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A partir de septiembre, la pesca de merluzas será vedada mediante una campaña que Sernapesca ha denominado como «Paremos el merluzeo». No obstante, detrás de este déficit del recurso se esconde mafias privadas, entrega de cuotas demenciales por parte del Estado e incriminación a grupos económicos que controlan el sector pesqueros asociados a Asipes-Sonapesca, todas razones que han llevado a que la merluza desparezca como alimento para las familias chilenas.
La merluza, hasta hace pocos años atrás, era un plato barato al mismo tiempo que sabroso y de alta calidad nutritiva, su carne blanca y delicada la habían convertido en una delicatessen para el consumo de los niños y las familias de nuestro país, por lo mismo era el pescado más popular y de mayor consumo en Chile. Nestlé, el gigante alimenticio a nivel global con fábricas en Chile, se hizo eco de lo anterior y por décadas masificó su consumo en nuestro país convirtiendo su rica carne en apanados, algunos con formas de pescaditos para hacerla más amigable a los niños o en «Colados en base a pescado» para los recién nacidos, bajo la marca Maggi y antes Findus, hasta que el abastecimiento de este recurso se hizo caro y escaso, que la obligó a sacarla de su línea de fabricación y ventas, lo mismo ocurrió para las familias de nuestro país, que la vieron escasear, subir de precio y desaparecer de las Ferias Libres y Pescaderías.
El que la merluza desapareciera de los hogares de nuestro país lo explica el gráfico que aparece al final de este párrafo. Este hecho compromete al Estado de Chile y sus instituciones, ya que las mismas aparecen amparando su sobreexplotación en beneficio de grupos de privilegio que se enriquecían a costa del colapso de la misma. En el gráfico se destaca en azul el sector industrial, la que no es una casualidad que corresponda al principal beneficiario de la sobreexplotación de la merluza y coincida con los asociados a Asipes-Sonapesca. Si a lo anterior se le agregan la pesca de arrastre y el descarte de juveniles en que tienen participación los anteriores, el daño ocasionado a la merluza es del todo demencial, de allí que FAO debería quedar perplejo con la presente denuncia.
Desde hace un tiempo, asociaciones empresariales como Asipes y Sonapesca nos pontifican que la pesca ilegal de la merluza realizada por unos cuantos pescadores artesanales de pequeña escala serían el principal responsable de su devastación. Sin embargo, al analizar las cifras de las cuotas de pesca autorizadas y la de los desembarques de los últimos 15 años, aparecen sus asociados como los principales beneficiados de la sobreexplotación que ha terminado en su agotamiento. Estos se pueden excusar que la explotaron dentro de la ley, pero que la misma haya terminado en el colapso da cuenta que esa correspondió a una pesca ilegal que se encubrió en un manto de legalidad formal. FAO conoce las redes de corrupción que en muchos países echan mano los anteriores modos de operar, e incluso involucran a los propios Estados en la transgresión del espíritu de la ley que estos han comprometido para cuidar la sustentabilidad de sus pesquerías. Y así ha sido en el caso de Chile. La «legalidad formal» a la que echaron mano se detalla a continuación: «La evaluación del stock de merluza común chilena era llevada a cabo por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), con fondos provenientes del Fondo de Investigación Pesquera (FIP). (…) Antes de que la cuota global sea establecida, el IFOP extiende su recomendación «científica» a Subpesca; Subpesca, a su vez, tomando en cuenta consideraciones de carácter socio-económico, redacta un informe técnico oficial en el que eleva su recomendación al Consejo Nacional de Pesca, que finalmente acuerda la cuota global de captura que es refrendada por el Ministro de Economía«.
Los desembarques del período alcanzaron las 832.371 toneladas (77% de lo autorizado). El Sector Industrial es responsable del 75% de la anterior cifra, mientras el sector artesanal alcanza al 25 %. Las cantidades desembarcadas por el sector industrial se elevan a 620.262 toneladas, mientras el sector artesanal alcanzó los 212.109 toneladas, con un promedio anual de 14.140 toneladas para este último. El anterior cuadro muestra que el máximo desembarque del período corresponde al periodo 2001-2003. A partir de 2004, la caída se acentúa año tras año hasta la actualidad, el período con mayores cuotas y desembarques -sobreexplotación- corresponde al del ex Subsecretario de Pesca Felipe Sandoval 2001-2006, actual Presidente de la Asociación de Salmoneros. El mismo que está involucrado junto a IFOP-Subpesca en el caso de las «pescas de investigación ideológicamente falsas» en que se recurría a similares prácticas de corrupción. IFOP justificaba en fines científicos los volúmenes del todo desproporcionados para sardina austral que no alcanzaban a capturarse, mientras Subpesca les daba el visto bueno y promovía lo anterior «resultando significativo tener en consideración que durante varios años, y desde el inicio de la actividad, no se ha completado las cuotas asignadas a la pesquería», de acuerdo a Jorge Toro Da Ponte, actual encargado de combatir Pesca Ilegal de la Merluza.
Como puede observarse en el anterior cuadro de estadísticas, a partir de 2001 la cuota global de captura autorizada nunca ha podido completarse y lo explica la corrupción que ha rodeado la gestión de su administración: en el 2004 la crisis del recurso queda en evidencia como resultado de la entrega de cuotas del todo desproporcionadas que había ocurrido en los años anteriores (2003 marca un hito), el año 2004 llega a niveles dramáticos ya que se pescó apenas el 53% de la cuota autorizada. A partir del 2005 las cuotas disminuyen no por reconocer su sobreexplotación, sino porque su menor abundancia era evidente, aunque igual Subpesca siguió autorizando cantidades abultadas sin preocuparles la sustentabilidad de la merluza. Así es como el 2008 se pescó el 87% de la cuota autorizada y el 2009, el 80% mientras el recurso año tras año profundizaba su agotamiento. Ya sabemos por otros casos que el IFOP se había convertido en un especialista en abultar cifras y justificarlas en fines científicos, y lo mismo la Subsecretaría de Pesca, de allí que el Consejo Nacional de Pesca seguro era un eslabón más de lo mismo.
