“Esta es la propuesta más completa que se ha trabajado sobre el conflicto que vive nuestra región. Valoro la actitud de todos los diputados de la zona, que de manera unánime la apoyaron y trabajaron en ella”, anunció el diputado RN Germán Becker. Oriundo y residente de la novena región, el parlamentario fue el encargado de presidir la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de estudiar los “actos de gobierno en relación a la situación de inseguridad que se vive en la región de La Araucanía” , que finalizó sus sesiones la semana pasada.

Fueron 25 reuniones las que sostuvieron los 12 parlamentarios, en las cuales recibieron a autoridades de gobierno, ministros, el fiscal nacional, el fiscal regional, directores de Carabineros, la PDI, la ANI, empresarios y representantes del pueblo mapuche. Todos entregando su visión del conflicto en la zona y sus posibles soluciones. El fin era evaluar el rol de las instituciones en la región, a raíz de que -según se lee en el mandato de la comisión- los “niveles de violencia verificados en los últimos años en la Región de La Araucanía resultan inéditos y dejan en evidencia la incapacidad estatal de proveer seguridad a la población en algunos sectores rurales”.

Sin embargo, el mandato de la Cámara no incluye cifras. Según los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito al 2015, la tasa de “delitos de mayor connotación social” en La Araucanía es menor a otras cinco regiones del país. Incluso en el ítem de “violencia rural” -tomado como “terrorismo” por la policía, fiscales y el Estado- los casos han disminuido en los últimos años en comunas como Ercilla, Angol, Victoria y Collipulli, aunque ha aumentado en Freire y Padre de las Casas.

En marzo pasado, a propósito del informe entregado por el director general de Carabineros Bruno Villalobos a la comisión investigadora, este medio reveló en cifras el despliegue policial por la zona, que incluye más de mil oficiales en terreno, uso de drones, aviones no tripulados y férreas medidas de protección a las grandes empresas forestales como Mininco (grupo Matte) y Arauco (grupo Angelini).

Propuestas hubieron de todo: desde parlamentarios de la UDI y RN acusando tener pruebas de la inmersión de las FARC y del Partido Comunista en células terroristas, empresarios negando la identidad del pueblo mapuche pidiendo que se termine con la entrega de tierras, hasta acusaciones a un senador PPD que hace campaña ofreciendo tierras.

El informe final concluye en una serie de temas: reconocimiento constitucional para pueblos originarios, más facultades investigativas para la Fiscalía, mayor coordinación trabajo de inteligencia, delimitación y entrega eficiente de tierras, incentivos al emprendimiento, etc. La gran mayoría son cosas que repitieron los diputados desde la primera sesión.

Aprobado por todos los integrantes -salvo la diputada PS Clemira Pacheco, quien presentó un informe alternativo que habla del perdón que debe pedir el Estado y del reconocimiento de la plurinacionalidad, entre otras cosas-, el documento no dio mucha cabida a las propuestas de las comunidades locales ni a las acusaciones de violencia policial. Hicimos el ejercicio de revisar las actas de las sesiones. Aquí los resultados, las omisiones y las propuestas de una comisión llamada “histórica” por sus miembros, por la supuesta transversalidad de opiniones que dice representar.

Todos contra la Conadi

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) nace en 1993 como ente descentralizado del Estado, encargado de “promover, coordinar y ejecutar acciones en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas”. Es el organismo que se ha encargado de llevar registro de las comunidades y asociaciones indígenas reconocidas y de la entrega de subsidios para la adquisición de tierras por estas comunidades.

En teoría, funciona con puntajes para los registrados, con el fin de financiar los mecanismos de solución de problemas de tierras. Pero en la comisión fue el foco de las críticas. Su ineficacia, ser “controlada” con fines políticos y que “justifica” la violencia son algunas cosas de las que se escucharon.

