El debate observado las últimas semanas sobre el sistema de capitalización individual que Chile adoptó en los años ochenta, ha generado que diversos actores desplieguen sus juicios sobre el presente y futuro del sistema de previsión social. En ello, se pueden ver una tensión recurrente en concebir las pensiones desde la razón política: vista como el derecho social obtenido por el triunfo de las disputas distributivas; y una razón económica, enraizada en cómo un trabajador puede llegar a obtener una jubilación eficaz mediante el ahorro personal realizado.

La controversia puede ser resumida en dos caras; desde la ciudadanía se materializa un descontento generalizado, representado en la alta adhesión que han tenido las convocatorias al movimiento “NO+AFP” a lo largo de todo el país. Los actores reclaman la injusticia del sistema, ya que éste no refleja los años de esfuerzo laboral y los que no se condicen con los resultados obtenidos en su jubilación. Esta construcción política ha estado acompañada de estudios y difusión tanto de la Fundación SOL y economistas expertos en pensiones, tal como Manuel Riesco, que han denunciado públicamente el déficit en la entrega de pensiones. En cambio, los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –abanderados por su actual presidente, Rodrigo Pérez Mackenna- argumentan que las AFP hacen una tarea eficiente en la distribución de las pensiones, desplazando los problemas y la explicación de los mismos a las características del mercado del trabajo nacional – como es la presencia de la informalidad económica, alta composición de trabajadores independientes y flexibilidad laboral-.

Desde el punto de vista del gobierno, esta disputa se puede resumir ligeramente hacia una resolución dicotómica. Por un lado, se busca una solución política, asimilada en qué el Estado vuelva a tener un papel principal en el sistema de previsión, mediante la creación de una AFP administrada por éste. Por otra parte, los defensores del actual modelo, plantean la generación de reformas que permitan a las AFP adaptarse a las exigencias del mercado laboral chileno, y de dicha manera, solucionar los problemas estructurales que presenta dicha industria, los que repercuten en el menor ahorro previsional que realizan las personas.

A pesar que la controversia muestra interesantes posiciones, el presente escenario plantea un camino distinto para la discusión del problema del sistema de pensiones. A la luz de los resultados de la reciente encuesta publicada por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y en cooperación con la Asociación de Bancos e instituciones financieras (SNIF),  se puede sostener que los chilenos se encuentran en un bajo porcentaje socializados en cuanto a conceptos y aplicaciones económico-financieras. Si comparamos dicha educación financiera con el contexto internacional, se observa que solo un 6,2% de los encuestados supo responder adecuadamente tres preguntas básicas relacionadas con inflación, interés compuesto y diversificación de riesgo. En cuanto a la descomposición de los datos, se revela que el porcentaje de mayor analfabetismo se encuentra en jóvenes y adultos mayores -tramos etarios en donde más se ha concentrado el área publicitaria de las Administradoras-. Las conclusiones del estudio son evidentes, se debe potenciar educar, en conceptos y aplicaciones económico-financieros a los chilenos, especialmente a los grupos menos informados que son los jóvenes y los adultos mayores.

Esta reciente caracterización entrega luces de una crítica al sistema de capitalización individual en cuanto a su propia noción oferta, o mejor dicho: su concepción institucional de afiliado, pues otros mecanismos de defensa ante de la crítica que utilizan las AFP, se da en la capacidad que posee el sistema de entregar diferenciadas herramientas para que el afiliado persiga un camino personalizado en la consecución de una mejor jubilación.

El camino de reformas ya instalado en el mejoramiento del sistema ha escuchado a las AFP. Se ha dotado al afiliado de mayor responsabilidad, ya sea por la reforma de los multi-fondos como también la instalación del mecanismo de Ahorro Previsional Voluntario.

La reforma de los multi-fondos el año 2002 generó una tipología de los fondos, asignándoles letras –desde la letra A hasta el E-, siendo A el fondo de más riesgo/mayor ganancia y el E el de menor riesgo/menor ganancia. Este cambio no solo permitió a las Administradoras poder reinvertir de manera diferenciada los fondos obtenidos mes a mes, sino que también dejó al afiliado como  único responsable tanto en las pérdidas y ganancias de sus ahorros obligatorios.

El mismo año 2002, bajo el mismo argumento del bajo porcentaje de ahorro de los cotizantes, se realiza un segundo momento de transferencia de responsabilidad a los afiliados, inaugurando el mecanismo de Ahorro Previsional Voluntario (APV). EL APV tiene como objetivo ser una forma de maximización de los ahorros para trabajadores que ya se encuentren cotizando en alguna AFP y quieran incrementar su jubilación o retirarse anticipadamente del mercado laboral. En esta reforma, también participa el Estado desde el año 2009, generando incentivos económicos asociados a beneficios tributarios, para quienes opten por este mecanismo de ahorro.

El desarrollo de ambos mecanismos, tal como han sido expuestos, dan cuenta que el sistema de previsión social posiciona al individuo frente a una diversificada gama de herramientas en dónde puede potenciar sus ahorros para la previsión, sin embargo, junto con dichas reformas y los resultados de la encuesta de educación financiera, emerge una interrogante: ¿Cómo las AFP han sostenido un camino en donde se transfiere el riesgo al afiliado sin generar, ya sea de forma personal o en compañía con el Estado, mecanismos de educación financiera?

