La Corte Suprema ratificó hoy la sentencia que condenó a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Mónica Ghislayne Llanca Iturra, quien era funcionaria del Gabinete Central de Identificacion del Registro Civil y simpatizante del gobierno de la Unidad Popular.

Según ha declarado su esposo, Manuel Maturana, “el 6 de septiembre de 1974, a las 3:30 horas de la madrugada unos golpes rudos sacuden la puerta de nuestra casa en Conchalí (Cordillera de los Andes 5319) entran unos hombres armados, 2 civiles y los otros uniformados de la FACH, al mando de un hombre que coincide fisicamente con los rasgos de Osvaldo Romo Mena, sin exhibir orden alguna ni formular ningún cargo, excepto que deberían llevársela. Yo les exigí me mostraran la orden de detención, a lo que me respondieron en forma negativa. Les propuse que me llevaran a mi, pues ella tenia que estar con la guagua de 2 años y 2 meses. Pero todo fue en vano, luego de proceder a allanar la casa sin encontrar nada que la comprometiera, solo la dejaron que sacara del baño un cepillo de dientes, y de paso se despidió de mi con un beso tembloroso que todavía lo siento”.

En fallo unánime (causa rol 7.372-2016), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– rechazó los recursos de casación presentado en contra de la sentencia que condenó a los agentes Miguel Krassnoff Martchenko a 7 años de presidio, y Basclay Zapata Reyes y Orlando Manzo Durán a 5 años y un día de presidio.

En julio de 1975  medios de comunicación informaron que se encontraba en una lista de 119 personas ultimadas en Argentina , operación de desinformación que se denominó Colombo. “Como se pudo comprobar con posterioridad, fue efectivamente una acción de inteligencia articulada por organismos de seguridad del gobierno militar, tendiente a encubrir la desaparición de 119 opositores que fueron detenidos en Chile, tanto en sus domicilios como en sus fuentes de trabajo o universidades, y luego pasaron a ser ejecutados. Operación que tuvo finalidad de difusión y desinformación”, señala el fallo.

Semanario argentino “Vea”, parte de la Operación Colombo