Fue de consenso que el Estado de Chile tiene una deuda con el pueblo mapuche. Y que la Conadi no ha sabido resolver hasta ahora. “Una política en una agencia descentralizada del Estado, como es la Conadi, no es una política de gobierno ni de Estado”, señaló el historiador Manuel Núñez en la comisión, aunque esto no llegó al informe final aprobado por los parlamentarios.

Esta fue la conclusión respecto al organismo: “La forma como la Conadi ha cedido a la violencia y al activismo político, particularmente en lo referente al respeto de la antigüedad, solo ha ayudado a profundizar las desconfianzas y a alejar a quienes con la esperanza de ver sus derechos reivindicados, acuden a la institucionalidad y se mantienen en ella”.

La razón es la vinculación que hacen de la política de entrega de tierras con hechos de violencia que sostuvieron, desde la primera sesión, la gran mayoría de los diputados, tanto de la Nueva Mayoría como la derecha.

“Cito el caso de Pedro Linconao, de Padre Las Casas, representante de la machi Francisca Linconao, quien se encuentra en prisión preventiva. Voy a insistir en el de Juan Catrilaf, de la comuna de Padre Las Casas. En su comunidad hay 33 familias y les dieron 45 hectáreas por familia en tiempo récord. Sergio Catrilaf Marilef, presidente de la comunidad, fue detenido por el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. La última compra de tierras benefició a cinco de los once detenidos por el caso de esa horrorosa muerte. Entonces, señores de la Conadi, ¿cómo es posible detener la violencia en La Araucanía, si estamos fomentando, ayudando, estimulando la violencia y premiándola desde la Conadi?” – Fernando Meza, diputado del Partido Radical.

Sus pares utilizaron el mismo caso para criticar el actuar de la Conadi como “legitimador de la violencia”.

“Hace 15 años en el gobierno dijeron: ‘ Mira, comprémosle tierras a estas personas, para no seguir con la violencia’. Eso generó que el vecino dijera: ‘Pucha, que anduvo rápido mi compadre, entonces yo también quemo camiones’” – Joaquín Tuma, diputado del Partido por la Democracia (PPD).

 

“A la comunidad de Juan Catrilaf se le compraron 480 héctareas (…) ¿Cómo explica usted (Alberto Pizarro, director de la Conadi) que en esa última compra se beneficiara a 5 de los 11 detenidos del caso Luchsinger?” – Gustavo Hasbún, diputado de la UDI.

El caso de los once imputados por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay fue mencionado varias veces en la comisión. Se presentó como evidencia de que la Conadi avalaría la violencia, como una demostración del “terrorismo” en la zona y también fue mencionado por la policía y fiscales para demostrar los avances de su trabajo. Nadie dijo que ninguno de los hoy imputados está condenado o que la Fiscalía todavía no muestra pruebas concluyentes en su contra.

Sólo Karina Riquelme, abogada de la Defensoría Penal Mapuche, criticó duramente la fiscal regional Alberto Chifelle de participar en caso de intervenciones telefónicas a los abogados de la Defensoría y de perder todas las causas en que se aplicó la Ley Antiterrorista desde 2010 por falta de pruebas. Pese a la gravedad de la acusación, no pasó más allá de unas contra-preguntas de los parlamentarios. No llegó al informe final.

Sobre la entrega de tierras, la gran mayoría de los invitados la vincula directamente con la violencia. Los gremios empresariales criticaron la proliferación de comunidades y algunos incluso pidieron fin a la práctica, negando el reclamo del pueblo mapuche.

“Algunos hablan de que es parte de su cosmovisión, pero, como decía hace un ratito, los tiempos han cambiado (…) es muy importante también poner una fecha de término a este tema de la entrega de tierras o devolución, o como se le quiera llamar -se le ha cambiado tantas veces el nombre al problema de la deuda o deuda histórica con los pueblos-, porque esto no puede ser eterno (…) Hay mucha gente, pues nosotros hemos conversado con gente mapuche, que dice que no le gustaría recibir tierra, porque ¿para qué?; que prefiere que le den un bono” – Héctor Urban, Asociación de Agricultores de Victoria.

