Durante las últimas semanas hemos asistido a un intenso intercambio en los medios de comunicación entre diversas autoridades acerca de la posibilidad de derogación de la Ley Reservada del Cobre. Esta Ley promulgada en el gobierno de Carlos Ibañez del Campo y modificada vía decretos secretos durante la dictadura de Pinochet, establece que anualmente el 10% de los ingresos de Codelco deben ser entregados a las Fuerzas Armadas. Este financiamiento, además, garantiza un piso de recursos, puesto que si aquel 10% no alcanza a los 90 millones de dólares, la diferencia debe ser financiada por el fisco. Es decir, el financiamiento mínimo de las Fuerzas Armadas no dependería de los vaivenes económicos, entendiendo que la defensa sería una cuestión estratégica para el país.

La discusión pública en torno a esta Ley ha tenido puntos altos, se inició a partir del escándalo generado por el descubrimiento del mal uso de estos recursos por la institución, luego en torno al problema de la necesidad de capitalizar Codelco y últimamente a partir del discurso del Comandante en Jefe del Ejército en la Parada Militar. En esta última instancia, el General Oviedo planteó, con la tranquilidad amenazante de quien se sabe poder fáctico, que, frente a la posibilidad de modificaciones de a la Ley Reservada del Cobre había que asegurar el financiamiento de las FF.AA. para asegurar sus capacidades militares. Esto debido a que Chile estaba en una región con constantes conflictos limítrofes (contradiciendo la estrategia diplomática de Chile que precisamente ha sostenido que tales conflictos no existen) y que “los [últimos] 100 años de paz tienen un costo” que debe ser solventado (olvidando aquí los 17 años de genocidio estatal del cual las FF.AA. fueron parte).

Sin embargo, el debate público no ha sido capaz de ir más allá de si se deroga o no la Ley o la cantidad de dinero que deben o no recibir las Fuerzas Armadas. Pero los temas de fondo, subyacente a esta temática, no han sido siquiera mencionados, siendo todos estos temas fundamentales en el proceso de democratización y cambio estructural de nuestro país. Se trata de una puerta que debemos abrir de par en par y aquí buscamos plantear cuatro de estos temas que están tras el debate de la Ley Reservada del Cobre y que debiesen salir a la luz.

El primero de ellos es la discusión de fondo sobre las Fuerzas Armadas y de Orden. Luego de 26 años de democracia aún el país no ha enfrentado la discusión sobre cuáles son las FF.AA. que queremos y que coinciden con un Chile democrático. Las Fuerzas Armadas no han sufrido reformas relevantes desde la dictadura, lo cual ha implicado que su relación con la sociedad sea, en el fondo, la misma que existía cuando eran parte de un Estado dictatorial, constituyéndose como un actor todopoderoso dentro de la sociedad chilena. Esto ha implicado que la relación que mantienen con la sociedad sigue siendo una relación de exterioridad, se plantean como una fuerza que se encuentra por fuera (es decir, fuera de los márgenes y parámetros establecidos por el Estado de Derecho) y por arriba (es decir, con capacidad de agencia propia, no subordinada al poder civil). Esto es claro, por ejemplo, en la permanencia de la justicia militar o en la reacción de Carabineros frente a las interpelaciones recibidas de la autoridad civil en casos de violencia policial (paradigmático en este sentido fue lo de Rodrigo Avilés, que tras ser atacado por un carro lanza agua, el informe oficial planteó que fue un accidente causado por las suelas lisas de los zapatos que portaba).

De este modo, hoy es necesario poner al día a las Fuerzas Armadas y de orden con los requerimientos de la Apertura Democrática que el país requiere. Eso implica abrir la discusión en torno a la democratización de las FF.AA. y su vinculación orgánica con el mundo civil. En esa línea, cuestiones como la eliminación de la justicia militar, el control de sus planes de estudio por parte del Mineduc, la vinculación de los estudiantes con los estudiantes civiles, la posibilidad de establecer un escalafón único (eliminar la articulación entre clase y mando), son temas que debiesen tocarse con urgencia.

