Que Chile es uno de los países más desiguales de América Latina no es novedad. Según el último estudio económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado en noviembre de 2015, “el 10% más rico gana 26 veces más que el 10% más pobre”. A partir de esta dura realidad muchos se preguntarán cómo revertir, aunque sea un poco, esta cifra.

La discusión ha estado centrada mayoritariamente en el crecimiento económico y en el acceso a la educación. Sin embargo, poco se habla acerca de la política de acceso a la vivienda como un factor que reproduce la desigualdad y que muestra su peor cara en situaciones de catástrofe. El 13 y 14 de abril de 2014, Valparaíso vivió el incendio más devastador en su historia como ciudad, y la respuesta de las autoridades dejó en evidencia este problema.

Según el catastro llevado a cabo por la Delegación Presidencial encargada del Plan de Reconstrucción, 15 personas fallecieron, 2.190 viviendas fueron destruidas y 12 mil porteños quedaron damnificados. Ante esto, el gobierno actuó con máxima premura, incluso más que con otros desastres en el país ocurridos durante la misma época, comprometiendo una inversión de $502 millones en infraestructura entre 2015 y 2021.

Pese a las buenas intenciones, el proceso se ha visto envuelto en múltiples críticas que apuntan principalmente a una patente improvisación por parte de las autoridades, demorando el proceso y ofertando en primera opción los proyectos habitacionales de las inmobiliarias.

Rol subsidiario del Estado

La política de vivienda ha sido concebida de distintas maneras a lo largo de la historia reciente de nuestro país. Pasó de ser considerada un bien de primera necesidad, en el gobierno de Frei Montalva, a un derecho irrenunciable durante el mandato de Salvador Allende. ¿En qué momento el Estado dejó de hacerse cargo del diseño y producción de viviendas? Cuando en dictadura la vivienda comenzó a ser entendida como un “bien que debe ser adquirido por las familias a través del esfuerzo y el ahorro”, según un artículo publicado en la página de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

De esta manera, en 1976 fue reestructurado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), siendo desligado de su anterior responsabilidad y dejando esta labor en manos de privados. Desde entonces, la vivienda dejó de ser comprendida como un derecho y pasó a ser entendida como un bien de consumo.

Por medio de subsidios, el Estado asumió la regulación del acceso a la vivienda. Son varias las alternativas que existen para comprar o construir una casa, dependiendo de las condiciones socioeconómicas del postulante. Así, se encuentra el Programa Fondo Solidaria de Elección de Vivienda D.S. 49 (para sectores vulnerables), Subsidio para Familia de Sectores Medios D.S. 1, Programa de Protección de Patrimonio Familiar, Programa de Subsidio de Arriendo y Programa Condominio de Viviendas.

El Plan de Reconstrucción de Valparaíso otorgó beneficios a las familias damnificadas a través del D.S. 1 y el D.S. 49, decretos supremos que operan mediante las modalidades adquisición de viviendas nuevas o usadas, construcción en sitio propio –con pago posterior o pago por avance-, y densificación predial en condominios. A su vez, estas dos últimas opciones permiten el programa autoconstrucción Asistida, sistema en el cual las familias se hacen cargo de la construcción de sus casas siendo asistidas técnicamente por un equipo de profesionales.

En el fondo, se apuntó a que la clase media y los sectores vulnerables que vivieran en los cerros afectados pudiesen acceder a una vivienda “equitativa, segura y sustentable”, según las palabras de la ministra Paulina Saball después del incendio.

Sin embargo, el Minvu, por medio del Servicio de vivienda y Urbanización (Serviu), promueve más que nada la compra de viviendas tipo construidas por inmobiliarias que se quedan con “el 25% del subsidio en utilidad y gastos generales”, explica Eduardo Arenas, coordinador técnico de la reconstrucción en el Serviu de Valparaíso. “Nadie trabaja gratis, pero esto no quiere decir que aminore la calidad de la vivienda”.

