Tras la polémica de la pensión de Myriam Olate, ex esposa del diputados PS Osvaldo Andrade y su millonaria pensión de $5,2 millones en Gendarmería, la institución quedó en el ojo del huracán por los altos montos de jubilación que entrega, en comparación a los míseros 190 mil pesos de pensión promedio para el resto del país.

Ahora, de acuerdo a un informe entregado por la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), en los últimos 10 años, 592 personas han accedido a pensiones superiores a las 60 UF. Es decir, más de 1.573.458 millones de pesos. Según informa hoy El Mercurio, 168 de esas personas corresponden a civiles.

A mediados de año, el controlor Jorge Bermúdez había declarado ilegal las pensiones que superaban el tope legal de las 60 UF. La información conocida hoy demuestra que esta pareciera ser una práctica extendida en Gendarmería.

El conocido caso de Myriam Olate, quien jubiló como subdirectora técnica en 2015 con un monto de $5,2 millones, es solo la sexta pensión más alta de la institución, aunque lidera el ranking en caso de funcionarios civiles. El ex subdirector operativo Luis Camino tiene la pensión más alta, con $6.037.622 todos los meses. El ex director nacional, Juan Jaime Letelier tiene una jubilación de $5,6 millones, mientras que el coronel Javier del Carmen Becerra obtiene $5,3 millones cada mes. Más atrás aparece Héctor Ahumada, quien se retiró en 2012 con pensión de $3,7 millones.

De la diez pensiones más altas, todas superan los 3 millones de pesos. Solo en 2015 se jubilaron 124 personas con una jubilación superior al monto legal.

Por su parte, la Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena) -donde cotizan los miembros de las Fuerzas Armadas- reveló que desde 1998 ha entregado 36 pensiones sobre  $1.500.000.

Toda esta información fue entregada al diputado PS Leonardo Soto, presidente de la comisión investigadora de la Cámara por las eventuales irregularidades en la entrega de pensiones por parte de Capredena. El parlamentario aseguró que van a “analizar y estudiar situaciones de irregularidades que se pueden haber producido en otorgamiento de pensiones en los dos sistemas” y la “viabilidad y justificación que tiene este sistema público de pensiones”.