Definimos a la infancia, por obra de los avatares etimológicos, de un modo negativo: el infans es aquel que no tiene acceso al “fari”, es decir, el habla inteligible. Ésta última, para la sociedad occidental, sólo es tal en cuanto ocurre “en público”, accediendo por ello a lo “común”. Los “infantes” serían aquellos que no tienen acceso a lo común, pues no pueden expresarse en los espacios que lo definen. No es extraño, en tal sentido, que el Estado moderno haya definido “políticas de la infancia”, pues a aquellos que “no hablan” y por ende no tienen acceso a lo común es preciso “cuidarlos”, “guiarlos”, “educarlos”, “formarlos”, etc. ¿Escucharlos? ¿Transformar la escucha logocéntrica para acceder a un habla cuya articulación no es la de la lógica sino la de un cierto “ruido” –la phoné que Aristóteles oponía al logos? El Estado no está para ello.

El “informe” que la semana pasada dio a conocer la encargada del Sename –organismo creado en una dictadura y que durante los años posteriores al retorno de la democracia ha mantenido intactas sus prácticas de encierro y excepción-, y que motivó una cadena nacional de la Presidenta de la República, es muy concretamente un “informe del horror”. Desde los Juicios de Nuremberg la sociedad moderna se ha acostumbrado a los informes del horror: se trata de documentos que convierten en cifras, en gráficos y en estadísticas algo que es propiamente innombrable: ninguno de nosotros puede tener la más mínima idea de lo que puede significar la experiencia vivida por cada uno de esos cientos de niños muertos en el más cruel de los encierros. La respuesta pasa por continuar y profundizar la misma lógica inherente al Estado (¿podría ser de otra manera?): a las cifras del horror se responde con cifras de la razón; se inyectarán más recursos, se planificarán medidas a corto y largo plazo que harán retroceder la infamia. Ello –lo sabemos todos con esta suerte de resignación cínica que es el tenor de nuestro tiempo- no implicará que el sufrimiento retroceda en lo más mínimo, y en algunos años más otros informes le pondrán gráficos a un espanto renovado. Es ésta la lógica del encierro, y así ha ocurrido con los manicomios y las cárceles, por lo menos desde el siglo XIX.

Una sociedad –como la chilena actual- en la que nadie se asombra demasiado por el hecho de que en sus lugares de trabajo la humanidad de cada cual (ah, los derechos humanos) sea definida (y tratada) como un mero “recurso” o “capital humano”, en la que las autoridades celebran porque la pobreza bajó en un grado “porcentual” –pero la pobreza y el hambre siguen allí, afectando a millones-, o en donde los anális acerca del destino de las instituciones se reducen a discutir en torno a su “misión” y “visión”, una sociedad así está perfectamente capacitada para aceptar la existencia no sólo de uno, sino de varios Senames. De la misma manera aceptamos el hacinamiento en las cárceles (pero si son delincuentes, no vamos a pagar sus comodidades con nuestros impuestos), los electroshocks en los manicomios (mejor que verlos deambulando por las calles, todos harapientos) y la pobreza cotidiana (expresada, por ejemplo, en esos jóvenes que quieren limpiarnos los vidrios de nuestros autos, y que tanto nos fastidian). Hemos ya entrado en la etapa que Alfred Jarry a inicios del siglo XX definió prístinamente en su famoso Ubú Rey: la estulticia generalizada.

¿Cómo definir entonces una “política de la infancia”? ¿Qué hacer para que el Estado se haga cargo de los niños cuyo cuidado es su responsabilidad? El pesimismo que me inunda no me hace estar particularmente capacitado para responder a estas preguntas. Se trata de un pesimismo, como sea, fundado: el análisis de las lógicas propias al Estado moderno, desde sus orígenes, nos hace entender que la función de éste no es en ningún caso ni “cuidar” ni hacer más felices o más plenos a los “ciudadanos”, sino más bien encerrarlos, corregirlos, encauzarlos –gracias a los tribunales de justicia, y su verdad: la policía- hacia la obediencia. En cualquier caso, una tal política debería avanzar hacia una definición de la infancia que negase la negación inherente a la etimología, e intentase inventar una escucha apta para oir la voz (ilógica, irracional, a veces cruel y la mayoría de las veces para nosotros incomprensible) de los niños, sobre todo de aquellos que tuvieron la mala suerte de ser pobres. Todo lo demás (incluyendo esa abstracción sin mayor sentido que se llama “derechos del niño”: tiendo a pensar que en cada una de las habitaciones del Sename donde se los viola, golpea y asesina esos derechos están escritos en los muros) es parte de nuestra existencia como felices ciudadanos en el reinado de Ubú.


Académico del Instituto de Filosofía, Universidad de Valparaíso.