La voz disidente la puso Domingo Colcoy, de la Coordinadora de Asuntos Mapuche. Aunque su opinión, al igual que la mayoría de los mapuche que asisitieron a la comisión, no fue considerada para el informe final.

“No entendemos cómo en una instancia tan importante del Estado chileno, como es la Cámara de Diputados, vincule un tema tan distinto como es la compra de tierras con la violencia. Somos tajantes en decir que la compra de tierras no es la generadora de violencia, sino que la imposibilidad del derecho a la tierra y al territorio que vivenciamos como mapuches. ¡Ese es el fondo de la situación que nos complica!” – Domingo Colcoy.

Pero el problema con la Conadi no se queda ahí no más. El mal manejo en la política de entrega de tierras fue denunciado también por los consejeros del organismo Ana Llao, Andrés Matta y Marcial Coli, que en la sesión del 5 de mayo denunciaron el uso político en la entrega de tierras que ha hecho, por ejemplo, el senador PPD Jaime Quintana.

“En el caso de Villarrica, fue a ofrecer tierras el senador Quintana con funcionarios de la Conadi, específicamente Gonzalo Peña. Así, textual: “a ofrecer tierras.” Esa es una irresponsabilidad política y lamento que el presidente de un partido político en Chile, que además es gobierno y que conoce la ley, la vulnere tan indiscriminadamente y nos falte el respeto a los pueblos indígenas, en este caso, al pueblo mapuche” – Marcial Colín, consejero Conadi.

“En Victoria, en Traiguén, incluso en parte de Los Sauces, el senador Jaime Quintana y su equipo han estado ofreciendo compra de tierras, pese a que esas comunidades no tienen aplicabilidad. ¿Cómo puedo quedarme callada? Por no silenciar esos temas, hoy me pasan la cuenta en la nueva elección de consejeros de la Conadi. En la Región de La Araucanía fui reelecta con la segunda mayoría, no obstante, hoy me dicen que no puedo asumir el cargo porque no estoy dentro de las cuatro mayorías, porque la ley no lo dice” – Ana María Llao, consejera Conadi.

¿Sistema “garantista”?

La comisión recibió al Fiscal Nacional, al Fiscal de la Araucanía, a la PDI, a Carabineros y a la ANI. Básicamente todos los organismos relativos a la seguridad que reforzaron la opinión de los parlamentarios respecto a que el sistema judicial es -según ellos- demasiado garantista, que los hechos de “violencia rural” corresponden a terrorismo y que la Ley Antiterrorista es limitada en capacidades investigadoras de la policía. Estas apreciaciones pasaron directo al informe final de la comisión.

“No puede ser que haya más herramientas para investigar microtráfico, que para investigar situaciones de particular violencia, como las que se viven en el contexto de la violencia rural” – Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.

“¿Qué necesitamos? Técnicas como la de agente encubierto o de agente revelador. La idea es que, al igual que en materia de droga, el fiscal tenga la capacidad de nombrar un agente policial que penetre en una organización, que pueda formar parte de un grupo determinado, a mediano o a largo plazo -seis meses, un año-, que viva en un sector determinado, con las personas que están cometiendo delitos, a fin de que entregue información. Dichas técnicas son muy importantes y, por ello, deben estar incorporadas a la legislación actual” – Alberto Chifelle.

“Forman parte de un fenómeno criminal que hemos llamado ‘violencia rural’. Se trata de delitos que afectan a la propiedad y ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas; se trata, principalmente, de atentados incendiarios a dueños de fundos, grandes propietarios, pequeños propietarios, sus maquinarias, sus bienes, sus galpones” – Alberto Chiffelle, Fiscal Regional subrogante.

Abogados de la Defensoría Penal Mapuche contradijeron directamente esta última opinión en la sesión del 23 de junio. Postura que no llegó al informe final y con la que explican porqué no es que el sistema judicial sea garantista, sino que las pruebas no tienen asidero alguno.

