Por segunda vez en el año sesionó ayer la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago. La instancia debe analizar los informes que elaboran los jefes de los establecimientos penitenciarios en virtud de las 2.226 solicitudes de otorgamiento de libertad condicional desde los reos de los penales Centro de Educación y Trabajo (CET) Metropolitano, Penal Colina I y II, Centro Penitenciario Santiago Sur, Centro de Rehabilitación Abierto Manuel Rodríguez (CRAM); Subunidad Especial de Alta Seguridad y Penal de Punta Peuco.

La instancia –que preside el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Fernando Carreño, y está integrada por los jueces de juzgados de garantía Claudia Hermosilla, Paola Robinovich, Andrea Osorio, Daniel Urrutia, Marcela Figueroa; y los magistrados Nelson González, Patricia Erazo, Carolina Herrera y Bernardita González, de tribunales orales– concedió la libertad condicional a 443 internos, equivalentes al 19,9% de las 2.226 peticiones. La comisión rechazó 1.783  solicitudes, el 80,1% de ellas.

Los aspectos que considera la Comisión son el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva; haber tenido conducta intachable en el establecimiento penal; haber aprendido un oficio si hay talleres donde se cumple la condena y haber asistido con regularidad a la escuela y conferencias educativas del penal. El único penal que no registró ningún preso al que se le otorgara el beneficio de libertad condicional fue Punta Peuco, donde se encuentran recluidos los reos condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.