Dirigentes sindicales y organizaciones ciudadanas entregaron al Ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier un texto con Propuestas para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en base a restaurar el principio precautorio, la justicia ambiental y el derecho a la participación ciudadana.

Los dirigentes destacaron que la aplicación de estos tres principios permitirían ajustar el SEIA al mandato constitucional de garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a proteger la naturaleza, y también legitimar una institucionalidad robusta, transparente y que vele por la sustentabilidad ambiental y la equidad de derechos en los territorios.

Como señalan desde Chile Sustentable, la propuesta sindical y ciudadana se trabajó durante 2015 y 2016, en el marco de la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria (CSCP) la cual nació como alternativa a la Comisión Asesora Presidencial sobre modificación al SEIA(constituida mayoritariamente por gremios empresariales y consultoras)  en un intento de democratizar la discusión y propuestas para las reformas al SEIA.

Al respecto, Ezio Costa, de FIMA argumentó que “Nuestro objetivo al entregar este informe, elaborado por una comisión transversal y participativa, es que cualquier modificación al SEIA se haga en línea con los principios de derecho y la justicia ambiental”.

La delegación de la CSCP estuvo encabezada por Carlos Sierralta, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de Medio Ambiente (FENATRAMA), Sara Larraín y Nathalie Joignant de Chile Sustentable, Nancy Yáñez del Observatorio Ciudadano, Ezio Costa de la ONG Fima, y Ana Stipicic de Alerta Isla Riesco, quienes solicitaron al Ministro Badenier apertura  democrática y voluntad política  para  considerar  e incluir en las reformas legales y reglamentarias contenidas en el documento “Propuestas de la CSCP para la Reforma al SEIA”

Sara Larraín de Chile Sustentable, expuso las principales propuestas referidas al ordenamiento, compatibilidad territorial, área de influencia y efectos sinérgicos y acumulativos de los proyectos, considerando alternativas tal como recomienda la OECD; responsabilidad de las consultoras, fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental; la equidad en la participación ciudadana y el ajuste de la consulta indígena al estándar del Convenio 169.

Para Larraín “el SEIA hoy no se ajusta ni a la Constitución, ni al estándar recomendado por la OECD. El SEIA no debe estar supeditado a privilegiar a los inversionistas, sino que debe velar por la protección de los derechos ambientales de las comunidades y territorios”

En la misma línea Nancy Yáñez, hizo hincapié en la necesidad de romper las asimetrías estructurales que presenta el SEIA y que se expresan fundamentalmente en: la excesiva centralización y politización de las decisiones ambientales a través del Comité de Ministros, que omite la ponderación de intereses regionales,  locales e indígenas; los exacerbados derechos conferidos a los titulares de proyectos, a quienes se confía la realización de los instrumentos de gestión ambiental y se les otorga plazos muy laxos para adecuar sus proyectos a las exigencias sobrevinientes en el  marco del SEIA; exigua participación ciudadana y una política sistemática de restricción de los derechos indígenas.

Ana Stipicic, de Alerta Isla Riesco, concluyó que “el SEIA se aplica acomodándolo a los intereses de las empresas. No es casualidad que en el caso de Mina Invierno, tengamos aprobación de cambios de proyectos sin participación ciudadana y en el mismo tiempo que ello se decide la empresa aparece multada por violaciones a la RCA”.

Finalmente la comisión instó al Ministro a priorizar el principio precautorio para prevenir daños irreversibles a la naturaleza y el medio ambiente y a considerar estas propuestas que emanan de un conjunto de organizaciones encabezadas por los sindicatos de la institucionalidad ambiental (Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente), diputados, senadores, organizaciones de la sociedad civil y académicos.