De forma general y particular se aprobó en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el proyecto que modificaría la ley N° 19.992, la cual establece las pensiones de reparación y otorga otra clase de beneficios a favor de las personas azotadas por la dictadura chilena, además de mantener en secreto absoluto los archivos de la comisión Valech.

La modificación afectaría directamente el tratamiento de los antecedentes que se recopilaron en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Ahora el proyecto pasará a la Sala de la Cámara.

Dentro de las modificaciones hechas, se le agregó a la moción la posibilidad de borrar la palabra “magistratura” del art. 15 de la ley n° 19.992. Y se le borró el párrafo que decía la obligación del INDH de pasar los archivos a tribunales, ya que dicha obligación estaría estipulada en el art. 76 de la Constitución política.

De esta forma, se está avanzando en su primer trámite constitucional la posibilidad de que tribunales puedan acceder a los archivos de la Comisión Valech I, que hoy se encuentran bajo secreto.

“Estanca todos los procesos”

El artista Francisco”Papas Fritas” encabeza el proyecto “Desclasificación Popular”, que busca hacer públicos los antecedentes que rodean los crímenes de estado perpetrados por la dictadura. Para eso, han acompañado a personas que estuvieron detenidas en dictadura a poner recursos de protección, que con fallos favorables, han permitido que accedan a sus carpetas personales, conociendo la información de sus torturadores, posibilitando que presenten querellas sustentadas en antecedentes formales.

“Papas Fritas” es crítico frente al proyecto, pues considera que no termina realmente con el secreto y quedaría como la comisión Rettig y la Comisión Valech II. “Son los tribunales los que van a poder acceder a esta información”, aclarando que no necesariamente servirá para construir un relato fuera de los institucional.

“Al aprobarse esta ley, el tema de la desclasificación puede quedar en eso, sin avanzar en una desclasificacion real”, explica, destacando que no se han hecho cargo en los procesos legislativos, como destrabar la piedra de tope o “argumento del estado chileno para ocultar la información y así darle un manto de impunidad a los victimarios” que ha sido el argumento de proteger el nombre de las víctimas, sin darles por ejemplo la opción de ocultar su nombre, dejando expuesta solo la información relativa a los torturadores y los procesos, como lo hace actualmente desclasificacion popular.

Las indicaciones que ellos habían planteado fueron aceptadas en un inicio por Tucapel Jímenez y Gabriel Boric, sin embargo el comunista Hugo Gutiérrez las removió “por las buenas relaciones que tiene con la Nueva Mayoría”, afirma Francisco.

“Todos van a quedar bien con dios y con el diablo. Es un tiro por la culata, no promueve el desarrollo de la desclasificación, ni la justicia ni la memoria ni la verdad, estanca todos los procesos” señala, añadiendo que desde el inicio este proceso ha estado guiado por una “falta a la verdad tremenda”, pues el secreto se estableció una vez creada la comisión, no estaba instruido desde el inicio. Por eso, invalida el argumento de dipuados como José Auth, que han rechazado que se levante el secreto apelando a la privacidad de quienes brindaron testimonio, si nunca se dejó en claro que la información que estaban dando se mantendría oculta.