Tras cambiarse desde Isapre a Fonasa, Elizabeth (27) decide ir al consultorio de su comuna, La Florida, a averiguar las opciones que desde la salud pública son ofrecidas para mujeres como ella, jóvenes y sin hijos, en lo que refiere a métodos de anticoncepción permanente. Va a la cita en la fecha y hora indicadas, es atendida por una matrona que, según cuenta, lleva 42 años trabajando en el sistema público y a la cual, sin rodeos, le pregunta: “¿Cómo lo hago para que me pongan una T de cobre?”. La matrona, luego de salir de la sorpresa, le pregunta de vuelta: “¿Has tenido hijos?”. Elizabeth responde con una negativa. “Si eres nulípara, es imposible que en un consultorio accedan a implantarte un dispositivo intrauterino (DIU), ya que nosotros nos regimos por una normativa del Minsal donde aparece especificado este punto”.

El documento citado por la matrona corresponde a las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, publicado por el Ministerio de Salud en el año 2008. En él están descritos con detalle todos los métodos de planificación familiar dispuestos por el Estado en el sistema público, cada uno con una lista respectiva de beneficios y riesgos que presenta. En lo que refiere a la T de cobre, aparecen consideraciones sobre los peligros —muy escasos— de infección al momento de su inserción en el cuello uterino y sangrados posteriores, pero nada dice sobre la nuliparidad, es decir, la ausencia de hijos, en cuanto a su relación con posibles efectos secundarios de este método anticonceptivo. Tales efectos, según estudios realizados en los años 2001 y 2014, han sido descartados en la actualidad y el uso de DIUs se considera seguro y recomendable desde la adolescencia, destacando que su acción es reversible al poco tiempo después de que la mujer toma la decisión de retirarlo.

Pamela Eguiguren es matrona y también jefa del programa Salud y Comunidad de la Universidad de Chile. Cuenta que detrás de las razones que los servicios de salud pública esgrimen para obstaculizar el acceso a la T de cobre existe una voluntad de impedir que las mujeres tomen decisiones informadas. “El motivo por el que podría objetarse la implantación de la T de cobre, desde el punto de vista médico, tiene que ver con que no hay fertilidad probada en mujeres nulíparas. Sin embargo, una mujer informada puede asistir a un consultorio y decir que, pese a ello, quiere ponerse el implante y no debería haber mayores problemas”. En cuanto a la reticencia que tienen médicos y matronas a poner a disposición de sus pacientes todas las opciones disponibles para el control de la natalidad, Eguiguren sostiene que hay una apropiación de la reproducción y las decisiones de las mujeres desde el sistema médico. “Esto también está presente cuando hablamos de la esterilización. Las jóvenes que han tenido accidentes vasculares, donde el uso de anticoncepción hormonal está contraindicado, o que no quieren tener más hijos tienen que peregrinar por todas partes para encontrar un médico que esté dispuesto a esterilizarlas”.

Hoy, pese a la existencia de una normativa y de que los procedimientos están abiertos para que una mujer que ha tomado la decisión de esterilizarse pueda hacerlo, el visto bueno debe darlo el jefe de servicio clínico. “Su opinión tiene mucho más peso, finalmente, que la de la paciente”, dice Eguiguren.

Foto: Getty Images

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No quiero estar fértil

“Imagínate que incluso para mamás que ya tienen cuatro hijos a pedir que las esterilicen la cosa no es tan fácil”, continúa la matrona, a la vez que llena la ficha de la paciente. “Esa decisión, finalmente, tiene que tomarla un médico después de consultar con nosotras y con la asistente social a cargo”. Elizabeth, a la pregunta sobre su actual método anticonceptivo, contesta que está con pastillas diarias cuyo precio de referencia, como lista el laboratorio que las importa, es de $11.489. “Pero si te atiendes con un médico particular, probablemente él consienta la implantanción de la T de cobre, aunque no sale gratis”.

En el año 2012, el reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas estipuló por primera vez la planificación familiar como un derecho humano. El libre acceso a la anticoncepción es clave en la disminución de las tasas de aborto. No obstante, las mujeres que, pese a tener claro que no quieren ser madres en el mediano plazo, no cuentan con los medios para financiar métodos de control de natalidad semi-permanentes se encuentran a la deriva, enfrentándose solas a todas las trabas que pone el sistema público para impedir su uso. El problema en torno a sus costos es central para entender por qué el Estado, en este momento, no se está haciendo cargo de este aspecto, del que se habla poco en medio del debate por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que, sin embargo, tiene que ver con el mismo principio que fundamenta la postura a favor del aborto: la consagración de la autonomía reproductiva de las mujeres chilenas.

