El caso Pey y la falsa autonomía universitaria

Para quienes hemos seguido por la prensa la aún abierta disputa entre la “removida” rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, el Ministerio de Educación y el Gobierno de la Nueva Mayoría (y por supuesto, la institucionalidad por medio de la Contraloría General de la República al decretar su remoción), ha resultado esclarecedor a niveles vergonzosos el objetivo del Ejecutivo de silenciar a toda costa cualquier voz disidente a su proyecto de Reforma a la Educación Superior… incluso si esta voz viene de los sectores que todavía se consideran alineados con el gobierno y su programa, como la misma rectora ha señalado en los medios.

Quienes escribimos esta columna no pretendemos en ningún caso hacer una defensa acérrima ni una apología a la rectora Pey, sino aportar con una serie de elementos que desde nuestras experiencias como estudiantes y dirigentes de universidades estatales hemos conocido de primera mano. He aquí algunos hechos.

La última vez que un rector de una universidad estatal fue destituido desde una oficina de La Moneda en el año 1987 cuando Augusto Pinochet sacó de la Universidad de Chile al entonces rector Luis Federici por conflictos con estudiantes y académicos que duraron 3 meses. Resulta terriblemente vergonzoso que quienes han esgrimido durante todas sus carreras políticas el discurso de su lucha personal contra la dictadura ocuparan sin asco medidas que no se ven en los espacios universitarios desde los últimos años en los cuales el dictador Pinochet estuvo al mando del país.

Las universidades chilenas no han sufrido prácticamente ningún cambio importante en sus gobernanzas, contrataciones y funcionamiento completo desde el fin de la dictadura en adelante, ejemplo de ello es que casi todas las universidades estatales siguen con los estatutos orgánicos -sus cartas constitucionales internas- elaborados durante la dictadura; los mecanismos de elección de rectores deben ser corroborados por la Presidencia de la República puesto que la democracia académica es sólo de hecho y no de derecho; y algunas incluso aún tienen contratadas a profesores o funcionarios que no tuvieron asco en colaborar con la delación y persecución que la DINA y CNI ejercían dentro de las universidades contra estudiantes. En definitiva, la mantención del modelo instalado desde antes del pacto transicional hacia esta “democracia” sigue muy vivo en prácticamente todas las universidades estatales chilenas.

Por tanto, todos quienes conocemos esa realidad, las y los que hemos participado de la organización interna de nuestras universidades ya sea en calidad de estudiantes, funcionarios o académicos, nos resulta bastante vergonzosa la calidad argumentativa de parte del Ejecutivo para expulsar una rectora designada por ellos mismos 10 meses atrás. Más vulgar y pobre se vuelve todavía la discusión cuando sale como parte de ella la llamada “Autonomía Universitaria” de boca de diversos rectores. Uno de los peores casos debe ser el del rector Sánchez de la UC que lo único que ha entendido por “autonomía” es manejar la institución con plena independencia del desarrollo social que nuestro pueblo ha venido exigiendo, lo que se demuestra al plantear que la Universidad Católica jamás practicaría abortos en sus clínicas, ni siquiera aunque fuera legal en Chile por las 3 causales que hoy están en tramitación parlamentaria.

El problema de hoy, claramente, es político. Es la forma en que hoy el capital se sigue reproduciendo ocupando mecanismos educativos para ello, y el Estado bajo sus diversos aparatos legales lo asegura. Es como

La clase dominante y el Bloque en el Poder a través de los grupos de interés se movieron, y usaron otra vez al Gobierno como títere. Más sencillo aún: se trata de un gallito entre un gobierno que ya dejó claro a quienes quiera escuchar (pues son los que financian sus campañas…) que la Reforma ESUP es lo que es, no hay nada más allá de lo presentado. No se puede avanzar más lejos porque esto es el “realismo sin renuncia” o una política pública “en la medida de lo posible” según lo que nos plantean a partir de su falta de voluntad política de cara a solucionar las necesidades populares y de las comunidades educativas. Por cuanto, las exigencias o flexibilidades que pueda pedir un rectora progresista basada en las necesidades particulares de la región de Aysén, o en sus propia percepción de cómo debe gobernarse una universidad, son una verdadera piedra en el zapato que debe ser eliminada a la brevedad, incluso si eso implica hacerlo con torpeza. Lo que delata que cualquier semillero que salga del estratagema del actual modelo (económico o educativo, pues en este caso responde a lo mismo), debe ser abortado. Y que por medio de la legalidad, esa que ha sido instalada y profundizada por dictaduras sangrientas y Gobiernos corruptos, lo único que han hecho, es amparar este tipo de acciones, donde hacen mucho más viable la posibilidad de seguir sometiendo a la comunidad universitaria a ser regida por parámetros totalmente antidemocráticos.

El papel titubeante de los rectores y la tibieza de su posición sobre negociar lo que se pueda ganar o derechamente cuadrarse para establecer una crítica profunda a esta propuesta se diluye mediáticamente cuando uno de los suyos es tocado. La defensa gremial es la reacción de cualquiera que vea en peligro “su autonomía”. El feudo universitario peligra porque los rectores no se destituyen, o al menos no en democracia. Lo que se les olvida a todos es que la autonomía es inexistente cuando un rector sigue dependiendo de una presidenta y su “confianza”; y que cuando lo que garantiza la fidelidad de quienes administran parte del aparato estatal en forma de instituciones educativas, son los mismos fondos que hoy están siendo negociados en esta Reforma ESUP. La autonomía o independencia de carácter política de las comunidades educativas  hoy es tan falsa como la gratuidad que nos ofrece la Nueva Mayoría