Riesgo de muerte, clandestinidad y violencia: Tres relatos sobre la urgencia de despenalizar el aborto en Chile

Ayer una mujer fue detenida en la urgencia del Hospital Regional de Temuco. Los funcionarios de una farmacia en el centro de la ciudad sureña llamaron a Carabineros para denunciar que, en el baño del local, una mujer había sufrido un aborto. Cuando los funcionarios policiales llegaron a la farmacia, ella ya se había ido a urgencias con una fuerte hemorragia. Allí, en el hospital, la mujer, cuyo nombre no se informó en los medios, fue interrogada y confesó haber ingerido 12 pastillas de Misoprostol. El fiscal tomó sus datos para citarla por el delito de aborto provocado, pero la dejó en libertad por su precario estado de salud.

El Salvador, Malta, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y El Vaticano son los únicos países en el mundo que, junto a Chile, penalizan el aborto en todas sus formas, luego que la dictadura de Pinochet volviera a prohibir las causales terapeúticas que estaban legalizadas desde 1931. La clandestinidad, desde el retorno a la democracia, ha vuelto difusas las cifras al respecto en nuestro país. Las estimaciones de doctores que comulgan con la ilegalidad del aborto, como Elard Koch, las cifran en 15 mil abortos anuales, mientras que el experto en anticoncepción y Premio Nacional de Ciencias 2016, Horacio Croxatto, los ha cifrado en 160 mil anuales. Según el Ministerio de Salud, la tercera causa de mortalidad materna en Chile son los embarazos interrumpidos, pero no se especifica si se refiere a procesos voluntarios o pérdidas espontáneas. Lo que sí se sabe es que las mujeres en Chile abortan y que les toca hacerlo en un contexto hostil y no muchas veces seguro, leyendo noticias como la de ayer, en que trabajadores de una farmacia decidieron denunciar. 

En el marco del 28 de septiembre, un día en el que desde 1990 se celebran manifestaciones y acciones de interpelación a los Estados para la despenalización del aborto en el mundo, en El Desconcierto recopilamos tres historias de personas que con su identidad protegida, hablaron de la urgencia de tener un aborto legal en Chile.

Asumir riesgos, como la muerte

“¿En qué chucha fallé? ¿Qué hueá hice mal?”, fue la primera reacción de Adriana. A sus 25 años, combinaba el trabajo con los estudios de diseño en una universidad privada y le faltaba solo un año para sacar su carrera. Nunca se había planteado la posibilidad de convertirse en madre. Se cuidaba con pastillas anticonceptivas, y no podía entender en qué momento fallaron. “Supe que tenía que abortar, no quería ser mamá. Mi pareja en ese entonces me apoyó, pero después empezó a dudar, diciendo que él no quería sentirse culpable, que prefería ser papá. Nuestra relación terminó por eso y decidí afrontar lo que venía sola”, cuenta.

Nunca quiso contarle a su familia. Fue su ex pololo el que les contó, llegando un día de improviso a su casa y contándole a su familia que ella estaba embarazada y que quería abortar a su hijo. “Me acusó como a una niña chica, quería tomar todas las decisiones por mi”, dice Adriana.

Su círculo omitió completamente la parte del aborto y empezaron a celebrar un embarazo que para ella era una pesadilla. Su madre le contaba a todo el mundo que iba a ser abuela y la obligaba a controlarse con frecuencia al consultorio, donde la felicitaban. “Era como si me hubiera ganado el kino, me decían que un hijo era una bendición. Yo me sentía como la callampa, pensaba muy en serio en el suicidio como una opción. No quería tener una guagua, pero tampoco sabía cómo abortar”, relata, explicando que la ilegalidad del procedimiento era lo que tenía más claro.

Buscando a tientas llegó a un colectivo de mujeres feministas que la apoyaron. Ahí se enteró de la posibilidad de abortar con pastillas y, aunque su embarazo ya había pasado los tres meses en que la Organización Mundial de la Salud califica el aborto con medicamentos como un procedimiento seguro, comenzó a buscar en internet toda información que la pudiera guiar en el proceso que estaba decidida a iniciar. “Como acá el aborto tiene que ser clandestino, siempre estuve muerta de miedo, creía que me iban a cagar con la plata en el mercado negro de las pastillas, que me iban a vender algo malo o que me iban a tomar detenida en el hospital”, relata.

Adriana repite con insistencia que ella no quería tener una guagua. Con un embarazo ya avanzado, la recomendación principal era que no lo hiciera, que era muy tarde. Pero encontró a un proveedor y lo convenció de que le vendiera las pastillas igual, asegurando que prefería arriesgarse a la septicemia y a la muerte antes que verse obligada a parir. Por eso, pagó 140 mil pesos por una pastilla de mifeprestona y 12 de misopostrol. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones que le había dado, fue introduciendo gradualmente las pastillas bajo su lengua, paso indispensable para que no encontraran rastros en su sangre cuando se cumpliera el destino que ella veía casi como inexorable: terminar con complicaciones en el hospital.

