La tendencia a la baja en la adhesión de las últimas movilizaciones estudiantiles, la autocrítica de la CONFECH respecto a las últimas marchas y la insospechada potencia mostrada por el movimiento “No más AFP”, que amplía positivamente los horizontes de la masividad de la protesta, han sido las principales fuentes de debate sobre las cuales se funda la pregunta: ¿Está en crisis el movimiento estudiantil? Para responder esta pregunta describiré algunas tendencias mostradas por la CONFECH durante los últimos años. Sobre ellas plantearé una hipótesis orientada a problematizar el estado actual del Movimiento Estudiantil (ME).

Pese a ser un año de reforma el ME ha mostrado un nivel inconstante de movilización. Si se analiza la coyuntura político-legislativa en el ámbito de la educación superior, el conflicto se extiende desde Diciembre del 2015, fecha de inicio del debate por la gratuidad, hasta la actual discusión sobre la ley de educación superior. Pese a ello, el ME muestra un proceso coyuntural breve, que se extiende desde el 21 de abril, fecha de la primera marcha estudiantil, hasta el 4 de septiembre, marcha de los endeudados, hito que marca la adhesión más baja para una convocatoria nacional CONFECH.

En esta ola de protestas si bien hay signos positivos, como la re-articulación parcial del movimiento secundario y una coordinación e innovación táctica significativa durante la denominada “ofensiva estudiantil”, hay tendencias negativas que durante los últimos años han perdurado. La CONFECH ha sufrido desde el 2011 una tendencia al crecimiento inorgánico y hacia la fragmentación política que han dificultado su cohesión y proyección política. En términos de crecimiento, el aumento del tamaño de la CONFECH ha generado una diversificación de intereses que ha incrementado los costos de negociación, dificultando la coordinación y conducción nacional. Al respecto cabe considerar que el número de federaciones vinculadas a la CONFECH se ha casi duplicado en los últimos años, siendo significativo el ingreso de federaciones de universidades privadas que han modificado la línea estratégica de la CONFECH.

Desde el punto de vista político, la emergencia de la “Nueva Izquierda” se ha caracterizado por una diversidad de organizaciones que han tendido a relaciones de competitividad sobre cooperación, pese a compartir un carácter declaradamente anti-neoliberal. Esta tendencia ha transformado las elecciones de las federaciones y la distribución de vocerías en un compleja ingeniera política, que a ratos toma un carácter similar al de un sistema político en el cual la distribución de los pesos políticos es condición de gobernabilidad. Estos procesos si bien han sido acompañados por ajustes orgánicos como la creación de nuevas vocerías y zonales, y mecanismos informales de coordinación como el extinto “Bloque de Conducción”, hasta la fecha no se ha logrado agilizar los procesos de toma de decisión manteniendo a la CONFECH como una organización políticamente inestable que requiere de constantes ajustes y consensos.

Un tercer elemento, es el irresoluto debate interno entre “incidentes” y “la ultra” en la izquierda en conducción. La ausencia de una estrategia política clara ha ubicado a la CONFECH por tercer año consecutivo en una impostura político-estratégica que ha favorecido a la confusión del ME y ha facilitado la rearticulación de los opositores a la reforma. Si bien este año el fin de la agenda reformista de la Nueva Mayoría (NM), la salida de Revolución Democrática del gobierno y el quiebre interno de Izquierda Autónoma, principales actores de la incidencia en el ME, favorecieron momentáneamente la balanza hacia las posiciones radicales. No obstante, pasado los meses de Julio y Junio estos sectores recuperaron fuerza y volvieron a establecer canales de diálogo con el MINEDUC, generando cambios estratégicos en pleno proceso de radicalización.

Considerando estos antecedentes, es posible ensayar la siguiente hipótesis diagnóstica. Más que una crisis de conducción, como lo han planteado las JJCC o una crisis de legitimidad, como han instalado los medios de comunicación, el ME pareciese vivir una fase de estancamiento político y estratégico que excede el reflujo natural de la movilización. Este estancamiento tiene como principal obstáculo el irresoluto dilema sobre la trayectoria futura del ME y la resolución del conflicto educacional. Esclarezcamos algunas dimensiones del dilema. El ME enfrenta el dilema de capitalizar el descontento movilizado negociando cambios significativos en el sistema educativo; o en su defecto, debiese mantener una postura ideológicamente férrea con la proyección de agudizar y extender el conflicto hacia una nueva fase de desarrollo. Este dilema se vincula directamente a la trayectoria de resolución del conflicto educacional, tema latente en el debate estudiantil desde el 2011 y que ha asumido compulsivamente múltiples formas de debate binomial: identidad-pragmatismo, reformismo-revolución, incidencia-radicalización.

