Luego de que la familia de la comunera mapuche denunciara que esta fue obligada a parir engrillada, distintas partes han dado sus versiones. Primero fue Gendarmería, institución que negó que ella se encontrara así durante el parto. Esto fue inmediatamente rebatido por la directora de la Clínica Sanatorio Alemán, Paulina Romagnoli, que señaló que efecitvamente Cayuhan se encontraba esposada en sus pies.

Bío Bío dio a conocer el relato de la comunera. Ahí cuenta que se había comunicado con Gendarmería para ponerlos al tanto de su complicado estado de salud, algo que acusa no fue considerado en primera instancia.

“Le había dicho la semana anterior a la paramédico de Gendarmería que me sentía mal, me dijo que podía no ser tan grave, pero sin revisarme. Me dijo que esperara y el jueves cuando me sentí peor le fui a decir a la suboficial mayor y ella la llamó para que me fuera a revisar y ahí me sacaron al Hospital de Arauco”, relata Cayuhan. Ahí fue trasladada desde Arauco hasta el Hospital Regional de Concepción, donde constataron por los exámenes que su situación era complicada.

Cayuhan fue trasladada finalmente hasta la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán. “Toda la noche estuve en el Hospital Regional, allá no había cupo y el embarazo estaba bien complicado, había riesgo para el bebé y para mí y no había tiempo para esperar”, indicó la comunera.

“Desde la cárcel me sacaron solamente con esposas hasta el Hospital de Arauco y después cuando me subieron a la ambulancia me pusieron los grilletes en los pies, siempre amarrada a la camilla, y ahí estuve con grilletes hasta el día del parto. Me sacaron los grilletes cuando la guagua había nacido ya”, afirmó, reafirmando la denuncia realizada por su familia.

Apenas se supo el caso, la Defensoría Penal interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Al repudio al accionar de Gendarmería se sumó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras que Aministía Internacional realizó una declaración pública donde llamaban a las autoridades a investigar este de hecho, que de comprobarse “estaríamos ante graves violaciones a los derechos humanos de esta mujer entre ellas, su derecho a la salud física y síquica, su derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser sometida a violencia de género, además de los derechos específicos que consagran el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU en relación a los derechos de los pueblos indígenas”. 

El organismo hizo enfasis en que ninguno de esos derechos se debería ver alterado al estar privada de libertad, haciendo un llamado al Estado a reparar el daño causado a la mujer, y garantizar que en adelante ella y su hijo recibieran un trato digno.