A través de una entrevista dada a la radio colombiana Blu Radio, el delegado de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Colombia Jean Arnault, descartó la presencia del general (R), exconsejero del SERVEL y procesado por complicidad y encubrimiento en el caso Caravana de la Muerte como miembro de la misión de verificación del histórico momento que vive ese país.  “Tiene antecedentes penales y es una regla absoluta que cualquier personas civil o militar que tenga antecedentes penales no pueda llegar a ser observador, este señor no tiene posibilidad de llegar a Colombia como observador”, manifestó el diplomático.

“Lo que les puedo decir es que independientemente de lo que la defensa del general diga, no existe ninguna posibilidad de que eso prospere a través de Naciones Unidas”, descartó, agregando que  “hay dos situaciones; la primera, es que esta misión tendrá al final del mes unos 400 observadores y solo hay dos generales, y ya fueron nombrados; no veo por qué vía este general podría entrar, somos extremadamente cuidadosos con relación al perfil y los antecedentes de los observadores, por razones obvias, nuestra misión perdería toda credibilidad”, señaló Jean Arnault.

En tanto, el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior decidió apelar al permiso otorgado por el ministro Mario Carroza, debido a la “gravedad” de los hechos que se le imputan a Juan Emilio Cheyre. “Como querellantes en este caso, perpetramos un recurso de apelación en contra de una resolución que nos causa agravio. Por la gravedad de los delitos y número de víctimas, el programa interpuso un recurso de apelación contra la resolución dictada por el ministro”, dijo a radio Cooperativa la directora del programa de DD.HH. de Interior, Catalina Lagos.  

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), que también es querellante en el caso Caravana de la Muerte, rechazó la decisión calificándola como “impresentable y violenta”. “Pensar que estando procesado y teniendo otras causas en haberes, vaya a un proceso tan relevante a un país hermano a hablar de la vuelta a democracia o plantear que se vuelva al país a lo que hemos vivido nosotros, realmente no tiene sustento jurídico ni político”, declaró ayer Alicia Lira, presidenta de tal organización.