“La ley antiterrorista es demasiado amplia y protege bienes jurídicos que, según legislaciones más desarrolladas y siguiendo lo resuelto por organismos internacionales, no debiesen ser protegidos. Por ejemplo, el incendio en lugar no destinado a la habitación, es un delito que afecta solo a la propiedad. No obstante, se puede aplicar la ley antiterrorista a ese tipo de delitos, aunque todos los organismos internacionales establecen que debe ser aplicada restrictivamente y para delitos más graves, específicamente, contra la seguridad individual y contra la vida de las personas y no para delitos contra la propiedad” – Mario Quezada, jefe de estudios de la defensoría regional de la Araucanía.

“La gran mayoría de los casos en que se hacen imputaciones respecto de la reivindicación territorial, las afectaciones son a bienes jurídicos de escasa monta. Son afectaciones a la propiedad, simplemente. Puede ser mucho dinero, pero lo cierto es que el bien jurídico, en sí mismo propiedad, no se compara con la salud o con la vida” – Mario Quezada.

Sobre el por qué se dan las absoluciones criticadas por los parlamentarios, no mencionaron la debilidad de las pruebas.

“Estuve en todas las causas donde se aplicó la ley antiterrorista en 2010, en todas; estuve presente como defensora. Ahí están los RIT de todas las causas; en todas se aplicó la ley antiterrorista. Hubo personas que estuvieron hasta 24 meses en prisión preventiva. En todas las causas se absolvió. Y en esto hay que dejar claro que no es culpa de los jueces; hay otros intervinientes, respecto de los cuales tenemos que tener ojo. En todas las causas, en absolutamente todas, se condenó al Ministerio Público y al gobierno, porque en todas las causas el gobierno es querellante. ¿Y qué dijeron los tribunales? Que las pruebas eran vagas, que las pruebas eran débiles. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no hace una buena investigación, y por eso tuvieron que pagar más de 284 millones en costas, por las pésimas investigaciones que ha realizado el Ministerio Público. Y, ojo, porque ese mismo Ministerio Público, con sus fiscales Hilda Arroyo, Alberto Chifelle y Miguel Ángel Velásquez, luego de haber perdido todas estas causas, fueron ascendidos de cargo a la Fiscalía de Alta Complejidad y hoy llevan la causa de Luchsinger Mackay en contra de los once imputados, donde están esas intervenciones telefónicas de las cuales hablaron mis colegas, y de la cual no puedo hablar, porque es una causa abierta. Pero son los mismos fiscales” – Karina Riquelme.

Esta acusación, junto a las otras sostenidas por la Defensoría, relativas a recursos de amparo en favor de niños afectados en sus derechos fundamentales por uso excesivo de la fuerza de Carabineros, tampoco fueron incluidas en el informe final.

“Este año también se tuvo que presentar recurso de amparo por escuchas ilegales de la policía a abogados que en la actualidad trabajan en la defensoría penal. Los abogados han sido escuchados en las conversaciones con sus clientes imputados; violando el artículo 122, inciso tercero, que prohíbe expresamente que las conversaciones entre abogados y sus clientes sean escuchadas. Las escuchas se extendieron entre 2014 y 2016. No son escuchas esporádicas realizadas por la Policía de Investigaciones. Recién, en febrero de 2016, el Ministerio Público tomó medidas para terminar con las mencionadas escuchas. En la actualidad, ese recurso de amparo se encuentra sometido a la decisión de la Corte Suprema, pero nos parece de gravedad porque los abogados ya no podemos hablar libremente con nuestros clientes por teléfono y debemos medir nuestras palabras, ya que pueden ser malinterpretadas por parte de los persecutores penales o de las policías” – Pablo Ardouin, jefe de la Unidad de Defensa Especializada Indígena.

“Este año, por personas que vienen voluntariamente, hemos presentado cuatro denuncias por exceso policial y 12 por hechos graves -en nuestra opinión- como la sustracción de menores por parte de la PDI para obtener declaraciones forzadas de mujeres pertenecientes al pueblo mapuche. Son madres que no tienen ninguna relación con el conflicto y que sus hijos, en un cuartel policial, son sacados a la fuerza y a cambio de evitarlo se les exige que confiesen determinados delitos” – Pablo Ardouin.

