Parral: La querella criminal contra carabinero por muerte de joven durante operativo policial

El pasado 11 de octubre el INDH presentó las diligencias que buscan avanzar en la investigación de la muerte de Luciano Villanueva el año 2014, que a la fecha se mantiene sin culpables.

Luciano era el menor de tres hermanos, tenía 21 años, y acababa de terminar su práctica tras salir del liceo técnico Federico Heise en la región de Maule. María Carrasco, su madre, lo recuerda como un joven bueno para la pelota, un niño sano, que la ayudaba en la crianza de sus tres nietos para que no terminaran en un hogar.

Pero su vida se vio abruptamente interrumpida el 9 de noviembre del año 2014. Una historia de mala convivencia en la población Arrau Méndez de Parral, que tomó dimensiones sin precedentes ante la intervención policial.

La familia Villanueva Carrasco señala que desde hace muchos años mantenían una relación distante con uno de sus vecinos. Pero aquel domingo, tras una discusión que involucró a un sobrino menor de edad, Luciano se dirigió hasta el inmueble de su vecino, que se encontraba deshabitado, y rompió uno de sus vidrios.

Horas más tarde, tres carabineros irrumpieron en su hogar buscando a Luciano por el incidente. La familia asustada por las dimensiones que estaba tomando el operativo, se negó a entregarlo.

María fue trasladada junto a sus tres nietos hasta el retén Reina Luisa, mientras los sargentos Cristian Gutiérrez y Juan Morales ingresaron hasta el inmueble, y se parapetaron afuera de la habitación de Luciano exigiendo su entrega. Ante la negativa, uno de los funcionarios disparó su arma de manera frontal, impactando instantáneamente a Luciano a la altura del tórax, de acuerdo al informe del Servicio Médico Legal de Linares.

“Desde el accidente mi vecina y yo nos juntamos a conversar y rompemos en llanto, jamás pensamos que algo así podía pasar. Carabineros mató a mi hijo por romper un vidrio”, sentencia María Carrasco.

De Parral a Santiago: el difícil camino hacia la justicia

El próximo mes se cumplirán dos años de la muerte de Luciano Villanueva, y su caso puede dar un giro tras la querella criminal presentada por el INDH el pasado 12 de octubre.

«Creemos que están los elementos necesarios para probar el homicidio y contrarrestar la tesis de legítima defensa, esto permitirá condenar a los autores», señala la abogada Ángela Hernández.

De acuerdo a la querella, la muerte de Luciano apunta a un dolo eventual por parte de los funcionarios, ya que la víctima no se encontraba armada y, carabineros, como profesionales en el uso de armas, tenían un control de la situación.

María Carrasco manifiesta su optimismo ante el apoyo del INDH. “Ya no estamos solos en esta batalla, vamos con un pie más firme que ayudará a esclarecer cómo mataron a mi hijo. Tenemos que seguir luchando, no solo por mi hijo, para que la historia más triste de mi vida pueda servir a otras personas.”

La institución de Carabineros de Chile señaló que no pueden emitir información sobre el caso, ya que se encuentra en medio de un proceso investigativo, y que la Fiscalía de San Javier está llevando a cabo un sumario administrativo para investigar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Igualdad ante la justicia

El caso de Luciano Villanueva también ha sido respaldado por la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial, organismo que busca poner fin a la justicia militar con el propósito de que los funcionarios policiales y militares sean investigados por la justicia ordinaria.

Actualmente, la Agrupación reúne los casos de Manuel Gutiérrez, menor de edad asesinado con armamento de guerra en la población Jaime Eyzaguirre; Jorge Brito, estudiante víctima de tortura el año 2013; María Paz Cajas, mujer que sufrió un aborto a causa de golpes policiales; y Felipe Aracena, joven fallecido tras caer desde una patrulla en la localidad de Paihuano.

De acuerdo a Miguel Fonseca, Coordinador de la Agrupación, “el 90% de los casos que llegan a justicia militar no son investigados, mientras que muchas de las denuncias en contra de Carabineros o Fuerzas Armadas, tienen juicios secretos, las víctimas no son consideradas como tales, y son uniformados quienes desarrollan la sentencia”.