El Ministro del Medio Ambiente (MMA) dio a conocer la semana pasada las medidas del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, denominado SantiagoRespira, el cual establece una serie de medidas estructurales con el objetivo de disminuir la contaminación de la ciudad.

Entre las principales medidas se encuentra la prohibición total de calefacción a leña en la Provincia de Santiago más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, exigencia de la norma Euro VI a la flota del Transantiago (tecnología más exigente a nivel internacional), normas de emisión más exigentes para la industria, una reducción de un 30% de las emisiones de material particulado fino (MP2,5) para grandes establecimientos comerciales y una zona de baja emisión para camiones con una antigüedad superior a 12 años.

Si bien el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad aprobó de manera unánime el paquete de medidas propuestas, existe una de ellas que no ha estado exenta de polémica. La restricción permanente, entre mayo y agosto, para vehículos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, así como la restricción vehicular a motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010.

De acuerdo a lo señalado desde el MMA, la restricción para catalíticos se aplicará diariamente -entre lunes y viernes- a dos dígitos. Durante episodios ambientales se podrá ampliar a cuatro dígitos, pero no incluirá a los vehículos de 2012 en adelante, debido a que aquéllos están bajo la norma Euro 5, en el caso del diésel, y Euro 4 en gasolina.

Durante la presentación del plan, el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena indicó que “Lo que estamos haciendo es restringir a los vehículos más sucios y eximir a los más limpios” como medida para incentivar la adquisición de vehículos nuevos.

Desde una perspectiva técnica-ambiental, incentivar la compra de vehículos nuevos no parece una medida lógica en una región como la Metropolitana donde la demanda por el automóvil aumentó más que la oferta vial, (de acuerdo al Registro Civil existen 4.121.355 de vehículos en la región y el parque automotor se septuplicó en 15 años a nivel nacional).

Es más, la medida parece ir en contra de la tendencia a nivel mundial de movilidad urbana sustentable de fomentar el trasporte público, a través de incentivos adecuados que apunten a desincentivar el uso del automóvil particular, expandir la red de Metro y trenes urbanos como los de cercanía o tranvía, ampliar con diseños integrales la red de ciclovías y asegurar que ciclistas y buses tengan pistas exclusivas por sobre autos y taxis.

Asimismo, la restricción permanente propuesta por el gobierno también lleva a preguntamos: ¿El principio de que “el que contamina paga” también implica la lógica de que quien puede pagar puede, en consecuencia, también contaminar?, ¿existe algo como un “derecho a contaminar” que puede comprarse?

De acuerdo la publicación de la Fundación Heinrich Böll “La métrica del carbono: ¿el CO2 como medida de todas las cosas?, esta idea de “derecho a contaminar” corresponde con la creciente introducción de mecanismos de flexibilidad que permite a los individuos cumplir la regla (la ley) sin la necesidad de instrumentos tradicionales de sanción. En esta lógica, las políticas ambientales no se basan más en los derechos humanos ni en los derechos colectivos, sino que consideran a las y los ciudadanos básica y principalmente como consumidores e inclusive conciben el “derecho a contaminar” y degradar el medioambiente como una mercancía (commodity).

Así, los “derechos pueden llegar a ser una nueva rama de “provisión de servicios” dirigida por los mercados en un mundo donde la compra de “permisos de emisión” (o compensaciones de biodiversidad) está completamente incorporada en la política publica –una tendencia importante y también criticada por los riesgos implicados en la “financiarizacion de la naturaleza”.