Este dilema se ha tornado más urgente en la medida que el proceso de legislación sobre educación abierto por la NM pero forzado por el ME, esta pronto a su cierre y tras la aplastante derrota del “progresismo”, todo los signos indican se finalizará con una nueva fase de profundización neoliberal. Es justamente con la finalidad de utilizar esta fase de reformas y maximizar esta oportunidad la que los sectores “incidentes” buscaron proyectar desde el inicio de la NM. Al contrario, la decisión de radicalizar la protesta sostenida por los sectores de ultraizquierda tiene como proyección la agudización y extensión del conflicto, con la finalidad de acumular suficiente fuerza para quebrar la postura del gobierno y extender el conflicto social a múltiples niveles. Esta tesis asume que pese a la oportunidad política que representa la reforma, el carácter de clase de la reforma no implica un avance sustantivo, y por ende solo la acumulación de fuerza logrará quebrar los intereses de clase dominantes en el campo educacional.

Analicemos la factibilidad de esta última tesis. El éxito de la radicalización depende de la resolución de las tendencias estructurales y coyunturales ya descritas a los cuales cabe sumar la resolución de dos problemas críticos, fundamentales para esta apuesta política. Primero, el problema de la cohesión estudiantil y el debate público-privado. Uno de los puntos más complejo tras el 2011 y la inclusión de las universidades privadas ha sido la integración de las demandas del sector privado a una movilización caracterizada por la defensa de las universidades estatales. Si bien esta contradicción se ha matizado bajo la redefinición de la categoría de lo público, la CONFECH aún presenta problemas para integrar orgánica e ideológicamente los conflictos de las universidades privadas. Este año, tal como ocurrió el 2011, los conflictos desarrollados en universidades privadas (revísese caso de la U. Andrés Bello), no fueron integrados en la coyuntura política liderada por la CONFECH, la cual se mostró incapaz de integrar luchas icónicas y ejemplares del conflicto educacional en Chile. Esta situación evidencia que pese a los avances de integración, la CONFECH no ha logrado cohesionar en la lucha a sectores mayoritarios de estudiantes, ubicados en el seno de las contradicciones fundamentales del sistema educacional.

Segundo, el problema de la proyección intersectorial del ME. La radicalización de la protesta apuesta a la construcción de vínculos intersectoriales que transciendan la esfera estudiantil y la esfera educativa. Hasta la fecha la CONFECH no ha logrado generar vínculos intersectoriales sustentables y duraderos, si bien los intentos de coordinación y cooperación táctica han sido regulares, corresponden a esfuerzos conducidos desde organizaciones de la nueva izquierda pero que no logran traspasarse a los estudiantes de base, principal soporte de masividad del ME. Si el 2011 el ME asumió la forma de un movimiento intersectorial sumando a estudiantes, profesores y algunos trabajadores, el 2016 el ME se ha caracterizado por reducirse principalmente a la CONFECH, único actor capaz de articular coyunturas nacionales.

Bajo ningún punto de vista estos problemas dan razón a la tesis de la incidencia política, que solo ha dado ventajas políticas a la agenda contrarreforma. Por el contrario, el esclarecimiento de estas problemáticas y la focalización en el dilema del futuro del ME deben favorecer la reflexión política de los estudiantes y la izquierda en ella. Con ese objetivo, me permito agregar una última reflexión.

Si lo que convoca y dota de proyección a la acción colectiva es un sentido común crítico que identifica y que comparten los militantes sociales, ¿Qué explica que ese sentido común en el estudiantado no sea suficiente para cohesionar a los estudiantes más precarizados, ni para convocar a otros actores? Contrario al oportunismo crítico o a las “vistas gordas” sobre los problemas de la izquierda, parece oportuno considerar que el mismo carácter crítico del neoliberalismo del ME no solo ha sido la fuente de eficacia política sobre la cual se ha deslizado y articulado este actor contra hegemónico, sino también este mismo carácter neoliberal presenta límites y contradicciones para una proyección política del ME que generan tensiones internas. Pensémoslo así ¿puede ser que la agudización de la contradicción público-privado, que ha facilitado la defensa de la educación como derecho y ha hecho sentido en la ciudadanía, este generando también tensiones y divisiones a la internas que reducen la cohesión de la CONFECH? ¿Puedes ser que la agudización de la contradicción entre lo social y lo político, que ha permitido oponer ciudadanía con las cúpulas políticas, no ha generado también a la interna un forzado ocultamiento de su dinámica interna y de los juegos de intereses que la nueva izquierda debe desarrollar para constituirse?

Si damos a estas preguntas una respuesta preliminarmente afirmativa, solo para efectos de testeo ¿Sería viable pensar que el marco de acción colectiva del ME es también una limitante ideológica y un factor que impide el potencial expansivo del conflicto estudiantil? Siendo así ¿qué condiciones ideológicas o discursivas se debiesen generar para que la tesis de la radicalización sea exitosa? Me permito cerrar con la siguiente intuición. Si el problema de la expansión es la falta de cohesión y la ausencia de intersectorialdad, las piedras centrales el criticismo estudiantil quizás requieran una re-lectura que nos permita leer la contradicción público-privado y la contradicción social-político más allá de la esfera del derecho liberal y más allá de la esfera de la democracia liberal. ¿Cuáles serían esas categorías y cómo proyectarlas? Es uno de los esfuerzos colectivos a resolver.


Cientista Social. MSc en Metodología de la Investigación Social, Universidad de Bristol.