Aborto y planificación familiar no son la misma cosa. Me parece importante hacer la distinción puesto que igualar ambos fenómenos es la estrategia discursiva que utilizan los sectores conservadores para condenar al primero, al plantear la consecuencia imaginaria de que, si se despenaliza el aborto, todas las mujeres querrán hacerlo y en todo momento”, aclara Viviana Díaz, lesbiana feminista y médica.

En la historia de la planificación familiar en Chile, cuenta, existieron, en un momento, tres grupos: las mujeres de clase baja que, al no tener los recursos ni la información para acceder a métodos de control de natalidad seguros y eficaces, se practicaban abortos con ese fin, con un riesgo enorme para su salud; un sector intermedio, que evitaba embarazos a través de métodos de muy mala calidad, como lavados post-coitales; y las de clase alta, que controlaban su fertilidad y que, además, se realizaban abortos toda vez que estos fallaban, porque los métodos siempre han fallado. “La T de cobre que está disponible en los consultorios —no hormonada, barata, confiable, duradera y que no requiere mayor atención de la mujer porque se implanta y listo— no tiene restricción de edad según la norma del Ministerio de Salud. Sin embargo, hay dos causas por las que su uso no está masificado: una, la idea popular de que la T de cobre está obsoleta y que no funciona, aunque esto último no es cierto ya que el método que suele fallar es el hormonal; la otra, que los anticonceptivos hormonales son más caros y la industria farmacéutica recibe gran parte de sus ganancias gracias a su comercialización”, explica Díaz.

Las reglas de la Regla

“¿Me tomé la pastilla?” es una pregunta que todas las mujeres que siguen el tratamiento anticonceptivo más común se han hecho. Las más diligentes tienen una alarma en el teléfono que les recuerda la hora en la que deben realizar este proceso. En marzo, durante una de las discusiones del proyecto de ley por la despenalización del aborto, el diputado José Antonio Kast (UDI) declaró que “solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo”. Pese a lo que cree el sector “pro-vida”, la pregunta inicial no deja espacio a dudas: hoy nosotras, con todas las restricciones, ejercemos diariamente nuestro derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción. No obstante, la forma tampoco está exenta de cuestionamientos: por un lado, no es 100% eficaz; por otro, enmascara el hecho de que, como cualquier método anticonceptivo hormonal, los cambios químicos que produce en el cuerpo de una mujer muchas veces trae efectos secundarios que podrían evitarse, por ejemplo, mediante la garantía de acceso a la ya mencionada T de cobre.

“La noción de que la responsabilidad en la reproducción es exclusivamente femenina está sustentada por el patriarcado”, explica Díaz. “Las mujeres ovulamos una vez al mes y el óvulo permanece vivo durante tres días. Los hombres eyaculan todas las veces que pueden. Por simple lógica, bajo lo anterior, quienes tendrían que controlar su fertilidad son los hombres”.

En el libro Testo Yonqui, el autor Paul Preciado indica que “el estrógeno y la progesterona, bases moleculares de la producción de la píldora anticonceptiva, son hoy, desde su invención en 1951, las sustancias más fabricadas por la industra farmacéutica mundial”. Lo extraño, sigue, no es su producción en masa, “sino el hecho de que estas moléculas sean utilizadas con prioridad y casi exclusivamente sobre el cuerpo de las mujeres”.

Para Pamela Eguiguren, el sistema médico se siente con todo el derecho, acorde a su ideología y consideraciones, de tomar las decisiones que le corresponden la mujer. “En todo orden tú puedes ver cómo el sistema tiene, en la práctica, el poder de brindarte o no la información y el acceso a otros métodos que no sean hormonales; y lo ejerce sin una reflexión sobre los intereses y derechos de la paciente. Esto es evidente en el caso de las vallas que pone entre las mujeres jóvenes y sin hijos, y la anticoncepción permanente o semi-permanente, pero también en los casos de esterilización forzada”. En el 2014, el Centro de Derechos Reproductivos y la organización Vivo Positivo presentaron el caso de una mujer con VIH que en Curicó, el 2002, fue esterilizada sin su consentimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Una entrega ética de información de parte de las matronas es indicarte todos los métodos que están estipulados en la normativa del Minsal, decirte los riesgos y darte a ti la elección”, explica Díaz, en particular considerando que la mayoría de las mujeres que se atienden en el servicio público son pobres. “Dentro del escaso margen que tenemos nosotras para decidir sobre nuestros cuerpos, la decisión sobre los mecanismos de control de fertilidad debería ser lo mínimo a lo que podemos acceder”.

