Dilma Rousseff se juega su última carta. Este lunes se defendió por primera vez de manera personal y directa por el juicio político (impeachment) que le afecta. Lo hizo por 45 minutos frente a los 81 senadores que luego de su intervención votarán si es que la exguerrillera es destituida definitivamente o no.

En su mensaje, dijo que “estamos a un paso de una grave ruptura institucional. Estamos a un paso de concretar un verdadero golpe de Estado (…) Todo esto demuestra que hubo una acción deliberada contra la democracia, contra los inocentes y muestra cómo quienes quieren acusarme sin fundamento y cómo lo están haciendo”.

Rousseff indicó ante el Senado que “todos saben que estoy orgullosa que jamás he tomado dinero para beneficiarme a mí misma, ni a mi gobierno. No tengo fondos afuera de Brasil y siempre he sido honesta sobre todas mis posiciones en el gobierno (…) No permití ninguna interferencia política frente a la policía y pagué el precio por mis acciones”.

“La evidencia deja claro que los cargos en mi contra no son más que pretextos dirigidos, sobre la base de una retórica jurídica endeble. Son pretextos para derrocar, a través de un proceso de destitución sin crimen de responsabilidad civil, un gobierno legítimo. El gobierno de una mujer que se atrevió 2 ganar las elecciones presidenciales. Son pretextos para permitir un golpe en la Constitución”, aseguró Rousseff.

Desde los cercanos al PT, la tesis respecto al juicio político es que se trata de un golpe sin armas orquestado por Michel Temer, exvicepresidente y actual encargado de llevar las riendas de Brasil tras la destitución de Dilma. 

Según los cercanos a Temer, tendrían entre 60 y 61 votos para asegurar la condena contra la expresidenta, que sobrepasan con cierta holgura los 54 necesarios.

El discurso y el interrogatorio posterior causa moderada expectación en Brasil pues el proceso ha sido largo -se extiende desde mayo- y por la alta probabilidad de que Rousseff sea destituida definitivamente.

Cabe destacar que Dilma fue acusada por autorizar gastos sin autorización del Congreso y postergar pagos a la banca para así mejorar las cuentas públicas y financiar problemas sociales el año de su reelección.

 

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