El despliegue policial

La sesión a la que fue invitado Bruno Villalobos en marzo pasado fue clara en el rol de Carabineros: En la zona hay 1.389 oficiales, 50 vehículos blindados y 93 semiblindados. Hay 77 faenas forestales, de las cuales 15 están bajo protección día y noche. Entre custodia permanente, rondas periódicas y protección policial, hay 360 medidas. Hay patrullaje y presencia activa en las “zonas conflictivas”, controles de identidad, acciones de inteligencia e implementación de nuevas tecnologías: sistemas georeferenciados, drones, aviones no tripulados para patrullajes aéreos, radares de detección temprana, etc.

El despliegue -y la protección a las forestales- fue defendido por el ex ministro Jorge Burgos (DC) y varios parlamentarios.

“Para nosotros no es un hecho baladí que una actividad como la forestal, más allá de las discusiones respecto de los orígenes, de si fue bueno o no, es una actividad lícita, donde hay inversiones muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la Octava Región, forma parte de la actividad que más empleos produce. Por lo tanto, es obligación del Estado, y por ende del gobierno, crear las condiciones para que esa actividad se pueda desarrollar con el mayor grado de normalidad. No podemos mirar hacia el techo, y no lo vamos a hacer” – Jorge Burgos – ex ministro del Interior.

“El ideal sería no militarizar la zona; que no hubiera carabineros; que ojalá los carabineros estuvieran en las ciudades para darle más seguridad a la gente que vive en el sector urbano. Pero es necesario, porque, si no hubiera carabineros, me imagino que esto sería mucho peor” – Germán Becker – diputado RN.

“Estamos de acuerdo con que la violencia en la zona se resuelve a nivel político y no policial. Pero hoy es necesario contar con más policías, cuando vemos que no existe un estado de derecho que asegure las mínimas condiciones para que los ciudadanos puedan tener seguridad y desarrollarse integralmente” – Claudia Nogueira, diputada UDI

El informe final de la comisión pide perfeccionar el estándar probatorio de testigos protegidos (aunque menciona que las condenas por delito terrorista no pueden basarse solo en la declaración de testigos de este tipo), incorporar técnicas investigativas utilizadas en la Ley 20.000 (agentes encubiertos e informantes), fortalecer la capacidad operativa de la Agencia Nacional de Inteligencia, la creación de un sistema de inteligencia entre Carabineros, Fuerzas Armadas, PDI y ANI, incorporación de la información obtenida por la ANI en los procesos judiciales. También pide estímulos a la actividad económica y al emprendimiento.

¿La gran omisión? Los casos de violencia policial denunciada por el Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública.

“En cuatro años y medio, hemos presentado 10 querellas criminales por el delito de tortura, invocando la disposición del artículo 150 A del Código Penal. Esas acciones han sido dirigidas no solo a agentes vinculados a Carabineros de Chile, sino también al personal de la Policía de Investigaciones. Las investigaciones se encuentran en curso, una de ellas en contra de un funcionario de la policía que está formalizado y las otras en proceso de tramitación y de investigación por parte del Ministerio Público” – Federico Aguirre, jefe regional del Instituto de Derechos Humanos en la Región de La Araucanía.

“Respecto de acciones tomadas por la Defensoría Penal Pública, entre 2011 y 2015, existen diversos recursos de amparo que se han presentado, en favor de niños y de adultos pertenecientes a comunidades, por afectaciones a las libertades ambulatorias o derechos fundamentales del pueblo mapuche. La defensoría penal tiene una recopilación de once recursos de amparo sobre el particular. De ellos, nueve han sido acogidos por las cortes de apelaciones y por la Corte Suprema y claramente se señala que el actuar policial debe regirse de acuerdo con la normativa vigente. Se acogen los recursos de amparo y se señala a Carabineros de Chile y a Policía de 11 Investigaciones que deben someter su actuación a las leyes. En especial, se señala sobre el uso excesivo de la fuerza, es decir, que existan actuaciones policiales no significa que la policía pueda actuar desmesuradamente en contra de las personas” – Pablo Ardouin, Jefe de la defensoría penal mapuche.

Reconocimiento constitucional

Los parlamentarios reconocen la deuda del Estado chileno con el pueblo mapuche. Por eso, proponen reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y representación parlamentaria de pueblos indígenas (a través de sistema de cuotas o escaños reservados). Un “gesto simbólico”, como lo reconoció el DC Mario Venegas.

El tema no es menor, pues como señaló Federico Aguirre del INDH en la comisión, el conflicto tiene su fundamento en la “negación del Estado de reconocerse en esta condición pluricultural (…) en la condición de sujetos titulares de derechos, individuales y colectivos; de sujetos que se reconocen en tanto ser pueblo”.

Sin embargo, el límite llega con palabras como “autonomía” o “territorio”, asociado en más de una vez a que el objetivo de ciertos grupos extremistas sería construir un “Estado dentro de un Estado”. Por ejemplo, la diputada UDI Claudia Nogueria lo calificó en más de una ocasión de “guerrilla ideológica de quienes quieren autonomía”.

“Si bien podemos tener algunas diferencias en cuanto al carácter multicultural o plurinacional de nuestro país, pero tenemos que dar un nivel de reconocimiento, a propósito del proceso constituyente, de nuestros pueblos indígenas, lo que nuestra Constitución no hace” – Fuad Chahín, diputado DC.

“Comprendo que debemos avanzar en materia de reconocimiento constitucional, estoy disponible para eso –creo que ha madurado ese tema también, diputado Venegas- , y entiendo que en cierto momento algunos parlamentarios de nuestro sector no estaban de acuerdo, pero creo que ha madurado bastante, por lo que hoy estamos en condiciones de hacerlo para dar mayor participación a los pueblos originarios. En ese sentido no tengo dificultades, pero sí en dar autonomía o entregar territorio. Creo que nadie está dispuesto a hacerlo” – Germán Becker, diputado RN.

“Mi impresión es que hay mucho más que solo un conflicto de tierras. Hay un conflicto de reconocimiento de identidad y de un Estado plurinacional. Por otra parte, no tengo miedo a la autonomía per se, pero lo que se ha reclamado es autonomía con soberanía, es decir, crear un Estado dentro de otro, cuestión que escuché en Alemania. Algunos sostienen que La Araucanía debe tener un Estado dentro de otro Estado soberano” – Claudia Nogueira, diputada UDI.

Sin embargo, ninguno de los mapuche invitados a la comisión habla de crear un Estado dentro de un Estado. Sí lo hicieron otros, que vincularon la autonomía con el terrorismo.

“Los terroristas, sin embargo, no quieren diálogo, buscan independencia total, control territorial, con riesgo de la soberanía nacional, desconocen al Estado y dicen que usarán la fuerza para conseguir sus objetivos. En el corto y mediano plazo plantean el control de franjas territoriales y en el largo plazo buscan el control total del Biobío al sur. Aquí la solución no es política, señores, sino que es policial” – Valeria Ceroni, Mujeres por la Araucanía.

En esa misma sesión, desarrollada en las oficinas de la Intendencia de la Araucanía, Hugo Alcamán precisó el contenido de la demanda.

“La legislación hoy nos reconoce el derecho de la autoidentificación. No somos etnia. Etnia es cultura y culturas en Chile hay muchas. Sí, somos una etnia originaria, pero a partir de 2009 somos pueblo y pueblo significa que somos sujetos de derechos individuales y colectivos y yo elijo ser mapuche y soy mapuche. No soy ni etnia ni descendiente de mapuches. ¡Soy mapuche! ¿Qué significa esto? Significa que soy chileno del Estado chileno, pero nacional mapuche. Chile tiene un Estado que respetamos, pero existen 10 pueblos naciones. El pueblo chileno y los 9 pueblos originarios. Por eso exigimos la plurinacionalidad” – Hugo Alcamán.