Hemos comprabado, años más tarde, que la tan vociferada administración pesquera IFOP-Subpesca-Consejo Nacional de Pesca nunca fue tal, y que la misma solo tuvo como fin encubrir las cantidades solicitadas por los grandes grupos económicos, incluso por sobre lo que eran capaces de capturar, y hace comprensible qué la Merluza fuera arrastrada a su colapso. Vale precisar que los Comité Científicos que impuso la Ley Longueira siguen siendo funcionales a los grupos controladores del sector pesquero -muchos de sus miembros vienen de participar en el encubrimiento de las «pescas de investigación ideológicamente falsas» y de asesores de los anteriores-, explicando así por qué no han solicitado se decrete la veda para conseguir la recuperación de la merluza y, en cambio, han optado por justificar su explotación y exportación la que cada vez profundiza más su colapso.
Asipes nos quiere convencer sobre la existencia de mafias dedicadas a la actual pesca ilegal de la merluza, aunque lo más cierto sea que estemos al frente de un comercio hormiga entre pescadores artesanales vinculados a comerciantes que proveen la demanda insatisfecha de las familias de nuestro país que no encuentran merluzas porque la misma la hicieron desaparecer mafias que sí tenían el poder que se les reconoce a las mismas. Estas consiguieron que fueran los funcionarios públicos que estaban a cargo de cuidar su sustentabilidad quienes les entregaran las cuotas para sobreexplotarla y llevarla al colapso. Entonces la distinción más importante y necesaria de hacer es que la actual pesca ilegal asociada a una micro captura -en cuya represión el Estado no ha escatimado recursos y que se origina lo más probable como respuesta a satisfacer la escasez de merluza entre los hogares de nuestro país- no es comparable con el tamaño del daño ocasionado por la sobreexplotación amparada por el Estado y de la que se benefició el sector industrial que la destinaba a la exportación al mercado global, mientras miles de pescadores artesanales eran conducidos a la pobreza.
En el año 2010, el 97% del desembarque artesanal fue destinado al consumo nacional en fresco (Palta et al., 2012). Hoy ese desembarque cayó a un poco más del 50% de la anterior cifra. Si a lo anterior se agrega la venta de cuotas pesqueras en manos de la pesca artesanal amparado por la Ley Longueira -encargada al anterior por los grupos económicos- que permite el traspaso de cuota RAE de artesanales a industriales y entre artesanales, con un límite de 50%, y que posibilita que el Sector Industrial concentre en sus manos las cuotas artesanales para engrosar su negocio de exportación a los mercados globales, el mercado de los hogares de Chile que se abastecía de la pesca artesanal entró a una crisis de desabastecimiento nunca antes vista. De allí que la ciudadanía tiene todo el derecho a exigir que el Estado asuma su responsabilidad en estos hechos, privilegie el consumo local y prohíba su exportación, mientras el recurso se encuentre en estado de colapso y reconsidere tener a Sonapesca como interlocutor del sector pesquero del reciente Programa Estratégico de Alimentos Saludables dado a conocer al país por la Presidenta Michelle Bachelet, por resultar impresentable.
La pesca artesanal de pequeña escala y los hogares de nuestro país han sido las víctimas de la sobreexplotación de la merluza y de las leyes ilegitimas -los primeros por la pérdida de miles de empleos y fuentes de ingresos históricos que le daban respaldo a su calidad de vida, y los segundos por quedarnos sin acceso a la más importante fuente de proteína marina y de alimentación saludable-. Mientras el 40% de la cuota es capturada por un millar de pescadores sobre un stock totalmente diezmado que los ha obligado a mayores costos cada vez que salen tras su captura -haciendo que la pesca de la merluza haya perdido la rentabilidad que tenía años atrás para cada uno de ellos-, por el lado industrial una empresa monopoliza el 60 % de la cuota, que captura con dos naves según lo han reconocido ellos mismos. La pesca artesanal de pequeña escala tiene pruebas indesmentibles de la responsabilidad del Estado (falta de servicio) y que terminó en el colapso de la merluza, de allí que estaría en su justo derecho reclame indemnizaciones por ello, ya que los funcionarios públicos a cargo de las instituciones del sector estaban mandatadas para conservar la abundancia de la Merluza y no lo hicieron: «En la determinación de la cuota global de captura, se debe mantener o llevar la pesquería hacia el Rendimiento Máximo Sostenible(RMS)», a lo que se agrega que » el inciso 1º del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República establece como deber del Estado la tutela de la preservación de la naturaleza».
El Ministerio Público tiene, en el presente caso, un nuevo material para agregarlo a las investigaciones que comprometen a varios de los asociados a las asociaciones empresariales del sector pesquero vinculados al financiamiento de la política. Estos últimos está claro no hacían lo anterior por altruismo, ni por colaborar con leyes de su autoría al progreso del país, sino para el enriquecimiento multimillonario que acarreaba la explotación en condiciones de privilegio de la riqueza pesquera país. En el anterior afán, no dudaron en sumar otros delitos en los que les colaboraron funcionarios públicos -cuyos nombres se repiten por estar un día en el sector público y al otro en el sector privado- en el encubrimiento de acciones ideológicamente falsas de la mano de una legalidad formal, con las que llevaron a más del 70% de las pesquerías país al colapso, como es el caso de la merluza y cuyos responsables aún no son investigados por el Ministerio Público ni castigados por la Justicia.