Para responder a la pregunta sobre el accionar de las AFP, se pueden seguir las pistas que nos ha dado el sociólogo e Ingeniero francés Michell Callon. Callon sostiene que las ciencias económicas, y los economistas, en su desarrollo contingente no solo han descrito la realidad social, sino que en cambio han intentado masificar sus principios de concepción de individuo, sintetizado en la difusión del concepto de homo economicus. Es decir, los expertos en AFP han producido la forma en que se entiende el sistema y en particular la forma en que el afiliado debería actuar. Esta concepción producida del individuo -afiliado- posee tres principios básicos, un agente de carácter maximizador y de carácter egoísta, mismo que con conocimiento completo de su entorno, toma decisiones que busquen generar más utilidades para su persona.

Analizando las reformas del sistema previsional y los argumentos de Callon, damos cuenta que las AFP han avanzado en dicho camino al menos en parte. Sin embargo, dicho desarrollo ha sido de la mano de la creencia de que los afiliados cuentan con la información de funcionamiento y herramientas del sistema para optar teóricamente por más y mejores pensiones. Luego de los resultados de la citada encuesta, es claro que los datos para el caso chileno cuestionan esta hipótesis y más bien muestran una carencia de socialización financiera. El afiliado ha sido producido de manera incompleta.

En cuanto a la mayor innovación del sistema, es decir, la política de multi-fondos, según los resultados publicados por Benito Umaña más su equipo y en base a información obtenida por la Encuesta de Protección Social (EPS) 2006-2009, indican que un 78% de los encuestados no sabe qué tipos de fondos existen y solo el 17% ha elegido cambiarse de fondo.  Estos datos se condicen con la encuesta Adimark realizada el año 2015 sobre el sistema de pensiones, indicando que el 90,2% de las personas dice saber poco o nada sobre el sistema, un 58,8% no sabe cuál es la comisión cobra su AFP y el 45,3% desconoce el monto que posee para su jubilación. Todos estos datos nos muestran una socialización financiera débil para el afiliado del sistema de pensiones de Chile.

En cuanto al segundo mecanismo, el APV, si bien las AFP celebran el aumento del 9% de dichos ahorros el periodo 2014-2015, el mismo se traduce en incremento monetario de 123.647$ a 134.527$ promedio por afiliado. Sin embargo, solo el 27% de los chilenos utiliza este medio de ahorro, es decir, 7 de cada 10 chilenos no ahorra voluntariamente en una institución financiera.

La preocupación por parte de autoridad y de quienes participan de este sistema debería ser evidente: el sistema de capitalización individual ha avanzado sin considerar los mecanismos de educación que conlleven un efectivo aprendizaje económico-financiero. Este proceso sostiene una paradoja: ¿hasta qué punto se pueden responsabilizar a los afiliados de la consecución de mejores pensiones sin considerar estrategias de educación financiera?

Una respuesta de mercado a dicha problemática ha sido observada en un emprendimiento para el caso de intermediación de información financiera. Este es el caso de “Felices y Forrados”, empresa que materializa su trabajo, asesorando y socializando económico-financieramente a inquietos afiliados, luego de las negras consecuencias de las crisis financiera Sub-prime a los fondos de pensiones. No obstante, la novedad de dicho intermediario, y tal como es sostenido en los resultados preliminares del proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) de iniciación Nº 1140432, es la reciente transformación de Felices y Forrados en actor político. Es decir, este intermediario se ha pronunciado críticamente en una variada gama de temas económicos, políticos, y sobre todo a la crisis de que actualmente observamos en el sistema de previsión social, llegando al punto de proponer cambios que favorezcan la protección financiera del trabajador, reprochando a las AFP en su trato indiferente y vertical del afiliado.

Esta tendencia de “Felices y Forrados” más el accionar de los afiliados, dado el déficit de educación y socialización en economía y finanzas, pueden ser una parte fundamental de la explicación de las movilizaciones sociales, críticas publicadas en reportajes, columnas de opinión, y en general, en los medios de comunicación como televisión, radios, diarios impresos y medios digitales. Mientras las AFP apostaron hasta el día de hoy, en la construcción de un afiliado que observe sus pensiones desde la razón económica, obtuvieron una respuesta completamente contraria: un movimiento social-político que si bien no sabe precisamente cuál es la dirección que debe apuntar un sistema de pensiones alternativo, sostiene que  el actual sistema se encuentra en una profunda crisis.

En ello, los argumentos presentados aquí son una contribución para generar nuevas distinciones que aporten al conocimiento y debate. Con nuevas diferenciaciones, se puede pensar un sistema de previsión social en conjunto como sociedad, más allá de los debates técnicos y particularmente económicos. Un pensamiento de carácter complejo, que considere la multiplicidad de observaciones sobre este problema, permitirá considerar las distintas facetas que median en la construcción de un sistema de pensiones y que refleje los desafíos de un Chile del siglo XXI.

 


José Ignacio Alarcón, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile y Juan Felipe Espinosa, Facultad de Economía y Negocios. Universidad Andrés Bello.