El lío del padrón electoral, que cambió de domicilio electoral a casi 500.000 personas, se conocía hace meses por el Registro Civil, el Servel y el Gobierno. 

Eso es lo que revela este documento, publicado por Portalnet, donde se muestran una serie de oficios que dejan en evidencia que el bochorno del padrón electoral se conocía desde julio de 2015.

En un documento firmado por Luis Acevedo, actual director del Registro Civil, de finales de agosto de 2016, se explica que el 15 de julio el Registro Civil participó de una reunión junto al Servel y la Secretaría General de la Presidencia, para “resolver problemas o faltas de coordinación respecto a información relativa al domicilio electoral”.

En ella se adoptaron algunos acuerdos, entre ellos que el Servel remitiría el mismo 15 de julio “archivos que contenga los aproximadamente 480 mil registros declarados como posiblemente afectados en su padrón electoral”.

El documento firmado por Acevedo explica que “a partir de estos datos entregados por el Servicio Electoral, este Servicio (Registro Civil) realizaría un análisis y diagnóstico, conforme a los datos del archivo” que cita a continuación:

“De los datos contenidos en el primer archivo, en un 49,02% de los casos, la información mantenido por el Servel, no corresponde a la última información proporcionada por este Servicio, dentro del marco de las entregas periódicas de información electrónica; y de los datos contenidos en el segundo archivo, en un 59,18% de los casos, la información mantenida por el Servel, no corresponde a la última información proporcionada por este Servicio”, indica.

A renglón seguido, Acevedo asegura que “con fecha 22 de julio de 2016, se remitió a la contraparte técnica de la Secretaría General de la Presidencia, mediante correo electrónico, una minuta detallada del análisis aludido en el punto anterior“.

Es decir, el Registro Civil envió los detalles de su análisis respecto a los 480 mil casos de cambio de domicilio al Gobierno hace casi exactamente tres meses.

Cabe destacar que este bochorno implicó la apertura de una investigación de la Fiscalía por presunto fraude electoral y la tramitación de una ley corta para solucionar el embrollo a sólo días de una nueva elección municipal. Ley que finalmente, en horas de la mañana, el gobierno retiró el proyectopor falta de apoyo político.

Aquí puedes ver los documentos: