La noticia del juez Sergio Moro aceptando la denuncia de la Fiscalía brasileña contra el ex presidente Lula da Silva ha dado la vuelta al mundo. Hace una semana, el fiscal Deltan Dallagnol acusó al líder del Partido de los Trabajadores de ser “la cabeza de una organización criminal” y de ser el “comandante máximo” del esquema de corrupción de la operación Lava Jato, que involucra a toda la clase política del país.

Moro también decidió procesar a la esposa del ex mandatario, Marisa Leticia, al presidente del Instituto Lula Paulo Okamoto y al ex presidente de la constructora OAS Leo Pinherio.

Sin embargo, al igual que en el impeachment que terminó con la destitución de Dilma Rousseff, una mirada más atenta a las pruebas presentadas parecieran dar la idea de que los argumentos son más políticos que jurídicos. El hecho de que Lula sea procesado no es menor, pues sigue siendo el candidato que más marca en las encuestas de cara a las presidenciales de 2018.

Estrictamente, denuncian a Lula por el desvío de 87 millones de reales y por otros 3,7 millones en lavado de dinero. Arriesga una pena de 2 meses a 16 años y 6 meses de prisión. La fiscalía argumenta que la empresa OAS habría aceptado reformar y amueblar un lujoso departamento tríplex en Guarujá, en Sao Paulo, a cambio de contratos favorables con la estatal Petrobras.

Lula insiste en que no existen pruebas de eso. “Me he ganado el derecho a caminar con la cabeza erguida. Prueben un solo acto de corrupción mía e iré andando a la comisaría como la gente va a Aparecida do Norte para pagar sus pecados”, dijo el ex presidente, en referencia a una peregrinación católica.

El propio juez Sergio Moro, tras anunciar el procesamiento de Lula, trató de poner paños fríos al asunto y aseguró que esto es solo un pasó previo y que la culpabilidad no está comprobada. “Ciertamente, tales elementos probatorios son cuestionables, pero, en esta fase preliminar, no es necesaria una conclusión en cuanto a la presencia de la responsabilidad penal, sino sólo justa causa”, afirmó.

“No es sinónimo de un juicio concluyente”, agregó Moro.

Consultado por el medio Brasil de Fato, el abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo Pedro Esetvam Serrano declaró que es “absolutamente ilegal que un agente del Estado afirme [públicamente] que un ciudadano es ‘comandante máximo de un grupo criminal’ sin brindar oportunidad de defensa. En este caso, el agente está faltando a su deber jurídico de preservar la imagen y la figura del acusado”, en referencia a los dichos del fiscal Dallagnol.

“Moro ha demostrado que la investigación solo desaparecerá cuando Lula esté tras las rejas“, dijo Rafael de Paula Aguiar Araujo, profesor de la Ciencia Política de la PUC de Sao Paulo a The Associated Press.

La acusación de ser el cabecilla de Lava Jato genera diferencias en Brasil. Incluso en los principales medios, antes alineados por el golpe a Rousseff, ahora marcan distancia. La operación Lava Jato, la que acusan de liderar a Lula, es tan amplia que recientemente se supo que el actual canciller José Serra, del PSDB, recibió 23 millones de reales de la empresa Odebrecht en su campaña a la presidencia en 2010. Otras figuras, como el ex candidato presidencial Geraldo Alckmin, también se han visto involucrados en casos de corrupción ligados al Lava Jato, sin que la justicia accione contra ellos todavía.