Desde que se viralizó el audio de la violenta agresión del UDI Matías Huerta a su pareja, múltiples denuncias sobre políticos de derecha a izquierda ejerciendo violencia de género han saltado a la palestra pública. Ése es el caso del DC Ricardo Rincón, quien aún no logra aclarar su situación pese a que dijo que las acusaciones eran falsas, o el concejal PS Jaime Ramos, detenido el día miércoles por golpear a su pareja. Sin embargo, aún existen autoridades que se encuentran sentenciadas por el delito de Violencia Intrafamiliar, cuyos casos son públicos y aún así llegaron a sus cargos, como el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz Vera, quien también milita en la Democracia Cristiana y hoy postula a la reelección.

El 13 de enero de 2010 la magistrado Mireya Celis, titular del Juzgado de la Familia de Concepción, determinó que Ortiz Vera era responsable del delito de Violencia Intrafamiliar contra su conviviente de la época, condenándolo a pagar una multa a beneficio de la Gobernación, por el valor de 2 UTM y a someterse a un tratamiento para el control del impulso y la agresividad. 

No es la única polémica judicial del alcalde de Concepción hijo del diputado DC José Miguel Ortiz. Ese mismo año, además, fue formalizado por conducción en estado de ebriedad y daños, porque su camioneta derribó un poste en la población Padre Hurtado II, y una vecina denunció que el impacto dañó sus electrodomésticos. Además, por estos hechos se abrió otra causa paralela por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público, ya que los funcionarios policiales que efectuaron el procedimiento y redactaron el parte consignaron que Ortiz no conducía el vehículo, lo que resultó ser falso.

Luego de que la presidenta de la DC, Carolina Goic, declarara que “condena todo tipo de violencia contra las mujeres”, ayer jueves las diputadas de la UDI cuestionaron a la presidenta por el apoyo a la DC a la reelección de Ortiz, a lo que la senadora Goic respondió señalando que no conocía los antecedententes. En tanto, las diputadas del Partido Socialista pidieron urgencia al proyecto de ley que inhabilita a agresores de violencia intrafamiliar optar a cargos públicos.