A las 4 y media de la tarde de martes 25, el director del Servel, Patricio Santamaría, llegó hasta el Centro de Justicia para declarar sobre su rol en el gigantesco error detectado en el padrón electoral. Tres horas después, al finalizar su declaración, Santamaría señaló a la prensa que ya en octubre habían puesto los antecedentes del caso en manos de la Fiscalía Nacional. La fiscal Ximena Chong está realizando una investigación a raíz de otras denuncias”, señaló, añadiendo que “es una investigación que está empezando. Estamos tranquilos y me imagino que habrán otras personas que tendrán que venir a declarar”.

La trama del escándalo, que de acuerdo a distintos analistas influyó en el aumento de la abstención el pasado domingo, corre hoy por tres vías distintas. Por un lado está la judicial: la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, liderada por Ximena Chong, examina si en los traspasos erróneos de más de 400 mil personas en su domicilio electoral hubo delitos o posibles negligencias vinculados a la Ley Electoral.

El día lunes, en tanto, se activó la arista institucional del asunto: el nuevo ministro de Justicia, Jaime Campos (PRSD) informó que no se le renovó el contrato al director del Registro Civil, Luis Acevedo. Además, nombró como director interino a Jorge Álvarez. Eso no fue suficiente para contener las críticas en su contra, ya que uno de sus socios, Francisco Zúñiga, representa legalmente a Morpho S.A., la empresa que desde 2014 está a cargo del soporte informático del Registro Civil. Durante la tarde del martes, los diputados Germán Becker (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) ingresaron a trámite la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los errores del padrón, que en un plazo de 60 días debería esclarecer el asunto. Si a eso se añade el sumario instruido por la Contraloría General de la República, ya son al menos tres indagatorias al respecto.

Por un tercer carril, apenas se supo del erróneo traslado de cientos de miles de votantes a nuevos domicilios electorales inconsultos se reactivó el debate por la posibilidad del voto electrónico. El ex Presidente Sebastián Piñera anunció que se encuentra estudiando tres modelos de implementación de esta modalidad con base a experiencias internacionales, las que presentará a La Moneda, asegurando que el objetivo es “evitar los bochornosos errores que se han cometido con el padrón electoral”. El mismo día del anuncio, la seguridad virtual global volvió a ser puesta en jaque cuando se vulneraron los servidores de gigantes de la industria como Google, Paypal, Twitter y Spotify, así como medios tales como el New York Times, viviéndose un episodio masivo de denegación de servicios. En tanto, por esos días la bancada del PPD se reunió con el ministro del Interior, Mario Fernández, para solicitarle la implementación del voto electrónico en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. “Es necesario modernizar el sistema de elecciones y permitir que las personas tengan menos complicaciones para votar”, señaló el diputado Ramón Farías.

AGENCIA UNO

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El papelón del padrón electoral: un problema de datos

El sábado 22 de octubre, El Mercurio reveló la minuta enviada por el ahora ex director del Registro Civil, Luis Acevedo, respecto a los 463.442 ciudadanos cambiados de domicilio electoral en forma inconsulta. Las autoridades habrían estado al tanto de la situación, al menos, desde el 15 de julio, cuando en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Nicolás Eyzaguirre, se reunieron directivos del Registro Civil y del Servicio Electoral. Incomprensiblemente no se tomaron medidas de control de daños comunicacionales y políticos hasta que el caso estalló en la prensa, tan sólo semanas antes de las elecciones municipales.

Hay algo que es claro: el 31 de enero de 2012 se aprobó la ley 20.568 que establecía la inscripción automática en los registros electorales. En ella se dispone que el cambio de domicilio electoral ante el Servicio de Registro Civil e Identificación es una acción voluntaria de iniciativa del usuario. Sin embargo, desde 2013 en adelante, el Registro Civil informó al Servicio Electoral en al menos tres ocasiones que por el cambio del software de identificación “se está capturando este domicilio en forma obligatoria a todas las personas que renuevan cédula”. En la práctica, esto significa que, en los registros, se modificó el dato “domicilio electoral” sin preguntar.

