Desde la cárcel de Lebu, trece presos políticos mapuche denunciaron a un capitán de la unidad de inteligencia de Carabineros de estar detrás de varias detenciones irregulares en las que varios comuneros, según denuncian, habrían sido “cargados” con municiones de pistola y escopetas con el objeto de llevarlos ante la justicia y dejarlos en prisión preventiva. El aludido es el capitán Leonardo Osses Sandoval, quien en paralelo está procesado por la Fiscalía Militar en el marco de una investigación por la pérdida de un arma y municiones desde un cuartel policial en la ciudad de Angol. Este hecho lo mantiene con arraigo nacional pero aún activo en sus funciones, lo que alimenta la sospecha de los comuneros.

Cuatro de los comuneros privados de libertad que realizaron la denuncia se encuentran imputados por el delito de porte de municiones. Existen otros dos casos donde los imputados permanecen en libertad con medidas cautelares y en los que se repite el mismo modus operandi. El denominador común en estos casos es la participación de los mismos policías en los distintos procedimientos, todos pertenecientes a Sección de Investigación Policial (Sipolcar) y la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía, esta última dependiente de la nueva Prefectura Araucanía Control y Orden Público, con jurisdicción exclusiva en las zonas de conflicto mapuche.

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El caso más llamativo es el de Oscar Cona Viluñir, quien registra dos detenciones similares siendo formalizado en ambas ocasiones por porte de municiones, que a la postre le valieron la prisión preventiva. El 21 de abril fue detenido en el sector Alto Lleu Lleu en el camino público que enlaza el sector de Antiquina con la comuna de Contulmo. Según da cuenta el parte policial, se trató de una fiscalización vehicular de rutina en la que Cona habría intentado huir. Tras ser detenido, detalla el parte policial, “el teniente David Gaete Beltrán procedió a la revisión de las vestimentas del detenido, encontrándole en el bolsillo derecho de su pantalón la cantidad de 6 cartuchos calibre 9mm”. Paralelamente, “el suboficial mayor Juan Meza Terán procedió a revisar el vehículo hallando en la guantera 5 cartuchos calibre 12 y 2 cartuchos calibre 16”. Fue formalizado en Cañete y quedó con medidas cautelares.

Casi dos meses después, el día 16 de junio, en un procedimiento similar, Cona Viluñir volvió a ser detenido. Otra vez en su vehículo y en el mismo camino público. El parte policial señala que “Al realizar el registro de éste, el cabo Muriel Navarrete Zapata encontró en la parte delantera del habitáculo, específicamente en la guantera ubicada al costado derecho, lugar donde mantenía 4 cartuchos calibre 9mm sin percutar. De igual forma, mientras el capitán Leonardo Osses Sandoval revisaba el portamaletas del móvil, observó que había una mochila tipo militar, la cual registró logrando establecer que mantenía en su interior 5 cartuchos calibre 9mm”. Cona Viluñir fue nuevamente formalizado y quedó en prisión preventiva.

En conversación con El Desconcierto desde la cárcel de Lebu, Cona se defiende y acusa ser víctima de un montaje. Asegura que en ambas detenciones fue “cargado” con las municiones al no cumplir con las expectativas de sus aprehensores. “Cuando me detuvieron la primera vez me llevaron hasta orillas del río Lanalhue y me empezaron a preguntar por algunos peñi. El que hacía las preguntas era el capitán Osses, quien además me decía que le dijera dónde estaban las armas”.

En la segunda detención, en la que fue golpeado y sufrió la fractura de tres costillas -según confirmó el parte médico del hospital KalvuLlanka de Cañete-, lo mantuvieron retenido en la comisaría de Contulmo, donde “el capitán Ossesme dijo que mirara la mochila que estaba en un rincón y que pensara cómo se vería con algunas municiones adentro”.

Cona es parte la comunidad Caupolicán, la que mantiene conflictos territoriales con las empresas forestales Arauco y Volterra en el sector alto de Lleu LLeu, a orillas del lago del mismo nombre, en el sur de Cañete.

