La semana pasada la cámara de diputados aprobó el informe de la comisión investigadora sobre la violencia en la Araucanía. El documento concluye que la violencia tendría 2 causas principales: Un sistema de asignación de tierras que incentiva las acciones violentas al favorecer a las comunidades movilizadas. Una movilización por la tierra que es el resultado de la agitación provocada por agentes externos al mundo mapuche. Según consigna el mandato inicial de la comisión, uno de sus objetivos era “recabar de la Fiscalía Nacional de Colombia toda la información en relación a la vinculación de ciudadanos chilenos con actividades paramilitares y su eventual entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.  Por supuesto las demandas de autonomía y autogobierno mapuche reflejarían esa introyección de ideas externas. Así lo sostienen con fuerza los diputados de la UDI y RN que integran la comisión.  Para los representantes de la nueva mayoría, solo un tímido contrapunto: avanzar con “gestos simbólicos” como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. En lo que hay acuerdo unánime es en aumentar las prerrogativas de las policías y la aplicabilidad de la ley antiterrorista para acabar con la violencia.

Este tipo de reflexión sobre la violencia en territorio indígena y sus conclusiones -la imposibilidad del autogobierno- no es nueva en Chile y, con matices, en todo el continente.  Al contrario, son conceptos y nociones que perseveran desde la conquista y colonización; dispositivos de control desplegados desde los primeros “contactos” entre españoles e indígenas. Para ilustrar esta idea mostraremos, en una breve genealogía sobre la negación del autogobierno indígena, tres 3 hitos históricos que dan cuenta de la fuerza de esos conceptos.

Los primeros cronistas, en el siglo XVI, coincidían en que los indios eran “Gente sin fe, sin ley, sin rey”.  Esa idea, según el antropólogo Pierre Clastres[i], no se estableció a partir de una observación empírica sobre la organización política de las sociedades amerindias.  Se basó en que los europeos no encontraron Estados (reyes) y la maquinaria coercitiva a la que estaban acostumbrados en el viejo mundo. Y aunque había situaciones más familiares (imperios Inca y Azteca) el pensamiento europeo dedujo que, de la ausencia de estados en las sociedades Amerindias se derivaba la carencia de política: eran sociedades pre-políticas. Luego, en esa lógica tomista que traían los conquistadores, que la carencia de política era la ausencia de Dios y su manifestación en la tierra, moral y leyes que armonizaran la sociedad. Es fácil encontrar la potencia etnocida de ese discurso. Hay una justificación civilizatoria a la violencia colonial: se trata de violencia legal que redime la violencia salvaje.

Volvamos a Chile. En una carta de 1870, Cornelio Saavedra escribió al ministro de guerra Francisco Echaurren acerca de la necesidad de acelerar la ocupación de la Araucanía porque, entre otras cosas, existía el riesgo de que otros Estados se adueñaran del territorio que legítimamente correspondía a Chile[ii]. Esa preocupación la encarna la figura del francés Orélie Antoine de Tounens, el “rey de la Araucanía”. Saavedra gastó mucha tinta alertando sobre las intenciones de este “intruso” y su “reinado en ciernes”. Incluso llega a notificar la presencia de un vapor de guerra francés – el D’Entrecasteaux- que recaló, por esas fechas, en el puerto de Valdivia. Por todo lo anterior, escribe, es urgente pasar a una nueva etapa en la ocupación (la carta marca la mitad de pacificación de la Araucanía). El trasfondo es el mismo, con una leve iteración evolucionista según el pensamiento dominante de la época: Los mapuches carecen de Estado y política. Son incapaces de dotarse de organización estatal así mismos por lo que algún agente externo tendrá que custodiarlos en esa superación del salvajismo pre político. Y, si no es el gobierno chileno, será el argentino, o ¡un protectorado francés! Pero en ningún caso son los mapuche pensando en términos políticos.  Da igual que en ese hecho histórico puntal haya sido el cacique Quilapán quien invitó a Orélie en lo que parece ser una posibilidad estratégica para asegurar la independencia de los territorios mapuche. Para Saavedra y el Ministro se trata de un extranjero que busca imponer su dominio político sobre unos individuos pre políticos. Ante esa coyuntura, la violencia que despliega el estado es política –defensiva-, la de los indios, producto del engaño. Saveedra notificó al Ministro respecto de una partida de 600 hombres “para que internándose en el territorio ocupado por los indios rebeldes, persiga a estos i (sic) les cause el mayor daño posible en sus vidas e intereses, hasta obligarlos a someterse a las autoridades de la República i (sic) a entregar al aventurero Antonio Orelie” (1870).  

Ese ejercicio de violencia civilizatoria permitía: “Así también se despejaría el asilo de los malhechores i [sic] se cerrería la puerto a las locas aspiraciones de cualquier aventurero extraño, que halagando en los salvajes las naturales propensiones de rapiña, pretende erigir dentro de nuestro país en un poder autonómico que, quien sabe, si no contaría con alguna protecciones que no sospechamos”(1870).

Cuando un político dice que las FARC, la ETA, el MIR o el PC están detrás de las demandas de autonomía se rescribe el discurso de los conquistadores. De manera automática se instala la idea de que los mapuches son incapaces de formular propuestas políticas y son otros (extranjeros y chilenos) los que instalan demandas en su nombre. La violencia sería siempre el resultado de esa suplantación del Estado como único representante político del territorio indígena. Por eso la insistencia en despolitizarlo; en ello está en juego la construcción de la nacionalidad chilena que ha reducido (doblemente) a la sociedad mapuche al lugar de “sustrato racial”  que sostiene el mestizaje que prefigura. La comunidad mapuche debe entonces sostener un papel mitológico necesariamente despolitizado. De ahí el escándalo que produce su demanda política y verlo convertido en sujeto político por fuera del rol que cumple en el imaginario nacional[iii].

La gran mayoría de las organizaciones políticas mapuche se restaron de participar en la comisión. No podía ser de otra manera si la metodología y los objetivos anticipaban las conclusiones a las que llegaría. Hoy, el pensamiento anticolonial, que nutre a las fuerzas mapuche, corre con la misma prisa que las categorías colonialistas que heredamos, para desactivarlas. Bien que así sea.

 

Notas

[i]Pierre Clastres (2013). La Sociedad contra el Estado. Disponible  en el siguiente link

[ii] Coornelio Saaveda (1870). Documentos relativos a la ocupación de Arauco. Disponible en www.memoriachilena.cl

[iii] André Menard (2011). Archivo y reducto. Sobre la inscripción de lo mapuche en chile y argentina. Disponible en el siguiente link


Javier Alvarez Sociólogo UC, Magister en Ciencias Sociales UCH, Diplomado Etnicidad y Benjamín Infante, Historiador U de Chile, Profesor de Educación Media y militante de Izquierda Libertaria.