¿Cómo se generó este problema? En septiembre de 2013, luego de un largo y polémico proceso de licitación que se había iniciado en febrero de 2008, la firma Morpho S.A., filial local de la transnacional francesa Safran, se hizo cargo de la fabricación de las nuevas cédulas de identidad y pasaportes chilenos hasta 2023. En el nuevo sistema se reestructuró la forma en que se ingresaba el dato de domicilio electoral, quedando así registrados en ese dato todo tipo de domicilios ingresados en trámites del Registro Civil, como pasaportes o nuevos carnets.

Así, según Carlos Busso, ex presidente de la Asociación Chilena de empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) y ex director de ADEXUS S.A., la empresa que tuvo el soporte informático del sistema operativo del Registro Civil desde 1993 a 2015 -incluyendo la falla del 2013, cuando el sistema se “fue a negro”-  “el problema es de definiciones. Con la inscripción automática es necesario tener datos más precisos y que los organismos se pongan de acuerdo respecto a cuál es el dato que se ocupará, si este es modificable y bajo qué procedimientos”, explicó a El Desconcierto.

Consultada la empresa Morpho al respecto, señalaron a este medio que la única información que emitirían es la declaración del viernes pasado, cuando a través de un comunicado público se excusaron: “No le cabe a la plataforma tecnológica provista por Morpho S.A. para los nuevos documentos de identificación ninguna responsabilidad que altere o vulnere el procedimiento de registro de domicilios descrito expresamente en la Ley”, señala el texto, agregando que “la puesta en marcha de la nueva plataforma tecnológica se hizo de la mano de las autoridades del Registro Civil, con el desarrollo previo de un programa de capacitaciones a funcionarios a nivel nacional, y haciendo las adecuaciones que las autoridades estimaron pertinentes y fueron priorizadas por ellos, en medio de la implementación de un sistema de identidad con mayores niveles de seguridad”.

“No nos vamos a referir a esto porque hay una investigación en curso en Fiscalía y en Contraloría”, señala la emblemática dirigente de los funcionarios del Registro Civil Nelly Díaz a El Desconcierto. Pese a eso, es enfática en señalar que “tenemos el respaldo en documentos de que, ante cualquier anomalía, los funcionarios del Registro Civil reportaron y denunciaron a las jefaturas”, explica.

Fue esa notificación constante a las jefaturas la que, en 2013, permitió que se reportaran a cientos de errores y fallas en la implementación del nuevo software de Morpho. Incluso se constató que esa puesta en marcha se hizo seis meses antes de lo esperado, con una marcha blanca de apenas dos semanas y con una capacitación que sólo incluyó instrucción teórica, lo que siembra la duda respecto a cómo se realizó el “programa de capacitación de funcionarios a nivel nacional” para el caso de los cambios de domicilio mencionados en el comunicado de Morpho. Entre los trabajadores del Registro Civil hay molestia, ya que sienten que están pagando el costo público: “Cada uno se está salvando y los que están al medio de los dos organismos son los funcionarios”, acusa Nelly Díaz. 

Luego de semanas, lo que está claro es que es un problema de datos. La información de domicilios no se encuentra en forma íntegra ni estandarizada, y eso redundó en un error que, de acuerdo a La Tercera, tuvo como principales afectadas a las comunas de Alhué y Recoleta, ambas de la Región Metropolitana, quienes redujeron drásticamente sus inscritos para votar. Según los datos que entregó el Servel en octubre, 480 mil personas, un 3,4% del padrón electoral, registraron para este proceso un nuevo domicilio electoral. Aún no logran saber cuántos lo hicieron voluntariamente.

 FOTO:PABLO ROJAS MADARIAGA/AGENCIA UNO


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Votación electrónica: ¿solución mágica o millonario negocio?