El modus operandi de Carabineros es reafirmado por Juan Carlos Millanao de la comunidad Wechun de Lleu Lleu, también preso en Lebu, capital de la provincia de Arauco. Detenido el pasado 24 de agosto luego de permanecer 6 años en la clandestinidad, Millanao asegura que el propio policía que lo detuvo le reconoció el nuevo modo de actuar de carabineros.

El policía aludido es el suboficial mayor Juan Meza Terán, también presente en la detención de Cona Viluñir,“al que conozco por detenciones anteriores”, según afirmó Millanao en diálogo con este medio. “Cuando me llevaban detenido hacía Cañete, Meza Terán me dice “no te preocupes Millanao, si esto es solo un trámite. Te van a soltar de inmediato. Ahí yo le dije, pero ustedes andan cargando con municiones a todos los peñi. Eso es loque la está llevando, me respondió como entre risas”. El capitán Osses dirigía el operativo.

Millanao es detenido a eso del mediodía y seis horas después, luego de tener contacto con su abogado, se enteró que sería formalizado por el porte de 17 municiones calibre 12, los que aparecieron en su bolso una vez estando en la comisaría. Quedó en prisión preventiva.

“El regalito”

El 26 de junio en Quidico, caleta ubicada 10 km al norte de Tirúa, es detenido en un control carretero el comunero José Mariñan de la comunidad Maria Colipi Viuda de Maril. Conducía en estado de ebriedad, por lo que fue detenido. Mariñan recuerda que cuando era trasladado a Cañete el teniente de la Sipolcar, Nicolás Concha Miranda le dice: “Te voy a dejar un regalito en la guantera, de ahí tú te las arreglas, pero no vas a salir tan fácil”.

Mariñan añade: “Cuando llegué a la comisaría me dijeron, tu vienes por ebriedad y mañana te soltamos. Pero más tarde me dijeron que estaba detenido por porte de municiones. Ahí me acordé del regalito”.

En la audiencia de formalización, el fiscal dijo que nueve balas 9mm fueron encontradas en el bolsillo derecho del pantalón. “Pero nunca me revisaron”, alega. Hoy permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Dos semanas después, el 13 de julio, Juan Carlos y Javier Mariñan, hermanos de José, fueron detenidos en las cercanías del fundo Labranza, predio que se encuentra en conflicto entre la forestal Mininco y la comunidad María Colipi. Según informó carabineros, en la camioneta en la que se desplazan los hermanos Mariñan se encontraron dos escopetas y municiones 12 mm. El teniente Concha era parte del operativo.

En la audiencia de formalización, donde Juan y Javier Mariñan quedaron con prisión preventiva, se registraron incidentes. En señal de protesta, comuneros mapuche destruyeron los ventanales del tribunal y desde aquel día un fuerte contingente del Gope de Carabineros resguarda el edificio cuando se celebran audiencias de comuneros mapuche.

Militarización

En un comunicado difundido ayer, los presos políticos mapuche señalaron que esta nueva política de persecución y judicialización de la demanda mapuche es parte de la nueva estrategia diseñada por el gobierno, la que está en marcha desde enero de este año a través de la implementación de la nueva Prefectura de Carabineros Araucanía Control y Orden Público, con asiento en la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla. Bajo el mando de esta prefectura están las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, en Arauco; La Araucanía y la zona norte de la Región de Los Ríos, es decir el territorio que contempla las movilizaciones del movimiento mapuche.

Esta nueva prefectura es dirigida por el general Máximo Lira y el nuevo organigrama incluye una nueva logística e infraestructura destinada a perseguir a las comunidades en resistencia y así dar mayor seguridad a las empresas forestales. La Prefectura Araucanía Control y Orden Público tiene bajo su alero la nueva Sección de Operaciones Especiales de La Araucanía, la sección Aérea Araucanía, la Prefectura de Fuerzas Especiales N° 32, la Primera Comisaría de Fuerzas Especiales de Temuco, la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales, la Tercera Comisaría de Fuerzas Especiales de Mallleco, la Subprefectura de Fuerzas Especiales de Arauco y la Cuarta Comisaría de Fuerzas Especiales de Los Alamos, además de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada que tiene entre sus oficiales al aludido capitán Osses.