La plurinacionalidad es mencionada por académicos invitados y como demanda por representantes mapuche. Sin embargo, tampoco se menciona en la comisión.

Las FARC, el PC y Miguel Enríquez

Entre lo más llamativo de la comisión investigadora, son las menciones a la supuesta presencia de la guerrilla colombiana en La Araucanía, todo a través del Partido Comunista. Acusaciones presentadas por parlamentarios de derecha que -dicen- están comprobadas, aunque no existan pruebas y pese a que desde la propia Fiscalía lo negaron.

De hecho, en el mandato inicial de la comisión, se lee uno de los objetivos es “recabar de la Fiscalía Nacional de Colombia toda la información en relación a la vinculación de ciudadanos chilenos con actividades paramilitares y su eventual entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

“Tenemos antecedentes de la Fiscalía Nacional Colombiana, en los que se reconoce que han establecido vínculos con ciudadanos chilenos, a quienes se les iba a hacer instrucción militar, todos ellos ligados al Partido Comunista. Incluso, hay antecedentes respecto de que personas que están ligadas al grupo movimiento indigenista chileno, también habrían tenido instrucción militar de este tipo. Quiero saber si se puede descartar que esos grupos estén ligados a dicha instrucción militar, conforme a los antecedentes que ustedes tienen”- Jorge Rathgeb, diputado RN

La pregunta, dirigida al fiscal nacional Jorge Abbot, fue descartada, pues eso correspondió a una información que circuló hace años en la Fiscalía pero que nunca se pudo comprobar.

En otra ocasión, ante la presencia del actual ministro del Interior Mario Fernández, el diputado radical Fernando Meza contó que entregó al ex ministro Rodrigo Hinzpeter una lista de 80 nombres de personas involucradas en actos terroristas (aparentemente calificados así por él mismo). Tanto desde Interior como de Carabineros le dijeron que esos nombres ya los tenían, por lo que criticó su actuar y dijo que “hay algunos partidos de la Araucanía que tienen ascendientes de mapuches, de algunos grupos que 28 manifiestan y practican la violencia. El ministro lo sabe”.

La UDI Claudia Nogueira se apresuró para interrumpir: “Hay que decirlo: el Partido Comunista”.

Meza no lo descartó: “Es importante que cada partido político asuma también su responsabilidad. En privado puedo darle al ministro nombres de militantes de determinados partidos políticos que practican la violencia, que son de Loncoche, por ejemplo, y viajan al norte del país, a Ercilla, y a otros lugares y hacen estas cosas. Estos nombres la policía los tiene y nosotros podemos colaborar”.

En la misma sesión, el también UDI Ignacio Urrutia le preguntó al ministro Fernández: “¿hay una sola célula terrorista, que tiene varias milicias en distintas partes o hay varias células terroristas que están instaladas en distintas partes? Ni las policías ni nadie me han podido contestar eso. Me imagino que usted lo sabe. La segunda pregunta es hasta qué punto el Partido Comunista está infiltrado en estos grupos terroristas”.

Respuesta, obviamente, no tuvo.

Otro episodio fue el del latifundista Juan de Dios Fuentes, presidente de la asociación “Paz por la Araucanía”, que ha sido acusado de disparar contra mapuche y de asistir a actos de su organización armado.

“En la región está operando el Ejército de Liberación Nacional, como se han definido ellos mismos; es un grupo organizado, armado, entrenado, adoctrinado, ideologizado, antisistémico y liderado por una idea final, que es destruir el sistema neoliberal; eso es lo que está ocurriendo hoy día, es decir, tenemos una copia fiel de lo que, probablemente, en sus mejores tiempos, fue el MIR, y del señor Miguel Enríquez. Hoy día tenemos al señor Llaitul, que apareció en Televisión Nacional de Chile, señalando que están dispuestos a seguir esta lucha” – Juan de Dios Fuentes.