El ex presidente Piñera y la bancada del PPD no fueron los únicos actores que se pronunciaron a favor del voto electrónico una vez instalada la polémica por el cuestionado padrón electoral. También lo hizo Raúl Ciudad, actual presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (Acti) y gerente general de Coasín. En una carta a El Mercurio, Ciudad señaló las ventajas de este sistema: “se elimina el margen de error humano, aumenta la accesibilidad, es auditable, la población puede conocer los resultados en pocas horas y se integran herramientas tecnológicas que permiten el compromiso y la participación del elector. Nuestro país cuenta con una buena infraestructura de TIC, cultura tecnológica general y los medios para adoptar esta y otras soluciones de modernización. ¿Por qué no sumarnos entonces a esta lista?”.

Pablo Viollier, analista de Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales, enumera algunos argumentos en contra: “No hay ningún buen motivo para implementar el voto electrónico”, señala, añadiendo que “es interesante hablar de esto, porque el Estado falla sistemáticamente exponiendo los datos de los ciudadanos en Chile”, explica. En su mirada, la polémica entre el Servel y el Registro Civil “revela la falta de cuidados y medidas de seguridad informática que afecta a las distintas reparticiones del gobierno. No es algo nuevo: hace algunos meses el Ministerio de Salud tuvo una filtración respecto a las personas que viven con VIH”. 

En el caso del padrón electoral, asegura Viollier, somos testigos no sólo de cómo el Estado falla en proteger los datos de los ciudadanos, sino que es parte activo en exponerlos. “El Servel tiene el mandato legal de publicar el padrón y este viene con datos personales sensibles: nombre, RUT y dirección. Todo sistema informático puede ser atacado. Pasaríamos de un sistema transparente, donde hay respaldo físico y auditoría ciudadana, donde cualquier organización política puede tener un observador en terreno asegurando que el proceso sea transparente, a un sistema informático, donde el control de lo que sucede no podrá estar sujeto a la fiscalización ciudadana”, previene.

“La semana pasada hubo un ataque informático y la mitad de Internet estuvo caído. Ayer estuvo caído Google por ataques informáticos. Si lo logras con Google, que tiene sistemas sofisticados de ciberseguridad, imagínate cómo sería con las del gobierno chileno”, grafica. Esto se demostró el 20 de octubre, cuando el ingeniero Javier Palma subió a su blog una entrada llamada “Servel, mi privacidad de datos, idiota”, en la que probó que, usando la aplicación Wget, es posible automatizar la descarga de los archivos y obtener todo el padrón electoral en un archivo de aproximadamente 1.5 GB en tu computador personal. No sólo eso: al entregar el domicilio, es posible geolocalizarlas en la herramienta Google Maps:

servel

“Ellos creen que es una solución para la abstención electoral, pero la verdad es que ése es un problema político y no un problema de mecanismos. Aquí se está intentando resolver la abstención por secretaría, pero los problemas políticos se resuelven con política, no a través de mecanismos formales”, explica. “Sólo hay argumentos en contra del voto electrónico. Como Derechos Digitales nos oponemos tenazmente”, insiste.

Además del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales, hay millonarios intereses en juego. Y es que si en el caso de la licitación que se adjudicó Morpho S.A. para el sistema de identificación del Registro Civil el monto ascendía a 400 millones de dólares, basta mirar las experiencias internacionales para entender los giros de la industria de datos. De acuerdo a un informe del Programa Asia Pacífico, la implementación del voto electrónico en India implicó un costo de 200 millones de dólares sólo en máquinas de votación. A esto hay que sumar el presupuesto posible para el diseño y puesta en marcha del software de sufragio, su trazabilidad y sistema de auditoría pública, cada uno de los cuales podría equivaler a una licitación de Morpho.

La asociación que reúne a los gremios del rubro en Chile, Acti, apoya firmemente la implementación del voto electrónico. Entre sus socias están muchas de las empresas que judicializaron la prolongada licitación del Registro Civil: Sonda del empresario Andrés Navarro, a cargo del sistema operativo del Transantiago y la misma Safran, matriz de Morpho S.A. Y, mientras se resuelve judicial, institucional y administrativamente el problema del padrón electoral, avanzan públicamente en la instalación del voto electrónico como la solución a una participación que baja sistemáticamente en cada elección.