Nuevamente las fundaciones y corporaciones de la Universidad de Chile están en entredicho por posibles irregularidades. A las acusaciones de fraude en la FEN, y los problemas denotados por Contraloría en otras fundaciones, se suma ahora una denuncia de todo un organigrama de irregularidades que afectaría al Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la principal casa estudios del país.

Fundado en 2001, el INAP ha sufrido varios casos de corrupción en su corta historia. Tras años de mala gestión e irregularidades, en 2008 se ordenó una reestructuración, quedando Eduardo Dockendorff (DC) –ex ministro de Ricardo Lagos- al mando de la institución. Pero los problemas no se fueron: el ex Segpres fue acusado de la entrega de un título falso durante su gestión, en lo que se conoció como el “caso Funk” (por el académico Robert Funk).

Ahora, a raíz de una denuncia anónima que ya escaló a un sumario administrativo, es la Corporación Centro de Análisis de Políticas Públicas la que está en la mira. Fundada como una organización de derecho privado sin fines de lucro, estrictamente no es parte de la Universidad de Chile, a diferencia de las fundaciones y corporaciones de la Casa de Bello y de las que sí son dependientes del INAP, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) y el Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAP), que funcionan en las dependencias del instituto. La Corporación comparte nombre con este último, lo que en la denuncia que originó la investigación es señalado como un juego de siglas y nombre que es parte de la estrategia para confundir el negociado detrás de la Corporación.

La corporación CAP fue creada en 1998 y es dirigida hoy por Ximena Tocornal (presidenta), María Troncoso del Piano (segunda presidenta), Pablo Monje (vice-presidente), Claudia Gutiérrez (secretaria) y Alejandra Mohor (directora). De ellos, prácticamente ninguno tiene un vínculo directo con la Universidad de Chile, salvo la última, que se mantiene como prestadora de servicios a honorarios del CESC, aunque el resto los tuvo en el pasado. Tocornal, hoy académica de la UDP, es ex Directora de Posgrado en la dirección de Dockendorff y era la mano derecha del actual director Hugo Frühling, mientras que Monje (PC) es ex académico del INAP.

El entramado organizacional que sustentaría las acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos consistiría en diplomados, proyectos financiados con fondos de gobierno y otros que llegan a las cuentas de la Corporación, mientras los gasto correrían por cuenta del INAP.

El CESC, por ejemplo, ofrece los diplomados en “Prevención de Delito a Nivel Local”, “Prevención del Delito y la Violencia en Jóvenes” y el curso presencial de “Metodologías Aplicadas a la Investigación en Seguridad y Justicia”. Para pagar por estos -tienen un arancel promedio de 400 mil pesos– hay que realizar una transferencia a la cuenta de la Corporación Centro de Análisis de Políticas Públicas, no al INAP. Los costos por la implementación del diplomado -uso de instalaciones y pago docentes- están a cargo de la Universidad de Chile, a pesar de que el pago del arancel vaya hacia la Corporación CAP. La directora académica de los programas es Alejandra Mohor, directora de la Corporación CAP.

La Corporación también se encuentra en entredicho por una serie de proyectos de gobierno que se ha adjudicado, pero que los costos, nuevamente, correrían por cuenta del INAP.

Por ejemplo, en 2014 la Corporación se adjudicó el proyecto “Sistematización e identificación de lecciones aprendidas en la intervención con población reclusa femenina que favorezcan la reinserción”, de la Subsecretaría del Delito. Se tratan de 42 millones de pesos del Fondo Nacional de Seguridad Pública, utilizando la gran mayoría -37 millones- en gastos de personal, como se ve en este documento, firmado por el subsecretario de Prevención del Delito Antonio Frey. La contraparte y representante legal de la Corporación CAP fue Ximena Tocornal. Usando supuestamente el mismo organigrama que en los diplomados, los gastos habrían corrido por cuenta del INAP. El director del estudio Diego Piñol, así como otros miembros a cargo de la investigación, aparecen en la web de transparencia de la Universidad  de Chile como contratados.

Pese a esto, el antecedente que más compromete el trasfondo del estudio está en las propias bases del Fondo Nacional de Seguridad Pública. Estas dicen que en el concurso público no podían participar instituciones de educación superior. Aún así, la Corporación CAP ingresó y ganó el concurso, siendo la Universidad de Chile, principal universidad pública del país, la encargada de entregar el soporte y personal para su realización. La Corporación CAP habría obtenido el estudio a partir de su condición de organización privada sin fines de lucro.

En el mismo rubro, pero en el año 2010, el Ministerio del Interior firmó un convenio con la Corporación para realizar un Curso Internacional de Prevención del Delito. En el documento que aprueba el convenio -firmado por el ex subsecretario Rodrigo Ubilla- se menciona que la Corporación ha realizado el curso en cinco oportunidades anteriormente. El financiamiento fue de 25 millones de pesos, 5 entregados por el ministerio y 20 por la Corporación. Se repite nuevamente la misma estructura, con las personas a cargo en paralelo contratadas por la Universidad de Chile. Lo llamativo es que en la firma del acuerdo, en representación de la Corporación CAP asistió Eduardo Dockendorff, entonces director del INAP.

Otro proyecto que está en el ojo del huracán es uno financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la identificación de las mejores prácticas de gobernanza en Seguridad Ciudadana entre 2013-2014 y que alcanza la suma de 80 mil dólares. Los resultados y el estudio mismo, sin embargo, fueron asumidos como  propios por el CESC y el actual director del INAP Hugo Fruhling.

