“El negocio es la venta de servicios. La ley permite que una persona jurídica relacionada con la universidad le preste servicios. Tiene una rentabilidad según su volumen. Los números son grandes por la cantidad de alumnos”. Así explicó en La Tercera los negocios de Laureate International Universities en las universidades Andrés Bello, Las Américas y de Viña del Mar en Chile Ricardo Escobar Calderón (54), abogado y socio del prestigioso estudio Boffil & Escobar Abogados, en junio pasado.

En ese momento Escobar debió salir a enfrentar las críticas de estudiantes junto a su socio, Jorge Boffill, luego de la filtración de un informe de la consultora Aptitude donde se afirmaba que hay ciertas inconsistencias y se remarca que existe sospecha de que no se prestaron los servicios contratados a las empresas relacionadas con el plantel. Además, el documento puntualizó que hay movimientos financieros exentos de impuestos que eventualmente podrían estar afectos a pago de impuestos, los que sumarían más de $11 mil millones solo sólo entre 2011 y 2014.

Ricardo Escobar aparece en la palestra pública en momentos en que su tío, Ricardo Lagos Escobar, se encuentra en pleno despliegue para posicionarse no sólo como el candidato presidencial de la Nueva Mayoría, sino que como la única carta que podría llevar a Chile a buen puerto en medio de la “crisis institucional” en la que está de acuerdo al ex gobernante.

Escobar es cercano a su tío, el ex presidente. En 1994, cuando Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas, el abogado fue contratado junto con Juan Miguel Barahona en el organismo. Juntos construyeron el corpus jurídico para el sistema de licitaciones de obras públicas en Chile, una experiencia que el mismo Escobar ha calificado como desafiante y uno de sus éxitos, en lo que coinciden los empresarios del área. Sin embargo, esa armazón jurídica fue criticada este año cuando la Corte Suprema dictó sentencia en el caso MOP-Gate: una de las conclusiones fue que se daba pie para la sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos y la triangulación de dineros para el pago de sobresueldos.

El abogado de la Universidad de Chile y magíster de Berkeley volvió al mundo privado en 1996, ingresando al prestigioso estudio Carey y CIA. Sólo lo dejó cuando en 2006 la presidenta Michelle Bachelet lo nombró como director del Servicio de Impuestos Internos. En su edición de marzo del 2007, la revista Capital subrayó que su singularidad respecto a los anteriores directores era una muy valorada por los empresarios: pensaba como hombre de negocios. “Al final sabe que mientras más produce el empresario, más impuestos paga al fisco, de suerte que lo importante es no trabar la gestión”, destaca el artículo.

Esa mano, más proclive a la interpretación de las normas tributarias que al fortalecimiento de la fiscalización y la recaudación, se notó fuertemente cuando le quedaba poco más de un mes como director del Servicio de Impuestos Internos: el 29 de enero de 2010 emitió el polémico oficio 194, que determinó que las utilidades financieras no son imputables a las tributarias. En la práctica, esto aumentó las cifras de pérdidas que declaraban las empresas al SII, lo que se tradujo en un aumento de sus devoluciones de impuestos de alrededor de un 20% y, por lo tanto, un menor ingreso fiscal por ese ítem.  

Fue en su época como director del SII en que Escobar se acostumbró a enfrentar a la prensa, cuando el Servicio de Impuestos Internos fue parte en la investigación de los escándalos de Publicam y Socogech, que involucraron funcionarios de su servicio en el uso de facturas falsas y cohecho. La experiencia comunicacional adquirida en el primer gobierno de Bachelet le ha sido de utilidad en el segundo: durante el 2014 fue una de las voces más críticas de la Reforma Tributaria impulsada por la presidenta. 

La estrategia legal para defender a Laureate International Universities

La aparición de Escobar y Bofill en prensa a principios de junio reveló la estrategia de defensa pública de Laureate: apuntar a los contratos firmados con el Comité de Inversiones Extranjeras desde que la transnacional se asentó en Chile, en 2000, bajo el nombre de Sylvan International Universities. “Tres gobiernos distintos -el de Lagos, Bachelet en su primer mandato y Piñera- analizaron sus solicitudes de inversión extranjera y las autorizaron. Laureate siempre dijo quién era, le mostró al comité de inversiones extranjeras su forma jurídica y que tenía fines de lucro en el extranjero. La ley permite que una persona jurídica relacionada con la universidad le preste servicios”, declaró Bofill.

El escenario se ve más complejo hoy que hace un mes para la transnacional educativa. Esto, luego de que la semana pasada se conociera el informe que Laureate entregó al Securities and Exchange Commision (SEC) de Estados Unidos (organismo regulador equivalente a la Superintendencia de Valores de Chile) ad portas de su salida a la bolsa. Allí se detalla que en la tabla de ingresos externos, principalmente por concepto de matrícula y aranceles de los estudiantes, las instituciones de Laureate en Chile registran el 2015 ingresos por US$ 536 millones. El informe también recalca que lo que la compañía considera su “derecho a recibir los beneficios económicos de algunas de las instituciones que están organizadas como sin fines de lucro” podría verse amenazado por el alcance de las reformas al sistema de educación superior, comparándola con la reforma en Ecuador.

En el estudio Boffil y Escobar saben de clientes impopulares y la aprobación ciudadana no es una de sus preocupaciones, lo que los ha llevado a defender a figuras centrales de los últimos escándalos financieros, como Julio Ponce Lerou en el caso Cascadas, o al cuestionado dueño del grupo Arcano, Alberto Chang.  

Abogados tributarios consultados por El Desconcierto señalaron que apelar a la solidez de los contratos con el Comité de Inversiones Extranjeras es una estrategia para radicar el conflicto en un organismo que desde Laureate consideran como más “técnico” y menos “político” que el Mineduc: el Ministerio de Economía. Y Ricardo Escobar lo conoce bien, ya que no sólo es experto en derecho tributario internacional, sino que trabajó en el propio Comité en 1990. Las mismas fuentes señalan que, sin embargo, el alcance de esta estrategia es limitado, ya que los contratos firmados con el Comité de Inversiones Extranjeras aseguran invariabilidad tributaria, pero no más. Y si del parlamento sale una nueva institucionalidad de educación superior que vuelva más estrictas las normas respecto a los contratos de prestación de servicios como vehículo para el lucro, o que sancione penalmente esto último, Laureate deberá acatar. “Una cosa es lo que se transparente como estrategia, pero es evidente que el punto más sensible en todo esto no son los contratos del Comité de Inversiones Extranjeras, sino que el tamaño que tiene Laureate en la matrícula”, señalan.

“Creo que el tema amerita ir más arriba”, declaró la ministra de Educación, Adriana Delpiano, al ser consultada respecto a las formas en que se retiran excedentes desde la Universidad de Las Américas, Andrés Bello y Viña del Mar. La ministra dio a entender que, a diferencia de las investigaciones puntuales que ha enfrentado cada una de esas instituciones, esta vez sería el conjunto de Laureate el investigado.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron a El Desconcierto que la reunión de la ministra Delpiano con el Comité de Inversiones Extranjeras ya fue solicitada. Una vez realizada deberían arrojarse luces sobre uno de los puntos más críticos de la reforma a la educación superior, ya que las universidades controladas por el grupo Laureate concentran, por sí solas, el 15% de la matrícula de educación superior.