Un segundo tema de fondo tiene que ver con las definiciones de las áreas que como país consideramos estratégicas. Esto no implica, por supuesto, creer que las FF.AA. no lo son, pero sí implica preguntarnos ¿qué tipo de país es uno que, como el nuestro hoy, considera únicamente a las FF.AA. como ámbito estratégico?. Los movimientos sociales han puesto en el centro del debate los Derechos Sociales, entonces ¿por qué no considerar como igualmente estratégicos otras áreas como salud y educación? Hoy, mientras las FF.AA. cuentan con recursos fijos que terminan siendo despilfarrados en casinos por parte de sus funcionarios, la gratuidad educacional choca año a año con la discusión presupuestaria y no cuenta con financiamiento fijo y el Estado sigue pagándole a clínicas privadas por camas que debiese ofrecer el servicio público. El año pasado el diputado Jackson junto con las diputadas Vallejo y Cariola, presentaron un proyecto de Ley que proponía dividir en partes iguales los fondos de la Ley Reservada del Cobre para FF.AA., salud y educación. Más allá del debate puntual sobre el proyecto, lo relevante es esta discusión de lo que consideramos como estratégico para el país, lo que fue puesto sobre la mesa por el proyecto, pero finalmente guardado bajo la alfombra y que hoy debemos recuperar.

El tercer tema que se abre con esto tiene que ver con la política internacional que nuestro país ha desarrollado durante al menos los últimos 30 años hacia la región. Las declaraciones de Oviedo, si bien son contradictorias con la política diplomática impulsada por cancillería respecto de los conflictos limítrofes y por lo tanto es provocadora, es al menos reveladora de lo que ha sido la relación real de Chile hacia la región. En una época donde la geopolítica se define en torno a la construcción de bloques y donde para los países dependientes en aquel camino está la única posibilidad para enfrentar esa dependencia, la política de Chile ha ido en una dirección totalmente contraria. En vez de apostar a un proceso de integración política, cultural, económica y también militar con la región, se le ha dado vuelta la espalda y por lo tanto esta relación ha terminado sosteniéndose en base a las capacidades militares y la idea del conflicto constante. En esta línea, se instala una retórica hipócrita sobre la soberanía, que la reduce a los conflictos limítrofes y la necesidad, por tanto, de financiar a las FF.AA., mientras que al mismo tiempo se firma en secreto el TPP que implica una pérdida de soberanía real de nuestro país (al punto que el Estado podría ser demandado a tribunales internacionales por empresas multinacionales, si dentro del país se discute una legislación laboral contraria a los términos del tratado).

Por último, el cuarto tema de fondo, tiene que ver con la relación del país con sus recursos naturales. Lo que, a su vez, tiene dos niveles, por un lado, la relación de propiedad con ellos y, por el otro, la relación con el modelo de desarrollo que tenemos. Respecto de lo primero, aparece como central la necesidad de que el Estado tenga un mayor control sobre los recursos producidos (la renacionalización del cobre o la nacionalización de otros recursos clave son un tema relevante aquí). El Estado de Derechos Sociales que desde el mundo social se está demandando hoy requiere de recursos y aquí hay una fuente evidente a la cual echar mano. Respecto del segundo punto, es relevante que al mismo tiempo que lo anterior, podamos pensar en cómo superar el modelo extractivista, rentista y monoexportador que hoy es hegemónico, por uno que diversifique la producción, se industrialice y permita agregar valor. Ambos ejercicios, de nuevo, instalan el tema de la soberanía de nuestro país, de la capacidad de decidir democráticamente la utilización de los recursos producidos y no la reduce a conflictos limítrofes maniqueos.

Hoy, diversos actores sociales y políticos nos encontramos empujando la construcción de un Nuevo Chile, y esto requiere que seamos capaces de poner las discusiones de fondo para avanzar en las transformaciones estructurales que se necesitan. Así, en un contexto donde lo constitucional y las definiciones centrales de nuestro país comienzan a estar en juego, aprovechar estas posibilidades para abrir estas problemáticas son fundamentales. La élite de nuestro país querrá cerrar estas puertas, pero es responsabilidad de todas las fuerzas de cambio abrirlas de golpe y cuestionar las estructuras del statu quo que hoy permiten que lo que existe simplemente se mantenga.


Izquierda Libertaria