El 27 de septiembre pasado el abogado Ramón Sepúlveda Castillo (defensor del ex funcionario del SII Juan Martínez en el caso Penta y querellante en el escándalo de AC Inversions) ingresó al Octavo Juzgado de Garantía una querella contra cuatro estudiantes de Licenciatura en Historia de la Universidad de Chile. Según el desvinculado profesor de la misma carrera, Fernando Ramírez Morales, las alumnas María Ignacia León, Francisca Orellana, Ibania Palacios y María Jesús Urquízar habrían cometido el delito de injurias agravado por la publicidad que le dieron a sus denuncias de acoso laboral.

La primera de esas denuncias se hizo pública en noviembre del 2015, en una asamblea de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, cuando se inició un sumario administrativo contra el especialista en geografía histórica. Rápidamente se sumaron otras tres estudiantes. Cinco meses después, y con varias polémicas de por medio -como la renuncia del director de la carrera de Historia, Leonardo León, sancionado por acoso sexual y superior directo de Ramírez-, la decana María Eugenia Góngora firmaba la destitución del profesor, que ejercía la docencia allí desde 1981. La destitución, además, le impedirá trabajar en instituciones públicas por cinco años.

Según la querella de Ramírez, “las querelladas intencionalmente realizaron una serie de acciones públicas a fin de producir un daño permanente a mi honra e imagen personal y profesional”. Las estudiantes señalaron que sólo se manifestarán públicamente sobre la querella a través de su nuevo representante legal: el reconocido abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic Yaksic, quien asumió este rol a solicitud de la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán.

El costo de denunciar el acoso

Las estudiantes contra las que se dirige la querella aún no reciben una notificación oficial, pese a que ya se les designó un defensor público penal. Sin embargo, se enteraron de la querella luego de que les llegara una oferta de defensa express desde una oficina de abogados en línea. Fue así como se les alertó de que tenían una querella penal en su contra, dando aviso a su vez a la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la casa de Bello.

Para la directora de esta oficina creada en 2013, la socióloga Carmen Andrade, el apoyo institucional de la Universidad de Chile a las alumnas en esta querella es fundamental: “si en este caso se investigó y se llegó a establecer una sanción, para nosotros es muy importante como universidad que las víctimas no sientan que el desenlace final de la denuncia es contra ellas”. Esto, ya que distintos estudios como “Denunciar o sufrir en silencio” de la Dirección del Trabajo revelan que, a la larga, son quienes denuncian las que pagan el costo social de enfrentar el acoso sexual, ya que en un 52% cambian de trabajo u ocupación para no enfrentar a sus agresores impunes, las críticas que les valió denunciar o los problemas que enfrentaron con sus superiores por lo mismo.

Según Carmen Andrade, los estudios realizados al interior de la Universidad de Chile muestran que esta realidad se replica en el ámbito educacional, y que parte de los factores por los que estudiantes, académicas y funcionarias no denuncian es por desconfianza en las instituciones, temor de que repercuta en sus carreras y el juicio social que enfrentan. ”Con esta querella de Ramírez, la interpretación iba a ser de una represalia contra las estudiantes que denunciaron y vimos como muy necesaria que la universidad actuara”. Es por eso que la Vicerrectoría de Extensión y C0municaciones, unidad donde está la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, solicitó apoyo a la Facultad de Derecho. Quien asumió la defensa de las cuatro estudiantes fue el decano Davor Harasic junto con el conocido académico Gonzalo Medina Schulz, quien es director del departamento de Ciencias Penales de la misma facultad. 

Davor Harasic / AGENCIAUNO

Davor Harasic / AGENCIAUNO

Injurias y acoso sexual: ¿Cuál es la estrategia de Ramírez?

“El daño que me han generado las querelladas a través de los actos que ellas han realizado no sólo resultaron en una afectación de mi imagen pública como docente y honra, sino que también dichos actos impulsaron la toma de decisiones por parte de la Universidad de Chile” señala Fernando Ramírez Morales en un apartado de “contextualización” de la querella.

Así, divide los actos de “injurias” de las estudiantes que lo denunciaron en tres, de los cuales participaron como autoras: cinco artículos de prensa (de The Clinic, El Desconcierto y La Segunda), la realización de una asamblea de estudiantes de la carrera de Historia, la generación de carteles y panfletos con el nombre y acusaciones contra el profesor, y, por último, las publicaciones y comentarios de las cuatro estudiantes en sus perfiles de Facebook. Todas estas acciones las atribuye a la autoría de María Ignacia León, Francisca Orellana, Ibania Palacios y María Jesús Urquízar.

