Diazepam, ravotirl, fluoxetina y clorpromazina. Cuatro ansiolíticos al día debió consumir Cheyenne Rezzio para calmar su depresión entre sus 13 y 15 años. Hoy tiene 24.

En tiempos en los que los secundarios exigían el fin de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), Cheyenne tuvo un pequeño desorden en su consumo diario, lo que la llevó un día a doblar su ingesta de pastillas diarias.

Tras sufrir un preinfarto cerebral y una visita forzada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), su historial psicológico y biográfico sonaron como fuertes razones para cometer un suicidio. Gracias a la tuición que consiguió su tía, Cheyenne abandonó el recinto el mismo año que se inició la llamada Revolución Pingüina.

Una década ha pasado y, después de conocerse la muerte de Lissette Villa Poblete, una niña de 11 años que falleció en abril pasado en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) y cuya causa no ha sido totalmente aclarada, Cheyenne quiso hablar ante los medios. Sus diez años de silencio equivalen al lamentable universo de decesos que registra el Sename. El último registro de defunciones anunciado el pasado 4 de octubre alcanza la cifra de 1.313 internos.

Historial de negligencias

Víctima de abuso sexual en su casa, a los 6 años fue separada de su familia para vivir recluida -por diez- en La Aldea, un hogar privado ubicado en Quilpué y colaborador del Sename.

Es 2016 y Cheyenne todavía no finaliza su enseñanza media. Mientras otros jóvenes de su edad se movilizaron en 2011 para demandar el fin al lucro en las universidades y educación gratuita; la superación al claustro de Rezzio ha sido un proceso lento.

Recién a los 18 se independizó de la red Sename, porque entre sus 15 y 18 años el organismo dependiente del Ministerio de Justicia fue su representante legal. Cheyenne en el centro nunca se enteró de una política de reinserción para los ex internos.

“Antes de egresar de La Aldea estuve en colegios con buena reputación, pero en el tema estudiantil después no había mucho que hacer porque, de hecho, desertábamos. El Sename estaba al tanto de todo y recibía informes que avisaban de mi situación, pero no había ayuda”, confiesa hoy.

La situación se complica más en los centros que dependen directamente del Sename. Como en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Pudahuel, un hogar del sector poniente de Santiago que recibe a adolescentes entre los 12 y 18 años.

Si Lisette no hubiese muerto en el Cread Galvarino a causa de la ingesta de fármacos como Sertralina (antidepresivo), Carbonato de Litio (para controles de bipolaridad) y Olanzapina (antipsicótico); ya tendría la edad suficiente para ingresar en el Cread de Pudahuel.

“Había muchos jóvenes que llegaban (al Sename) con los pies destrozados por el tiempo de permanencia en la calle. No había zapatos, zapatillas o chalas, pero había un presupuesto -en esa época- de 250 millones de pesos”, asegura David Covarrubias, un ex funcionario del Sename.

Manteniendo turnos de 12 horas diarias, Covarrubias se desempeñó como educador en Pudahuel entre octubre de 2012 y mayo de 2014. A dos años de su renuncia al Cread, el actual abogado practicante presenció una serie de irregularidades que graficaban la crisis que le estalló este invierno a Javiera Blanco en una acusación constitucional que finalmente fue desestimada.

La inexistencia de protocolos de seguridad en situaciones de crisis fue una de las primeras denuncias que hizo Covarrubias. Ser adolescente y vivir bajo situaciones de hacinamiento hace necesaria la preparación de un equipo profesional encargado de manejar los reiterados episodios de violencia que suceden diariamente en estos centros.

“Un día me dijeron que no sacábamos nada con advertirles sobre la violencia porque, para ellos, es su forma de arreglar las cosas. No conocen otra cosa, si la viven en la calle, en su casa y en el mismo Sename”, confiesa Rodrigo, un profesor de historia de 24 años que en 2014 hizo su práctica en el Cread Pudahuel.

Foto: Marco Jimenez

Foto: Marco Jimenez

¿Por qué nadie se mueve?

“En cuanto al movimiento estudiantil yo nunca he visto que se metan en algún tema del Sename o algo así. De hecho, si algún compañero mío de La Aldea fue a marchas era por opción propia, pero porque el movimiento estudiantil se acercaran a nosotros acá, nada. Nosotros somos evitados por muchos sectores”, asume Cheyenne.

Llega el 2016. Diez años de abuso, pérdida y negligencia pasaron desapercibidos ante los ojos del movimiento estudiantil y las consignas siguen sin cambiarse. Educación gratuita, de calidad e igual para todas y todos. ¿Qué ocurre con la falta de inclusión en estas demandas?

La respuesta ante el problema que atraviesan quienes viven en hogares del Sename ha sido tardía. Para Gabriel Iturra, vocero de la Confech por la Universidad Central, apunta hacia la generalización del movimiento: “En las movilizaciones las consignas principales son el fin al lucro y educación gratuita. No es que nosotros establezcamos consignas más prioritarias que otras, esto lo determinan todos los estudiantes de Chile y la misma prensa”.

Al igual que Iturra, para la ex vocera de la Confech y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Marta Matamala, “las contrapropuestas que se han levantado desde el movimiento social por la educación han estado asociado a las personas que tienen capacidad de movilización hoy en día”.

Esta marginación, se ha perpetuado en distintas dimensiones del movimiento. Desde hace tres años que se viene tratando de tecnificar las propuestas, pero hay cosas que aún se mantienen en la periferia del conocimiento de los dirigentes.

Por ejemplo, las necesidades educativas especiales, la implementación de capacitación docente, los derechos más allá de la gratuidad, entre otros. El movimiento se estanca y naturaliza una cultura asistencialista que impide aunar demandas.

Una de las cosas que atormentaba a Rodrigo era presenciar la alta ingesta de fármacos que servían para mantener sedados a sus internos. “Los asistentes estaban dopados con medicamentos dados por especialistas. Era la alternativa más recurrente y dañina para evitar que se descontrolen”, asegura.

Lo más grave que vio fue un intento de abuso sexual en una de las casas. “Muchas veces esperaban la presencia de Carabineros. No había una participación colectiva donde se aplicase un código de emergencia”, sentencia.

Debido a las precarias condiciones resultaría utópico pensar que los y las niñas del Sename se pronuncien y participen de las marchas ciudadanas. ¿Cómo puede unirse a la lucha estudiantil alguien que pase mayor parte del día dopado con ansiolíticos? No existe posibilidad de organización desde adentro del sistema.

“El llamado es a que las propuestas sean cada vez más complejas y que abarquen más. No sé si pasa tanto por las personas que lideran, como por el hecho de poder aglutinar sectores que hoy en día están marginado, que por lo menos no han asumido a una posición de liderazgo por la educación”, denuncia Matamala.

A las propuestas de la ex integrante de la Confech se le suma la autocrítica del actual vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones), Marcelo Correa: “Nos ha faltado el panorama macro del sistema educativo en su totalidad. Este movimiento estudiantil ha ido tomando más protagonismo secundario y universitario. Necesitamos transformaciones profundas”.

Caída libre

Los 125 metros que hay entre las avenidas El Salitre y la Estrella demarcan sólo un sector que ocupa la gran manzana que mantiene las dependencias de Pudahuel. Con apenas un guardia en la portería, el amplio terreno dispone dos canchas de baby fútbol, una piscina que abre los veranos, dos amplios patios, un comedor y un casino común para todos quienes hagan uso de este espacio.

Sin embargo, cuatro casas yacen contiguas por calle El Cobre. Separadas binariamente por sexo, Makemake y Futuro alojaban a chicos de 12 a 17 años; mientras que Génesis y Acuario a las chicas con el mismo rango etario.

Independiente que no sea el centro más problemático del país, los problemas de hacinamiento, la falta de insumos básicos como colchones, ropa y calzado en buen estado se agregan como potenciales factores de una crisis administrativa que mantiene el Sename con sus centros en la mira nacional.

Fue la Asociación de Funcionarios Sename (AFUS), la que se pronunció frente a esta problemática el pasado 22 de agosto. Actualmente siete centros se encuentran en paro, quienes exigen la creación de una nueva dependencia que propicie un ambiente sano para los y las menores.

Lo anterior se debe a una falta de criterio de la misma institución que permite que niños y niñas que han sufrido abuso y violencia sexual convivan en el mismo espacio que aquellos y aquellas que delinquen antes de los 14 años.

Previo a las paralizaciones de los funcionarios, la Cones ya había mostrado atisbos de una reforma en las consignas estudiantiles: “El futuro de los niños es hoy. Mañana será el tuyo. Cambiemos la historia del Sename” se podía leer en las pancartas, cuando intentaron tomarse las oficinas centrales de la institución el pasado 3 de agosto.

Correa entrega razones para levantar esta nueva arista del movimiento agregando que para una refundación, el servicio debe contar con $300 millones de dólares como presupuesto basal. “El gobierno está diciendo que es gratuidad o es el Sename, y lo que exige este último equivale a una décima parte de lo primero. Ese argumento sólo sirve para seguir tirando la pelota”, enfatiza. Actualmente se encuentran pasando por los trámites del protocolo ministerial, para poder tener una reunión con el Consejo Nacional de Infancia y la dirección del Sename

Respecto al presupuesto que el Estado destina al Sename, el pasado 5 de octubre, la presidenta de la República anunció un aumento extraordinario en este de 2.500 millones de pesos que se emplearán con el fin de mejorar la habitabilidad de los centros del servicio, además de indicar el envío de un proyecto de ley que pretende crear el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente –que será dependiente del Ministerio de Justicia- y la creación del Servicio de Protección a la Niñez- que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social. Todo lo anterior antes de finalizar el año.

Foto: Marco Jimenez

Foto: Marco Jimenez

“Que se nos incluya en sus demandas”

Alienados por el Estado capitalista y el clasismo respectivo, los estudiantes movilizados todavía no dan el gran paso. Si no fuera por decesos inexplicables como la de Lissette, Cheyenne no habría sentido la necesidad por recordar su dolor.

“Más que nada, incluyan nuestra realidad en sus discursos y demandas”, agrega la joven que recién está finalizando su enseñanza media. Mientras sus coetáneos ya comienzan a disfrutar las ofertas ofrecidas por el mercado laboral, la ex interina exige que las próximas generaciones se hagan cargo de esta deuda histórica con los más excluidos.

Los Sename seguirán siendo una fábrica de delincuentes y niños ignorantes sin estudios obligados a sobrevivir”, fueron las últimas palabras de una joven que calló su dolor por casi veinte años. Quizás, como una forma de redención, la historia de Cheyenne ayudará a construir nuevos puentes de diálogo y movilización.

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Los 2.500 millones serán distribuidos:

 

Mejora habitabilidad de los centros: 1.292 millones de pesos para bienes y servicios (baños, puertas, patios, cierres, bodegas, entre otros.

 

Calidad de vida: 725 millones de pesos para equipamiento y mobiliario (aire acondicionado, desfibriladores, televisores, bibliotecas, muebles, entre otros).

 

Derecho a la salud: 125 millones para habilitación y compra de insumos de cinco unidades de salud y enfermerías adicionales en los centros.

 

Servicios médicos: 357 millones de pesos para compra de servicios médicos de nivel secundario. El proyecto de Presupuesto 2017 refuerza los recursos del Sename en un 6,3% en relación al presupuesto vigente de 2016. Destacando: incremento de 18,6% en los recursos para la operación de los centros de administración directa y mejoramiento de la calidad de vida laboral para los funcionarios.

 

Ampliación del programa 24 horas: a 9 comunas adicionales a las 27 donde ya opera.

 

Subvención de proyectos en áreas de protección a menores: 146 millones.

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*Publicado originalmente en Revista Bello Público #78