Carola Canelo, abogada y académica de la Universidad de Chile, apareció en los radares de todo el mundo ligado a la educación luego de su aparición en CNN Chile acusando a todos los ministros de la Concertación y del gobierno de Piñera de cometer un delito civil al no fiscalizar el lucro en universidades.

En conversación con El Mostrador, explicó su mirada y criticó duramente la posición de los nuevos referentes de izquierda como Revolución Democrática y la Izquierda Autónoma (ahora también Movimiento Autonomista).

Canelo, en su difundida entrevista con CNN Chile, ya había dado pistas de su lejanía con los movimientos liderados por Gabriel Boric y Giorgio Jackson, sin embargo, esta vez fue más dura aún. 

Sobre RD, recordó que “participaron en el Ministerio de Educación durante el Gobierno de Bachelet y sabemos que electoralmente Giorgio Jackson fue beneficiado por la Nueva Mayoría para acceder al Congreso Nacional. De manera que RD tiene responsabilidad en el desastroso proyecto de ley de Bachelet en la educación superior. Es inaceptable que ahora pretenda dar una apariencia de rechazo del proyecto”, dijo la académica.

En esa línea, argumentó que el partido no ha promovido acusaciones constitucionales contra el exministro de Educación Nicolás Eyzaguirre y la actual líder de la cartera, Adriana Delpiano, cuando según su análisis, sobran motivos para hacerlo.

Yo pienso que RD no tiene ningún planteamiento revolucionario y su conducta tampoco tiene esos caracteres. De hecho, el diputado Jackson ni siquiera ha iniciado una acusación constitucional contra la ministra Delpiano por el escándalo de sus propias declaraciones en Laureate, ni por la gratuidad ni por sus expresiones relativas a la Universidad Autónoma. Claramente RD no tiene ningún compromiso social. También es sabido que RD ha recibido influencia del Partido Socialista, lo cual es coherente con la pasividad que ha tenido frente al Gobierno de Bachelet”.

Para la Izquierda Autónoma, Canelo tampoco tuvo palabras amables. Le criticó su división a partir de “rencillas personales y caudillismos” y  fue lapidaria respecto a la naturaleza política del movimiento asegurando que “no es izquierda ni menos autónoma”. Además, los acusó de tener en su origen apoyo de personas de la Nueva Mayoría, vinculadas a la DC.

“Quizás por ello tienen en su comportamiento un ADN golpista y mesiánico. Esto me consta personalmente, ya que Gabriel Boric, cuando fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto a quien fuera su aliado, Sebastián Aylwin –pariente del Presidente Patricio Aylwin–, en la toma de la Escuela de Derecho del 2009, fue promovido y auspiciado por académicos vinculados a la Democracia Cristiana o grupos relacionados. El actual Decano Davor Harasic, recuerdo, le ofreció ayuda para esa toma, hecho que presencié personalmente; el profesor Enrique Barros, también vinculado a la DC, actual presidente del CEP y abogado del destituido ministro Harald Beyer; Fernando Atria, vinculado al Partido Socialista, entre otros académicos. De manera que me consta de manera directa la decisiva participación de la Nueva Mayoría, especialmente de la DC, en la configuración del supuesto liderazgo del ahora diputado Boric“, disparó.

Acusaciones constitucionales

Para Canelo, tanto Eyzaguirre como Delpiano merecían ser acusados constitucionalmente, básicamente, por cometer un delito al no fiscalizar el lucro en las instituciones de educación privada. De la misma forma en que debieron haber sido acusados todos los ministros de la Concertación y del gobierno de la derecha.

Todos los ministros de Estado de la Nueva Mayoría, antes Concertación, y del Gobierno de Piñera, desde el año 1990 a la fecha, han infringido la obligación legal que tienen de fiscalizar a las universidades, de iniciarles un procedimiento de investigación administrativa y de sancionarlas en caso de que lucren o incurran en otro tipo de ilícitos”.

“El Gobierno de Bachelet prometió mejorar el sistema educacional, lo cual exige de suyo una mayor fiscalización. Sin embargo, a través de los ministros Eyzaguirre y Delpiano ha seguido infringiendo esta obligación legal de fiscalizar y, con ello, ha permitido que algunas universidades sigan lucrando en grave infracción a la ley y, por cierto, en perjuicio de millones de estudiantes y sus familias. La Nueva Mayoría, y sus derivados, La Izquierda Autónoma y Revolución Democrática, no han efectuado acusación constitucional alguna contra los ministros de Bachelet. No obstante, han incurrido en la misma causal de acusación constitucional que justificó la destitución de Beyer (ministro de Educación de Piñera). Por el contrario, consta en la prensa que, cuando Eyzaguirre fue interpelado, la opinión del diputado Boric, por ejemplo, fue que el ministro lo había hecho bien”, indicó.

Canelo además insistió en que el lucro es un delito civil y que debe ser sancionado por el Ministerio de Educación como tal. “Es falso y un error de proporciones que he oído de la diputada Camila Vallejo, la profesora María Olivia Mönckeberg, la presidenta de la FECH, Camila Rojas (cercana a la Izquierda Autónoma), y la periodista de CNN Matilde Burgos, entre otros, que el lucro en las universidades no sea un delito. El lucro es claramente un delito, pero un delito de carácter civil. En esos casos, la entidad debería ser entonces sancionada por el delito civil de lucro por el ministro de Educación y si hay, además, un delito penal, ser sancionados los responsables por la justicia penal”, explicó.

El golpe a la educación de Bachelet

Para la profesora de la Universidad de Chile, Michelle Bachelet no ha contribuido en nada a mejorar la situación dela educación en Chile, a pesar de su bullada promesa de campaña: la gratuidad universitaria.

Bachelet también dio un golpe a la educación pública (universitaria) porque destinó con preferencia los recursos públicos a las instituciones privadas, mediante una beca de gratuidad, establecida en una glosa del presupuesto de la Nación. Es decir, no destinó, como corresponde, los recursos públicos que pagamos todos los contribuyentes a la educación pública superior gratuita, sino que premió a las universidades privadas y demás instituciones de particulares, varias de las cuales habían sido cuestionadas por, incluso, infringir la prohibición de lucro. Además de favorecer a los dueños de las instituciones privadas, esta beca de gratuidad es discriminatoria, ya que se destina a las instituciones en atención a las condiciones socioeconómicas de los padres de los estudiantes y no es concebida como un derecho, ya que cada año los estudiantes deben postular a ella”, aseguró. ¿

En cuanto a la educación escolar, la académica agregó que “llegamos a la conclusión que ella ha hecho un verdadero golpe a la educación pública. La ley de inclusión y no lucro, no se hizo con ese fin. La inclusión no se logrará, porque se destinaron con prioridad los recursos públicos a los dueños de los colegios particulares subvencionados, cuando en rigor debían destinarse a los colegios públicos”.