Foto: Agencia Uno

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Educación y acceso a la salud reproductiva: Una deuda pendiente

Tras finalizar el examen de rutina, el PAP, en el que la matrona toma una muestra del cuello uterino de la paciente y la envía a su análisis en laboratorio para descartar la presencia del virus del Papiloma Humano (VPH), Elizabeth insiste en saber si hay otras alternativas de anticoncepción de larga duración a las que sí pueda optar. La matrona la tranquiliza: “Lo que ofrecemos desde el sistema público y que se ajusta a lo que pides es el implante subcutáneo, que dura tres años. Eso sí, voy a indicar en el mesón que anoten en tu tarjeta una fecha para asistir al taller sobre salud reproductiva que una colega imparte aquí. Es importante que una decisión así la tomes en plena conciencia de lo que significa”.

En los consultorios existen las consejerías, talleres impartidos por una matrona sobre distintas materias, entre las que se cuentan la anticoncepción a largo plazo e infecciones de transmisión sexual. El problema que esto presenta, indica Díaz, es que “de 50 personas que trabajan en un consultorio, sólo dos están capacitados para dictar las consejerías. Entonces conseguir esa hora es muy difícil y llega a ser absurdo puesto que para poder, por ejemplo, hacerte el examen de VIH, primero debes haber asistido a una consejería y está el inconveniente de que nunca hay horas disponibles y, por lo tanto, se retrasa la atención”.

Elizabeth va al mesón después de finalizar la consulta y ahí le indican que no hay horas disponibles de consejerías durante septiembre y que todavía no está hecha la calendarización de octubre. “Tiene que venir otro día”, le dicen. Viviana Díaz profundiza en este punto: “Una mujer que va al consultorio a pedir el implante subcutáneo debe pasar primero por consejería; y para que consejería la atienda es posible que pasen dos meses. En el intertanto, es muy posible que la mujer se embarace y entonces ya no sirve todo el proceso”. Es el doble discurso del Estado, que afirma garantizar el acceso a todos los métodos a la vez que presenta todas estas dificultades y pasos previos para, finalmente, hacer uso de ellos.

En Chile, hasta la fecha, no hay ninguna manera legal de interrumpir un embarazo. La única vía formal para no parir es prevenir que la fecundación ocurra, pero el foco en los equipos de Atención Primaria de la Salud (APS), que son quienes están más cerca de la comunidad, “está puesto en lo asistencial y la enfermedad más que en la prevención, la garantía de información y la participación comunitaria”, narra Eguiguren. “No existen los recursos humanos ni económicos de parte del Estado para fomentar esta última perspectiva. Mucha gente joven llega a trabajar a los consultorios con las ganas de hacer algo, de imprimir un cambio y se encuentran también con obstáculos desde arriba”. Ella afirma que existe una deuda de parte de los profesionales de la salud con las mujeres, que va desde el proceso formativo hasta lo que se hace en la práctica en el consultorio.

La penalización del aborto y los problemas descritos en relación con la anticoncepción a largo plazo son las dos caras de un mismo problema, que es la permanente vigilancia y norma sobre el cuerpo de la mujer. Chile, que se piensa en términos de progreso, avance y autonomía, tiene a sus mujeres viviendo en la premodernidad al vulnerar su soberanía individual. Díaz no es muy optimista en cuanto a las soluciones, pero sí cree que dar la pelea en los consultorios por estos otras vías de control de natalidad es importante. “Desde el feminismo tenemos que adoptar una actitud fiscalizadora con la salud y cuidarnos entre nosotras mismas. Si tú vas a un Centro de Salud Familiar e insistes en que quieres la T de cobre, con mucha paciencia, es probable que ganes el gallito”. Es lo que se puede hacer mientras el poder legislativo alarga innecesariamente la discusión sobre las tres causales del aborto, sin olvidar el hecho de que este es uno de los cinco países en el mundo que lo tipifica como delito y lo castiga con cárcel.