunidades al menos le habría solicitado aplicar medidas cautelares de prisión preventiva en contra de comuneros que, a juicio de Traipe, no contaban con requisitos claros para ser vinculados a un delito. Inclusive le habría dicho que no siguiera “ayudando a sus peñis pues los pacos lo tenían en la mira”. Además Chiffelle le habría exigido ser particularmente duro con cualquier sujeto que tuviere relación con comunidades consideradas conflictivas como “Temucuicui o Huente Winkul Mapu”.

Chiffelle también tiene un antecedente de procesos investigativos polémicos. Junto al fiscal jefe de La Araucanía, Cristian Paredes, encabezaron los casos conocidos como “Poluco Pidenco” y “Lonkos”. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado chileno dejar sin efecto las sentencias de tales casos. “Fueron emitidas fundándose en una ley antiterrorista violatoria del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia. La Corte también encontró que en la fundamentación de las sentencias condenatorias se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró una violación del principio de igualdad y no discriminación. Adicionalmente, la Corte encontró que se produjeron violaciones al derecho de la defensa y del derecho de recurrir de esos fallos penales condenatorios. Todo ello hace que esas condenas fuesen arbitrarias e incompatibles con la Convención Americana.”, señala el documento. 

Lonkos procesados bajo la Ley Antiterrorista en la CIDH, 2014.

Lonkos procesados bajo la Ley Antiterrorista en la CIDH, 2014.

En tanto, las presiones políticas no vinieron sólo del gobierno. En la decisión de apartar a Manuela Royo también intervino un oficio enviado a Andrés Mahnke el día miércoles 10 de agosto, de parte de los diputados de oposición de la región: los RN René García, Germán Becker, Diego Paulsen y los UDI José Manuel Edwards y Jorge Ratthgeb. El oficio, a cuyo contenido tuvo acceso El Desconcierto, califica la aparición de la abogada Royo en el video como “de particular gravedad”, agregando que no sólo se aleja de “las funciones propias de la Defensoría Penal Pública (…) sino que también infringe los deberes de los abogados”. Invocando el Código Orgánico de Tribunales, los diputados de derecha solicitaron la salida de Royo, por “faltar a la cortesía que debe guardar a sus colegas”.

Pese al comunicado de la Defensoría, Manuela Royo señaló a El Desconcierto que aunque la aparten del equipo del organismo público, ella puede seguir representando legalmente a Sergio Catrilaf Marilef, Sabino Catrilaf Quidel y Hernán Catrilaf, ya que son ellos los únicos que pueden pedir el cambio de abogado. “Nosotros tenemos una relación de confianza y yo cuento con el apoyo de sus familias. Además, es súper importante mencionar que un cambio de defensa a esta altura dañaría seriamente el proceso para mis defendidos”, criticó. 

El día de hoy la Subsecretaría del Interior embistió de nuevo a través de El Mercurio, volviendo a entregar su respaldo a la exclusión de Royo de la Defensoría. “No es admisible que funcionarios públicos hagan cosas -sea por acción u omisión- que lo que único que hacen es horadar a esas instituciones frente a la opinión pública. Estamos muy satisfechos de las decisiones que ha tomado el defensor”, aprobó el subsecretario Mahmud Aleuy. La Fiscalía, pese a declarar que busca bajar el tono de la polémica, anunció que también la llevarán al Colegio de Abogados. Todo indica que se podría llegar a la audiencia del próximo miércoles centrando la atención en cuestionamientos a la legitimidad de la defensa.

Royo insiste en criticar su destitución, fustigando la falta de criterios técnicos. Precisamente por la calidad de su labor como abogada, en enero del 2016 fue destacada como una de las “100 jóvenes líderes de La Araucanía” por el Diario El Austral de Temuco. A través de ese mismo medio es hoy fuertemente criticada, y  la abogada apunta a la señal política que se da. “Me parece lamentable, porque esto sienta un pésimo precedente para la autonomía de la Defensoría Penal Pública. La decisión no responde a razones técnicas respecto a mi desempeño, sino a presiones políticas que ha recibido la Defensoría, en particular desde el subsecretario del Interior y la derecha. A mí me sacaron de la causa la UDI y Renovación Nacional”, acusa. “Toda esta presión viene de intereses políticos, y a lo único que apunta es a cambiar el foco de lo central: aquí hay personas privadas de libertad que son inocentes del delito que se les imputa”.

Mientras tanto, para la próxima audiencia del 17 de agosto se espera la solicitud de gestiones consideradas clave por las defensas: acceso a la identidad del testigo protegido y hojas de vida y peritajes telefónicos de los funcionarios policiales acusados de presionar a José Peralino. El Ministerio Público, en tanto, evalúa si solicitarán una nueva ampliación del plazo de la investigación, iniciada en 2013. Como sea, se augura una audiencia tensa.