Lo proliferación de conflictos socioambientales es una realidad cada vez más visible en Chile. La apuesta del Estado por profundizar un modelo extractivista –implementando una serie de políticas que permitan la entrada de inversiones extranjeras, cuyas ganancias por lo general no permanecen en los territorios en los cuales se insertan – ha generado un continuo deterioro de las comunidades locales afectadas, las cuales deben lidiar con los daños y consecuencias ambientales generadas por las industrias en sus territorios.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los conflictos socioambientales se definen como “la disputa entre diversos actores –personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o el Estado— manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas”.

Con el fin de actualizar la información recopilada hace más de 13 años al respecto, el INDH publicó una nueva versión del Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile. A través de esta herramienta digital se actualiza la información de los casos ya registrados en 2012 y se pone a disposición de la ciudadanía información sobre nuevas controversias identificadas hasta julio de 2015, recopilando a lo largo del país 102 conflictos socioambientales, desde una perspectiva de derechos humanos.

El mapa es una aplicación web por medio de la cual la ciudadanía puede visualizar -a través de la navegación geográfica- en qué lugar del territorio se ubican los conflictos identificados por el INDH. Además, es posible realizar búsquedas avanzadas mediante el menú disponible para ello y descargar tanto las fichas individuales de cada conflicto como el documento que compila todo el contenido del mapa.

Entre los criterios utilizados para identificar los conflictos se encuentra su carácter de controversia pública entre dos o más actores identificables, la existencia de acciones (recursos judiciales, protestas, cartas públicas, etc.) para hacer prevalecer sus intereses o visibilizar sus posiciones y la disponibilidad de al menos un registro del conflicto en algún medio de comunicación.