Para Bárbara Brito, integrante de la Secretaría de Género de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, esta querella no es sólo contra las cuatro estudiantes, sino que busca amedrentar a todo el movimiento contra el acoso que se generó en “la U”. Respecto a las asambleas y panfletos generados, que Ramírez atribuye a las estudiantes que denunciaron, Brito explica que “como secretaría fuimos parte de activa de la denuncia. Era muy importante generar movimiento alrededor de esta denuncia de acoso sexual. Pensábamos que la mera investigación en el decanato no era suficiente, sino que había que presionar y  tener movimiento contra el acoso sexual, no sólo el de Ramírez sino que todos los que se viven en la universidad”, explica. 

Para probar lo que exige la figura de injuria agravada con publicidad, esto es, que los dichos y acciones a lo largo del proceso que terminó en su destitución tuvieron por efecto deshonrarlo, desacreditarlo y menospreciarlo, Ramírez presentará como testigos a viejos conocidos de las estudiantes. Entre las siete personas que atestiguarían a su favor hay cuatro estudiantes de la Universidad de Chile y un profesor. Los estudiantes son compañeros de carrera de las denunciantes y dos de ellos trabajaron junto a ellas en labores al alero de Fernando Ramírez. Destaca, además, que se presente como testigo al profesor Leonardo León, su ex jefe, sobre el que pesan sistemáticas denuncias de acoso sexual en la Universidad de Valparaíso y la misma Universidad de Chile, las que fueron sancionadas en un sumario en la primera casa de estudios en 1999 e incluso recogidas en el capítulo del programa de investigación de Canal 13, Contacto, el pasado 10 de octubre. Otra de las testigos de Ramírez es una estudiante del programa de Pedagogía y actual pareja sentimental de Leonardo León. 

Según Pablo Viollier, analista de Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales, la figura de querella por injurias con publicidad está en cuestionamiento. “Es una figura penal compleja, porque tiene consecuencias eventualmente negativas para la libertad de expresión. Es una figura que, efectivamente, se ha utilizado en el pasado para crear un efecto inhibitorio, en el sentido de que ciertas expresiones son susceptibles eventualmente de ser atacadas con esta figura tan amplia que es la injuria, lo que finalmente intenta acallar ciertos discursos”.

En Derechos Digitales, explica Viollier, son especialmente críticos con la agravante de “injurias con publicidad”, la figura que ocupa Ramírez contra las estudiantes que lo denunciaron. “Corresponde a un tiempo anterior, donde efectivamente había que hacer un esfuerzo significativo y positivo para divulgar. Hoy en día, cualquier comunicación que realices en Facebook o Twitter son públicas, las acusaciones privadas ya casi no existen. Es muy complejo y la legislación ya no está respondiendo a las formas en que la gente se comunica”.

Esta fue la misma crítica que realizó el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, durante su visita a nuestro país en agosto pasado. Analizando la hoy desestimada querella de la presidenta Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa por injurias y calumnias, Lanza declaró que “se excluye de responsabilidad a los periodistas que actúan reproduciendo información de un tercero y que es información de interés público”, agregando que “para casos de interés público, no debiera ser objeto de sanciones penales. Debería ser objeto de sanciones civiles bajo estándar de la real malicia, el funcionario que siente que ha sido ofendido debe probar que el medio actuó por negligencia, malicia temeraria, de publicar algo falso sabiendo que es falso”. “Esto tiene un efecto inhibitorio en el sentido de que después cualquiera que denuncie acoso sexual puede ser acusado de injurias”, explica el analista de Derechos Digitales.

Otro punto relevante es el que se presenten como pruebas publicaciones de Facebook. Para Viollier, “lo que va a determinar si es una prueba o no es la configuración que le dio la usuaria. Si le dio carácter de privado, se realizó una curatoría y se hizo cargo de que los receptores son sólo aquellas personas que considera de confianza, no son de carácter público. Si es así, esas comunicaciones son privadas y quien las comparte comete una infracción. Hay jurisprudencia al respecto en Chile en el ámbito laboral”, explica.

Con todo, en la Universidad de Chile están a la espera de que el Octavo Tribunal de Garantía resuelva -o no- la admisibilidad de la querella de Fernando Ramírez. Carmen Andrade señala que, en caso de que se acoja, desde la oficina dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, esperan que “los tribunales tomen en cuenta el proceso administrativo que llevamos acá en la Universidad de Chile. Me parece de sentido común. La universidad investigó, dio todas las garantías de debido proceso y se formó todas las convicciones de que el castigo ameritaba”.