Luego de que esta semana la Corte Suprema de Perú anulara la sentencia que condenó al expresidente Alberto Fujimori en 2015 a ocho años de prisión por el caso de los “diarios chicha”, en el que se desviaron fondos públicos para comprar la línea editorial de periódicos en el marco de su reelección en 2000, el encarcelado exmandatario estudia nuevas medidas judiciales.

Según revelaron distintos medios peruanos, el abogado de Fujimori, Paco Castillo, declaró que su cuestionado cliente ha desistido de mantener la petición de indulto para su condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, la que fue desestimada en el periodo de Ollanta Humala y tiene un futuro incierto bajo Pedro Pablo Kuczynski, por lo que evalúa recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por supuestas violaciones al debido proceso judicial. 

Fujimori fue condenado por violaciones de los derechos humanos, como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas a manos del grupo paramilitar encubierto Colina, y de los secuestros de un periodista y un empresario en 1992. Es precisamente por esa causa que busca llegar a la ONU. Otras causas de crímenes de lesa humanidad durante su gobierno, como las esterilizaciones masivas a cerca de 300 mil mujeres entre 1996 y 2000, la mayoría indígenas, no lo han enfrentado con la justicia.

“Agradezco los saludos y muestras de solidaridad recibidas con motivo de la absolución de mi padre en el caso de los diarios chicha. Este fallo unánime de la Corte Suprema fortalece nuestra decisión de continuar por la vía judicial”, declaró la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien anunció que buscará la libertad de su padre.