Según reconoció en marzo de este año el propio general de Carabineros, Bruno Villalobos, frente a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la situación de violencia en La Araucanía, en las regiones del BíoBío, Araucanía y Los Ríos, Carabineros tiene 1.389 oficiales en la zona, con 50 vehículos blindados y 93 semiblindados, además de drones y aviones sin tripulantes para cumplir su laborenfocada, primordialmente, a proteger intereses de empresas forestales, la que incluye extensos patrullajes y masivos controles carreteros a la población civil.

El Capitán

En el mismo comunicado público difundido ayer, los presos políticos mapuche acusaron al capitán Leonardo Osses Sandoval, perteneciente a la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía, de “fabricar” todas las detenciones por porte de municiones. “En lo que respecta a los controles vehiculares, carabineros arbitrariamente y sin pruebas detiene comuneros de lof en lucha, proceden a cargarlos con armamentos y municiones para justificar sus procedimientos y posteriormente encarcelarlos, amparándose en la nueva ley de armas que endurece las penas generando la automática prisión preventiva para quien sea acusado de porte y tenencia de armamentos y/o municiones”, acusaron en el documento.

Agrega el texto: “Hoy sabemos que estos montajes han sido fabricados por unidades de inteligencia de carabineros a cargo del capitán Leonardo Osses Sandoval, quien ha estado presente en al menos seis casos donde se ha puesto de manera artificial armamento y/o municiones para encarcelar a comuneros”.

El oficial aludido no es cualquier policía. Es conocedor del conflicto que se vive al sur del Bío Bío y su nombre aparece en varias investigaciones ligadas al conflicto. Últimamente, ha hecho noticia por estar procesado por la fiscalía militar en el marco de una investigación que busca esclarecer el extravío desde la comisaría de Angol de una pistola 9mm y 15 municiones de igual calibre.

Según informó Radio BíoBío, “la investigación de la fiscalía militar se desarrolla desde el 2013, cuando quedó en evidencia el extravío de un arma 9 milímetros semiautomática con 15 tiros, que estaba asignada al capitán Leonardo Osses Sandoval de la unidad de inteligencia de Carabineros en Angol”.

De acuerdo a los antecedentes expuestos por este mismo medio, como en el libro de actas estaba consignado que Osses  se había llevado el arma de servicio y existía una investigación en curso, “el capitán de inteligencia ordenó rehacer el libro y destruir el original, el cual fue incinerado”.

Por la destrucción del libro, el fiscal militar Eduardo Padilla sometió a proceso al capitán Osses por el delito de “infidelidad en la custodia de documentos”. Lo anterior, por haber ordenado incinerar el libro original sin estar autorizado. Fue sometido al procedimiento de extracto de filiación y se encuentra con arraigo nacional. El auto de procesamiento fue ratificado en fallo dividido por la Corte Marcial, arriesgando, en caso de ser declarado culpable, una pena mínima de 61 días de presidio.

El mismo año 2013 el capitán Osses fue parte de la unidad policial que investigó la muerte del sargento del Gope de Carabineros, Hugo Albornoz, quien falleció durante un allanamiento en la comunidad WenteWinkul Mapu de Ercilla, en abril de 2012. Por la muerte del funcionario policial fue detenido y llevado a juicio el werken de la comunidad, Daniel Melinao. Tras estar nueve meses en prisión preventiva, fue absuelto por el Tribunal de Juicio Oral de Angol en enero de 2014. El juicio fue anulado, sustanciado nuevamente en mayo, con nuevo fallo favorable para el comunero.

Paradójicamente, en abril de ese mismo año, en el marco del octogésimo aniversario de Carabineros, el capitán Leonardo Osses Sandoval fue reconocido en Temuco con el “Premio Ministerio Público”, galardón que la fiscalía entrega a funcionarios policiales que aportan con antecedentes que ayudan a resolver casos de alta connotación pública.