En efecto, en su última cuenta pública, días antes de dejar el cargo de contralor general, Mendoza desde la testera dirigiéndose a las más altas autoridades del país había expresado “la corrupción ha llegado”, dejando entrever que hasta abril del 2015 esa lacra no existía, señalando al mismo tiempo que era indispensable fortalecer a las instituciones para fomentar las buenas prácticas en los ámbitos públicos y privados ya que “sólo existe corrupción en el encuentro doloso de concurrentes de ambos mundos”. Tenía toda la razón ya que los corruptos existen en el aparato público porque consienten las peticiones de los corruptores del sector empresarial.  

Dado que sabemos que esta lacra siempre ha existido y en razón a que desde hace muchos años manejamos información fidedigna y oficial sobre la colusión pública-privada para violar las normas legales en ciertos sectores de la economía, a continuación damos a conocer un caso concreto de vulneración a la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), con la cual un conocido actor privado obtuvo una millonaria e indebida utilidad valiéndose para ello de subterfugios y de la acción de lobbystas de la Concertación.

Después del plebiscito de 1988 Pinochet instruyó a sus adláteres para que un terreno fiscal tipificado como área verde en la comuna de Las Condes, le fuera vendido en trato directo (sic) en la suma de UF 81.566 a la Inmobiliaria Parque de las Américas Limitada. El predio tenía 50. 327 m2 y estaba localizado al costado del río Mapocho en el sector en donde hoy existe la casa consistorial de la Municipalidad de Vitacura, la que se originó escindiéndose de Las Condes en 1992. La operación comercial se estipuló el 14 de noviembre de 1989, vía Decreto Nº 886 del Ministerio de Bienes Nacionales, meses antes de que asumiera Aylwin el 11 de marzo de 1990 a la primera magistratura de la nación.

Para que el comprador hiciera el negocio inmobiliario en ese estratégico lugar se estableció allí el Plan Seccional Parque Las Américas, por lo tanto, dejando de ser área verde y por ende apto para urbanizarlo. La empresa compradora, admiradora de aquel régimen, lo mantuvo en engorda algunos años y por ser área verde ese terreno estaba exento de pagar contribuciones de bienes raíces y no sabemos si su titular mantuvo esa exención a partir del momento en que se lo compró al Fisco de Chile.

La transferencia del dominio del importante predio se produjo el 30 de enero de 1990, fecha en que ya estaban acordados, entre los políticos de la Concertación y los militares, los términos de la transición. En la escritura de compraventa, la inmobiliaria se comprometió a destinar a jardines los lugares en donde estaban las franjas de protección de los drenes de la estatal Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), la que posteriormente le fue vendida a la catalana-francesa Aguas Andinas.

Tiempo después, exactamente en el año 1998, la Dirección de Obras de Vitacura le otorga un permiso de edificación a la mencionada inmobiliaria para que ella, con su activo socio Fondo de Inversión Cimenta, construyeran unas veinte torres habitacionales de 13, 15, 16 y hasta 25 pisos en ese terreno de 5 hectáreas regido, como lo hemos manifestado, por el Plan Seccional Parque Las Américas, instrumento normativo urbano que permitía solo la edificación de viviendas de hasta 2 pisos en sus sectores de densidad baja y edificios de hasta 4 pisos en sus sectores de densidad media.

Si comparamos los números asignados al permiso versus los números admitidos en ese Plan Seccional, es necesario preguntarse ¿Cómo era posible que se violaran tan escandalosamente las reglas del juego?

Para ello la Dirección de Obras de Vitacura hizo unos risibles malabares interpretativos con el único propósito de favorecer el negocio inmobiliario de esa conspicua sociedad, motivo que generó el airado reclamo de los vecinos que residían en viviendas unifamiliares con vista al parque Las Américas. Esos ciudadanos tomaron contacto con la recién organizada fundación Defendamos la Ciudad para revertir el permiso ilegal. La primera reunión fue en los inicios del año 1999 en la casa habitación de uno de los vecinos afectados a la cual llegaron, entre otros, el diputado y arquitecto Patricio Hales, la arquitecta Israela Rosenblum, quien escribe y unos veinte residentes del sector.

Revisando los documentos obtenidos por los reclamantes, en 30 minutos concluimos que el permiso era trucho y a partir de marzo de 1999 formalmente los vecinos con Defendamos la Ciudad le explicaron al ministro de Vivienda y Urbanismo de la época y a todos sus funcionarios competentes las razones de la ilegalidad, quienes no se atrevieron a impartir las instrucciones para invalidar el acto administrativo municipal mal cursado.

Por cansancio el Seremi respectivo, en el año 2000, traslada los antecedentes a la Contraloría General de la Republica diciéndole que el Director de Obras se había excedido en sus atribuciones al firmar un permiso con esas características y en conocimiento de ello el Fondo de Inversión Cimenta en esa instancia fiscalizadora argumenta que es una santa y blanca paloma. En noviembre del año 2000 la Contraloría dictaminó que dicho permiso vulneró el instrumento normativo, enfatizando que en el terreno se podían construir solo viviendas de 2 pisos y en algunos sectores edificios de 4 pisos.

Pero, aceptando las explicaciones de un conocido lobbysya de la plaza, la Contraloría no cumplió con su deber de aplicar la ley y terminó diciendo que invalidar el permiso “podría comprometer la responsabilidad civil extracontractual del órgano administrativo que emitió el acto irregular, pues dicho actuar por ser viciado y ocasionar un daño, configuraría una especie de mal funcionamiento del servicio que haría procedente el pago de una indemnización” (sic). Como este resultado era burlesco y demostrativo de la debilidad de nuestras instituciones, el contralor titular Arturo Aylwin no se atrevió a firmarlo, encomendándole esa incómoda tarea al sub contralor Jorge Reyes.

Muy molestos con este surrealista epílogo, los vecinos interponen unas cuantas acciones judiciales, las que fueron rechazadas ya sea porque los tribunales superiores se declararon incompetentes o bien por ser extemporáneas y así se consolidó un episodio de corrupción poco conocido por la opinión pública, el que generó un cuantioso capital a sus titulares.

En una de las entrevistas sostenidas con Mendoza, cuando ejercía el cargo de Contralor, le entregamos copia de ese acomodaticio dictamen con el cual un apitutado actor privado obtuvo un exagerado lucro al margen de la legislación. Lo más gracioso es lo que le expresamos al atento contralor Mendoza en la reunión, ya que era distinguible el cambio del tamaño y estilo de la letra del dictamen, lo que es indicativo que la osada intervención en su arbitrario texto fue de última hora.

Como vemos, la corrupción antes era poco percibida, menos publicada por los medios de prensa, pero existía en plenitud y si queremos acabar con ella, todos los servicios de la Administración y los Tribunales de Justicia tienen que asumir sus roles con coraje republicano, lo que es difícil pero no imposible. Las sanciones a los díscolos tienen que ser efectivas porque así ellos entenderán que es conveniente ceñirse a la ley.