La alternativa para reconstruir sin constructoras

Son varios los arquitectos que, de manera individual o colectiva, quisieron ayudar a los damnificados por el incendio. Conscientes de la tajada que toman las constructoras en la edificación de las viviendas, estos profesionales buscan actuar como la farmacia popular de la reconstrucción, saltándose a las empresas y aprovechando el 100% de los recursos obtenidos mediante subsidio.

¿Cómo lo hacen? Por medio de la Autoconstrucción Asistida, programa que permite sacar provecho al subsidio cuando los beneficiarios demuestran dominio sobre algún terreno. Rodrigo Asencio, uno de los arquitectos que participó asistiendo técnicamente en siete casos de Autoconstrucción, dice que las viviendas tipo no son de mala calidad, “pero no tienen muchos metros cuadrados”.

Allí radica el problema: los privados presentan productos con buenas terminaciones, pero considerablemente más pequeños que las casas construidas por medio de este programa, el cual, además, permite la participación de las familias en la definición del diseño y adecuan la estructura a las condiciones del terreno. Así, la ONG Vivienda Local, una de las entidades que surge a partir de esta situación, ha logrado levantar viviendas de hasta 139 m², superando cuantitativamente el tamaño de las viviendas tipo, las cuales varían entre los 55 y 62 m².

Varios de los beneficiarios que optaron por la Autoconstrucción señalan estar conformes con los resultados. “Los arquitectos hacen la casa a la pinta de uno”, afirma Digna Pinto en el cerro Las Cañas.

Las viviendas construidas mediante Autoconstrucción Asistida no parecen de subsidio / ONG Vivienda Local

Las viviendas construidas mediante Autoconstrucción Asistida no parecen de subsidio / ONG Vivienda Local

“Nosotros queremos democratizar la arquitectura”, cuenta Camilo Cajigal, uno de los arquitectos de la ONG Vivienda Local, y esto es lo que han hecho en al menos 90 proyectos, algunos finalizados y otros en obra, desde que participan en procesos de reconstrucción. Su primera experiencia como equipo fue en el incendio en los cerros Rodelillo y Placeres, el 14 de febrero de 2013. Allí comprendieron lo necesario que era organizarse junto a los vecinos para ayudarlos a construir viviendas de calidad y que respondieran a los modos de habitar y a las particularidades de cada familia.

No obstante, desde el Serviu, Eduardo Arenas señala que esta modalidad no sería aplicable para grandes proyectos habitacionales. Pese a ello, reconoce que, por su geografía, “la autoconstrucción está en el ADN de Valparaíso. Ahora la familia administra la plata y esa es la gracia. Eso es lo bueno”.

“No puede ser que cada vez que haya catástrofe tengamos que innovar”

El último reporte del Minvu sobre el incendio de Valparaíso, publicado en abril de 2016, da cuenta del progreso del Plan de Reconstrucción. Una de las escalas que comprende el informe es Ciudad. En ella, hay un apartado sobre Condiciones Ambientales y de Seguridad, e indica la finalización de un Estudio Geotécnico “que entrega información base para el desarrollo de obras en la zona afectada”.

Sin embargo, este tipo de estudios no tienen implicancia real en la edificación de viviendas. Según el informe Reconstrucción del Gran Incendio de Valparaíso, elaborado por el Observatorio Valparaíso, a pesar de lo que establece el Estudio Geotécnico, junto con “Sernageomin, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso” el 67% de las viviendas reconstruidas hasta diciembre de 2015 fueron emplazadas en zonas de riesgo.