En 2012, la Corporación CAP se adjudicó otro estudio del Fondo Nacional de Seguridad Pública para una “Investigación sobre Control Telemático de la ejecución penal”, que contempló la entrega de $39.235.000, en el que contó con la colaboración del CESC según reconoció el organismo en su página web. Como parte del proyecto se realizó un seminario sobre la implementación del sistema de monitoreo telemático en Chile, en julio de 2013. El llamado al evento grafica la confusión del enroque de nombres entre la Corporación Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) y el Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAP). Aunque el financiamiento fue para el primero, era el segundo el organizador del seminario.

Otro vínculo polémico es a raíz de los diplomados a funcionarios públicos que año a año ofrece la Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subdere, al que pueden postular universidades reconocidas por el Estado. Como parte del programa, el CESC ofrece los dos diplomados antes menciondos, “Supervición y Rendición de Cuentas de la Policía” y “prevención del Delito y Violencia en Jóvenes”. En julio de 2013, la municipalidad de Requinoa aprobó la capacitación con el CESC de una funcionaria del programa de Seguridad Ciudadana, que accedería al diplomado. Sin embargo, la orden de compra por 315 mil pesos de parte de la Municipalidad fue girado a la Corporación CAP, como se ve en este documento.

Según esta estructura, la Corporación solo ganaría, ya sea aranceles o fondos, mientras que el INAP asumiría los costos. Esta supuesta estructura de irregularidades ya está bajo investigación, pues tras semanas de investigación previa, la Universidad ya ordenó un sumario administrativo ayer martes. La petición fue realizada por los académicos Cristian Pliscoff y Verónica Figueroa. Consultado por El Desconcierto, Pliscoff afirma que hasta antes de la denuncia anónima, nunca se había discutido sobre la Corporación en el INAP, aunque se conocía el caso de otras facultades de la Chile donde operaba el sistema de sobresueldos. “Pedimos la información con la intención de que quede claro, ojalá, por el bien de todos, que no haya nada, pero hay que investigar”.

Al no ser estrictamente parte de la Universidad de Chile, la Contraloría General de la República no tiene poder sobre la Corporación y tampoco se puede acceder al detalle de su funcionamiento mediante Ley de Transparencia. Pese a ser un ente privado, su dirección es Diagonal Paraguay 265, exactamente donde se ubica la famosa torre 15 de la Universidad de Chile. En Chile Proveedores, aparece ubicada en Rebeca Matte 79, la misma dirección del Centro de Análisis de Políticas Públicas del INAP. Además de compartir nombre, la corporación también registra el mismo teléfono de la Universidad de Chile y como correo de contacto aparece el de Ximena Orellana, quien tendría doble función de secretaria del Centro de Análisis de Políticas Públicas del INAP y de la Corporación.

Orellana declinó referirse al tema al ser consultada por este medio. Quien sí lo hizo fue el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas, Nicolo Gligo, quien aclaró que la relación con la Corporación es que él autorizó a que dejen un par de cosas en la oficina del CAPP con un comodato. En cuanto a Orellana, asegura que ella solo trabaja para la Corporación en horas extras.

El académico criticó duramente el hecho de que la denuncia original haya sido anónima: “No podemos volver a tiempos de la dictadura con estas cosas”, dice. También aclaró que actualmente el centro que él dirige no tiene relación alguna con la Corporación en cuanto a proyectos y recordó que la Universidad de Chile creó el sistema de fundaciones y corporaciones “por un tema de agilidad en los pagos. No quiero hacerle quórum a denuncias anónimas de desfalco al fisco y esas patillas, yo sencillamente creo que el CESC, que hizo bastantes proyectos en los últimos años, los hace (con la corporación) por la facilidad que les otorga hacerlos”.

El ingeniero agrónomo reconoce que ese mismo funcionamiento y justificación se usó para pagar sobresueldos en otras facultades, pero afirma que las universidades suelen pagar extra por el ítem de “productividad”. “Las universidades pagan plus directos por productividades. Si la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, asigna un proyecto determinado, perfectamente puede darle un plus extra a sus académicos por productividad y sobrecarga y así sucede. Lo que pasa es que con las otras facultades se hizo sumarios por abusos, sueldos millonarios. Pero nosotros mismos tenemos proyectos que significan un complemento”, dice.

Pondría las manos al fuego, uno no debería ponerlas por nadie, pero pongo las manos al fuego por que aquí no se han sacado sobresueldos por nadie, los fondos se han dirigido a las actividades de capacitación y posiblemente a complementar algunos sueldos como jornadas parciales, pero realmente no sé cómo se asignan esos recursos, no me corresponde a mí”, agrega.

Por su parte, Olga Espinoza, la directora del CESC, asegura que la relación con la cooperación fue siempre de colaboración y que hoy este tema está en proceso de investigación dentro de la universidad. “Sí puedo decir es que no hubo ninguna malversación de fondos ni de financiamiento irregular de la política ni se infló el sueldo de nadie”, afirmó.

El Centro de Estudiantes del INAP envió una carta al Senado universitario, donde dicen que “el Director Hugo Frühling habría declarado explícitamente que esta Corporación se había creado con el objetivo de no pagar el “overhead” a la Universidad”. Esto quiere decir no incurrir en los gastos propios de las actividades del CAP.