No quiso involucrar a nadie más en lo que iba a hacer y, cuando tomó las pastillas, decidió estar sola. “A las ocho horas empecé a sentir que me cortaban con una sierra desde la espalda baja hacia adelante. No podía ni caminar ni respirar del dolor y ahí le dije a mi mamá que me sentía pésimo, que no sabía que estaba pasando. Ella me llevó de urgencias al hospital, donde entré de inmediato con señales de parto y mucha fiebre. Apenas pisé el pabellón rompí fuente”.

Para poder abortar en Chile, Adriana asumió la muerte como un riesgo, y tuvo que pujar en un pabellón para expulsar al feto de su cuerpo, pensando angustiada que podían comenzar a interrogarla. Tuvo que fingir hasta el final que lamentaba la pérdida, haciendo énfasis en lo más importante: ella no había tomado ninguna decisión sobre su cuerpo y la expulsión de ese feto, que su entorno veía como una bendición, no tenía nada que ver con ella.

Hace una semana la dieron de alta y se siente mucho más aliviada. Cuenta que la clandestinidad y la culpa que se le imponía fueron las partes más angustiantes del proceso, a las que le suma otro factor: su ex pololo nunca dejó de molestarla. Cuando se enteró que estaba hospitalizada, llegó hasta allá para decirle que quería que volvieran a estar juntos y cuando ella le dijo que no, amenazó con contarle a todo el mundo que ella no había tenido una pérdida espontánea.

“Antes cuando escuchaba hablar de feminismo me imaginaba a pura minas amachadas hablando del patriarcado. Pero antes de que llegaran ellas me sentía como en una canción que canta Mon Laferte: ‘mutilada y muy pequeña’. Ahí me di cuenta de que podía ser dueña de mi cuerpo y de mis decisiones, de que esto no era una guerra contra los hombres, sino que mujeres ayudándose entre ellas y a sí mismas”, concluye al contar la historia del aborto que no habría podido realizarse sin redes que la guiaran.

Foto: Constanza Liberona

“Tiene que volver cuando esté muerto”

“Cuando mi polola me dijo que tenía un atraso y que no quería hacerse el test sola, pensé al tiro que tenía más certezas que dudas y que tenía que corroborar lo que ninguno de los dos quería”, cuenta Gonzalo. La rayita marcó positivo y ella no lo dudó ni un segundo: quería abortar. “Yo obvio que le dije que sí, era su cuerpo y su decisión. Así que lo decidimos”, explica.

El año 2015, cuando esto ocurrió, ambos eran universitarios y ella tenía redes de apoyo que la ayudaron ya que se reconocía como feminista y el aborto estaba lejos de ser un tabú en su círculo cercano. Las ofertas de misopostrol se desplegaron para que pudiera elegir y, aunque no está muy seguro, Gonzalo cree que las pastillas costaron cerca de 60 mil pesos. Las iban a pagar a medias, pero ella decidió contarle a su familia, que lo aceptó y se hizo cargo de los gastos.

“El dealer de misotrol (como se le dice popularmente a las pastillas) fue súper eficiente”, rememora. La tarde siguiente al test la pasaron como muchas tantas dentro de su pololeo: acostados viendo tele. La diferencia es que ella había introducido las pastillas bajo su lengua y estaban a la espera de los efectos: Diarrea y una hemorragia que con el paso de las horas se hacía cada vez más dolorosa, pero al parecer no insoportable.

Una semana después no le llegaba la regla y fueron a una clínica privada. Ella no mintió ante la enfermera y se arriesgó al reconocer que se había practicado un aborto con misotrol. Como ocurre en muchas casos, la profesional podría haberla denunciado, pero guardó silencio. Le hicieron una ecografía y comprobaron que el óvulo todavía tenía palpitaciones. “No recuerdo el tecnicismo, pero básicamente le dijeron que por ley, ese óvulo agonizante no podía ser extraído aún, y que tenía que esperar hasta que se muriera solo”, relata él.

Por recomendación de la enfermera, su novia no volvió a decir que había intentado abortar. Así que fingiendo chequear un embarazo que no quería llevar a cabo, tuvo que volver dos veces a la clínica, hasta que le dijeron que ya no se sentían latidos. “En la clínica le dieron más misotrol y un cóctel de pastillas que terminaron de expulsar al óvulo. Con la excusa del aborto espontáneo, pudimos acceder legalmente a que la ayudaran sin llamar a los carabineros para que se la llevaran detenida, como dice la ley que se debe hacer en estos casos”.

