El 18 de agosto del 2004, mediante un decreto supremo sobre el protocolo de acuerdo entre Chile y Argentina, el entonces presidente Ricardo Lagos dio luz verde al proyecto de Pascua Lama, perteneciente a la multinacional Barrick Gold Corporation. Ese es el vínculo que une al ex mandatario y recientemente auto proclamado candidato presidencial en la demanda que sostiene el empresario minero Jorge Lopehandía contra Barrick.

Radicado en Canadá desde 2001, el empresario minero asegura que parte de los terrenos en donde se construyó el proyecto Pascua Lama son suyos. Por eso presentó un reclamo ante tribunales civiles. Pero en diciembre pasado decidió emprender otra acción judicial contra el proyecto minero, en el que espera que quienes dieron la autorización a Barrick expliquen las razones. Este martes fueron ingresadas las solicitudes para que tanto Lagos como la entonces ministra del Exterior Soledad Alvear declaren en calidad de testigos, según informa El Mostrador.

El empresario afirma tener claro que es posible que su terreno no vuelva a ser de su dominio, pero insiste en que aún no está zanjado. Esto por una medida precautoria de 2001 donde se prohíbe celebrar actos y contratos, por lo que el protocolo de acuerdo de Pascua Lama, respaldado por Ricardo Lagos en 2004, tendría que decretarse nulo.

“El Poder Ejecutivo no puede hacer caso omiso a una resolución dictada por el Poder Judicial, aunque esté amparada de manera política por Ricardo Lagos Escobar. La empresa canadiense ha podido transar los títulos mineros y el proyecto Pascua Lama en las Bolsas de valores del mundo, sin tener títulos válidos”, recalca su abogado.

El Consejo de Defensa de Estado (CDE), contraparte en esta causa, le baja el perfil a la demanda, afirmando que “dicha afirmación, aunque hipotéticamente fuese cierta, no constituye un vicio de nulidad, pues resulta evidente que el único objeto sería precisar las pertenencias (no sus dueños) en cuanto a lugares que conforman la zona considerada por el convenio”.

El CDE asegura que Lopehandía no tiene derecho real respecto a dichas pertenencias mineras, por lo que no se comprende cómo demanda dicha nulidad del protocolo Pascua Lama.