Los datos publicados por el Observatorio Valparaíso son devastadores: las viviendas vuelven a construirse en zonas peligrosas para los habitantes. / Observatorio Valparaíso

Los datos publicados por el Observatorio Valparaíso son devastadores: las viviendas vuelven a construirse en zonas peligrosas para los habitantes. / Observatorio Valparaíso

A su vez, durante un foro llevado a cabo en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) el 14 de abril de 2016, denominado “Foro Valparaíso: A dos años del incendio, ¿cuánta ciudad hemos construido?”, Luis Álvarez, director del Instituto de Geografía de la casa de estudios, se refirió al bajo nivel de gasto que se ha utilizado en la reconstrucción a la fecha: solo un 47% del total destinado al año dos. “Hay mucho proyecto rezagado, porque requieren mucha relación interministerial”, afirmó.

Cuando el Estado se desliga del diseño y construcción de viviendas, la relación entre los actores involucrados en esta tarea se torna fundamental. En el caso de la reconstrucción en Valparaíso son varios: el Delegado Presidencial, el municipio, el Serviu, el Minvu, las Entidades Patrocinantes y los equipos de profesionales que asisten en los proyectos de Autoconstrucción. Cada uno de ellos cumple un rol, pero en este caso la multiplicidad de voces lo único que hace es demorar más los procesos y afectar directamente el estado emocional de las familias que esperan ansiosas comenzar a construir sus casas.

La burocracia, en este sentido, genera resquemor. Víctor Puelles recién está comenzando a construir su casa en el cerro la Cruz. “Yo lo dije en televisión: el alcalde no se ha portado al nivel que se tendría que haber portado, cuando él tiene el poder para haberle dicho a obras que sacara todo lo más rápido posible”. Por otro lado, Arenas, desde el Serviu, dice que “la burocracia es necesaria porque si no hubieran tratado de aprovecharse mucho más de lo que lo han hecho hasta ahora”, en referencia a los supuestos damnificados que llegaron a pedir ayuda incluso registrando domicilio en Santiago.

No obstante, asume que todos estos problemas de coordinación surgen por la ausencia de un programa eficiente en casos de catástrofes. “Yo creo que hay que instaurar la institucionalidad de la reconstrucción, con fondos propios y una línea directa. Nosotros tuvimos que inventar los procedimientos, pero no puede ser que cada vez que haya catástrofe tengamos que innovar”, señala contrariado.

Nadie es responsable

Tras dos años de intenso trabajo, el fiscal a cargo del caso, Cristian Andrade, puso fin a la investigación sobre el incendio. No hay responsabilidad penal en el asunto, siendo la hipótesis que explicaría el siniestro la electrocución de dos pájaros que se posaron sobre el tendido eléctrico en un fundo en la periferia de la ciudad. Evidentemente, esta explicación impide remediar todo el daño producido por la catástrofe.

Sobre este punto, Luis Álvarez, geógrafo de la PUCV, reconoce que la condición boscosa de los cerros del puerto fue un factor clave en el desarrollo del desastre. “Actualmente, no hay ningún programa que desincentive la práctica forestal del eucaliptus, ni tampoco hay programas de recuperación de quebradas”. El nulo ejercicio presupuestario en lo rural permite que el riesgo siga presente, “y esa amenaza está instalada justamente en la periferia empobrecida y en el bosque abandonado por propietarios que ni se enteran que se queman sus predios”.

El 53% del territorio presenta alta densidad de bosques, lo que genera una fuerte condición de riesgo para quienes viven cerca de esta zona. / Observatorio Valparaíso

El 53% del territorio presenta alta densidad de bosques, lo que genera una fuerte condición de riesgo para quienes viven cerca de esta zona. / Observatorio Valparaíso

La construcción de viviendas como una herramienta de cambio social

En Chile, la política de vivienda actual tiene directa injerencia en la reproducción de la desigualdad. El rol subsidiario del Estado permite que privados saquen provecho de subsidios, incluso en procesos de post catástrofe. Asumiendo esta situación, es necesaria la descentralización del poder para que los gobiernos locales no se vean entrampados en problemas de coordinación, y para permitir que iniciativas de la ciudadanía se posicionen como una alternativa para alcanzar viviendas de mayor calidad y que transformen la ciudad en un espacio inclusivo y bueno para todos.