“Para mí no fue traumático estar metido en esto, porque mi rol era solamente apoyarla, estar con ella. El cansancio, el miedo y la angustia se los tuvo que llevar ella sola, todo pasaba en su cuerpo. Creo que si tuvimos suerte fue por el dinero. Su familia era acomodada, entonces le pudieron pagar lo mejor, mucha gente tiene que hacer esto en condiciones infinitamente peores”. Recuerda eso sí la rabia que sintieron cuando les dijeron que prácticamente tenían que esperar a que la célula se pudriera dentro suyo antes de sacársela.

“Si uno elimina el factor dinero y el factor ley chilena de la ecuación nuestra historia sería: decidimos realizar un aborto, fuimos y lo hicimos”, reflexiona. Para él, el calvario reside en los giros que hace dar la clandestinidad y en la desigualdad para acceder al procedimiento. “Eso es violencia amparada por la ley”, concluye.

Obligada a escuchar los latidos: violencia obstétrica contra menores

Beatriz es estudiante de Obstetricia y Puericultura en un plantel estatal y en este momento está haciendo sus prácticas en un hospital santiaguino. Todas las noches que tiene turno, le toca ser testigo de las condiciones en que las mujeres tienen que traer hijos al mundo.

Hace pocos días, en uno de sus turnos de rutina, atendió a una niña de 14 años que no quería hablar con nadie a menos que fuera para comunicar su voluntad: no escuchar los latidos de la guagua que estaba por tener, ni verla, ni saber su sexo. No saber nada del producto de una violación que había tenido que cargar durante nueve meses, como pudo constatar Beatriz en su ficha social. Las profesionales que la atendieron no la respetaban. “Mala suerte -le decían mientras le subían el volumen a los latidos- Hay que ver si está viva, va a tener que escucharla”. Y luego se quedaban oyendo por 20 minutos los latidos auscultados.

Foto: Constanza Liberona.

Una semana antes había llegado una quinceañera que ocultó su embarazo casi hasta el final. “No le tenía nombre a la guagua y en la ficha no decía nada sobre el padre”, afirma Beatriz. Su mamá, evidentemente una mujer pobre, decía cada cierto rato que ella trabajaba mucho, como pidiendo disculpas. “Eso es lo que más me da rabia de los ‘provida’: jamás piensan en estas niñas que están solas. Una mamá que se saca la cresta trabajando siente que tiene que pedir disculpas porque pueden haber violado a su hija mientras ella no estaba. De esta niña no se preocuparon ellos, no se preocupó el Estado, ni el colegio ni los consultorios.Tampoco se iba a preocupar el hospital, porque después de parir se va pa’ la casa y salen las tallas ‘ay ya, la vamos a ver de nuevo por acá en unos años más’”. gráfica la estudiante.

En Chile las estadísticas sobre aborto son difusas, pero en opinión de Beatriz los antecedentes que las preceden no. “Puedes ver los carnet de control de embarazo de los Cesfam, donde se anota si un embarazo es deseado y/o aceptado. Aunque las dos respuestas sean negativas, todo el mundo en el hospital va a preguntarte cómo le vas a poner a la guagua, o te va a comentar sobre lo bonito que es ser mamá”. Según Beatriz, la norma parece ser ignorar lo que pasa.

«Hablan de que en vez de abortar hay que dar en adopción, como si estuviéramos en la película Juno, no les importa pensar que las guaguas de acá se van directo al Sename», señala enérgica.

Pese a que aún no atiende un caso evidente de aborto inducido, sí sabe que una de las prácticas más comunes entre los equipos de salud -aparte de la denuncia- es simplemente ignorar los signos de misoprostol o intervenciones con objetos y armar una parafernalia completa en donde se lamenta la pérdida como si fuera un aborto espontáneo. “Es terrible tener que abortar aterrada, pensando en que te pueden meter presa y que si tienes complicaciones al llegar al centro asistencial vas a tener que fingir. Te tienes que preocupar más de no ser descubierta que de tus propios miedos”, sentencia.

Para Beatriz, las organizaciones feministas son las que se han hecho cargo del aborto en Chile, mientras que las organizaciones de profesionales de la salud solo se refieren al tema. «Nunca hemos utilizado la información que tenemos para realmente exigir que se empiece a mirar la realidad de las mujeres en Chile: muchas son madres en condiciones horribles, muchas abortan de forma clandestina e insegura”, reflexiona. Ella considera que un paso urgente es organizarse para garantizar esos derechos, comparando la pasividad que existe ahora en el sector que apoya el derecho al aborto, con las actividades de los doctores que se autodenominan provida. “Me da rabia cuando veo a esos médicos ir a La Moneda, armar ese show y colgar sus delantales, porque pienso que a nosotras nos falta mucho por hacer», finaliza.