bache |
La adhesión a las manifestaciones convocadas a nivel nacional, refleja el malestar generalizado por las pensiones de miseria entregadas bajo el actual Sistema de AFP y además un claro rechazo a las medidas propuestas por la Presidenta Michelle Bachelet de mantener el Sistema Actual con ajustes en cuanto a la competencia y regulaciones, que no cuestionan su estructura de capitalización individual de ahorros forzosos y las consecuencias de relegar en el mundo privado la seguridad social.
El pasado domingo 21 de agosto, más de un millón de personas repletaron las calles del país en la segunda marcha familiar por “No más AFP” y la primera posterior a la respuesta del Gobierno ante el estallido social que se ha gestado en los últimos meses.
La adhesión a las manifestaciones convocadas a nivel nacional, refleja el malestar generalizado por las pensiones de miseria entregadas bajo el actual Sistema de AFP y además un claro rechazo a las medidas propuestas por la Presidenta Michelle Bachelet de mantener el Sistema Actual con ajustes en cuanto a la competencia y regulaciones, que no cuestionan su estructura de capitalización individual de ahorros forzosos y las consecuencias de relegar en el mundo privado la seguridad social.
Las reformas políticas y económicas que dieron vida al sistema de AFP en el marco del Plan Laboral de 1980, no tenían como intención generar un sistema de pensiones, sino que la creación de un mercado de capitales para la economía nacional que sirviera de soporte en el marco de las profundas transformaciones neoliberales implementadas en el período. En efecto, la reforma fue tan efectiva que al corto tiempo de funcionamiento había convertido a las AFP en el principal inversionista institucional de la plaza, controlando más del 60% del mercado e inyectando recursos al sector financiero.
Mientras se realizaban las transformaciones, las reformas se publicitaban con falsas promesas como la libertad de elección, el capitalismo popular y se vociferaba que los altos montos de las pensiones alcanzarían un 70% del sueldo del trabajador.
Treintaiséis años después, Bachelet propone un paquete de medidas que siguen sin tocar la estructura del sistema y se concentran en darle una nueva legitimidad mediante reformas menores –las propuestas de los bloques más conservadores de la Comisión Bravo-, reiterando la viabilidad de estas propuestas técnicas como las únicas para la mejora de las pensiones. Pero bajo la excusa del carácter técnico de la decisión de mantenimiento del Sistema, aparecen las vetas profundamente ideológicas.
El Ejecutivo ha apostado por consolidar el rol del Estado como un actor que fomenta la competencia, por medio de medidas como nuevas regulaciones y la creación de una AFP estatal. Las otras propuestas incluidas en el anuncio -extender la edad de jubilación o la propuesta de un cofinanciamiento al sistema de pensiones por parte de los empleadores, mediante la implementación de una cotización progresiva a su cargo y que alcanzará el 5%- se asoman como una política pública en que se sigue responsabilizando exclusivamente a los trabajadores y no involucra al Estado como garante.
Medidas como estas dejan claro que la Nueva Mayoría sigue sin dar respuesta a las demandas de la amplia mayoría de los chilenos y pretende seguir actuando como un dique de contención a la movilización social, frenando el resquebrajamiento del consenso neoliberal por medio de acomodamientos menores. En efecto, las reformas que se han realizado al sistema de pensiones en el período de posdictadura han permitido la consolidación y avance del poder de las administradoras, con medidas como permitir y aumentar la inversión en el extranjero o la diversificación de su inversión mediante los multifondos.
La fórmula seguida parece de manual: el Estado abre espacios para el mercado y favorecer la expansión de las AFP, consolida el rol subsidiario de la política pública mediante las pensiones básicas, y obliga a la resolución individual de problemas que son colectivos. Y es que el sistema de AFP se erige como uno de los puntos centrales del modelo de acumulación nacional, convirtiendo aquello que debiera ser un justo derecho en un espacio de especulación y enriquecimiento empresarial mediante la privatización y la creación de mercados en un espacio donde antes no existía.
Más aún, dado que es un sistema que busca generar un mercado de capitales y no entregar pensiones, no se hace cargo de la precariedad de la estructura laboral de Chile. ¿Qué pasa con los trabajadores de regímenes contractuales precarios, como los honorarios? ¿O con aquellos en condición de autoempleo? Tampoco se hace cargo de la situación de muchas mujeres, cuya tasa de inserción laboral es menor, sus sueldos son más bajos que los de hombres en similares condiciones y, además, cotizan menos años al dedicar tiempo a la crianza de los hijos.
Incluso asumiendo que alguien “le eche bencina al Mercedes Benz” y cotice de manera regular, se vuelve insostenible asumir a la deriva la responsabilidad exclusiva de trabajar por cuarenta años para poder vivir veinte años más.
Los miles de chilenos que exigen el fin de las AFP –ni privadas, ni estatales- siguen viendo sus demandas ignoradas. En la vereda del frente, vemos cómo aquellos que impusieron el modelo de capitalización individual mediante la coacción -Fuerzas Armadas, Gendarmería y las Fuerzas de Orden y Seguridad-, no fueron capaces de sumarse a este modelo de pensiones y mantuvieron un sistema de reparto. Más aún, el General Director de Carabineros Bruno Villalobos incluso ha amenazado con romper la subordinación al poder político para mantener un modelo de pensiones que no están dispuestos a perder.
Y acá no se trata de desmantelar el sistema de reparto para sumar a militares a la capitalización individual. Por el contrario, se trata de garantizar a todos los chilenos que podrán acceder a pensiones dignas tras el cumplimiento de los años de trabajo. Y en definitiva, frenar la acumulación de poder adquirido a través de la riqueza por los controladores de las AFPs y grandes grupos económicos, que han limitado nuestra soberanía política y económica.
No será un gobierno de la Nueva Mayoría el que impulse los cambios estructurales que se necesitan, sino que será la articulación de las fuerzas sociales anti neoliberales que, mediante la construcción de un proyecto político nacional, pueden levantar un sistema de pensiones que garantice una jubilación tras los años de trabajo.
Hoy nosotros sí buscamos sacrificarnos por los que vendrán, porque asumimos el desafío de romper el consenso neoliberal y no sólo demandar, sino levantar una propuesta técnica para avanzar en seguridad social y justicia para Chile y sus trabajadores.
