A través de una carta al director en El Mercurio, esta mañana el presidente ejecutivo de la Fundación Iguales fustigó el nuevo aplazamiento de la esperada aprobación del proyecto de ley de Identidad de Género. Según lo anunciado, el día miércoles 2 la iniciativa debería haberse votado en la sala del Senado, pero fue devuelta sin mayores explicaciones a la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta. Esta instancia es presidida por la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe, quien repetidas veces ha demostrado su rechazo al proyecto, siendo acusada por las organizaciones que lo impulsan como “ignorante” y transfóbica.

En su carta de hoy, Luis Larraín señala que “llama la atención que, tras tres años y medio de tramitación, decenas de organizaciones y expertos invitados, doce períodos de indicaciones y tres despachos supuestamente definitivos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el proyecto de identidad de género -que reconoce la identidad de género de las personas trans y crea un mecanismo para adecuar sus documentos de identidad- haya vuelto nuevamente a dicha comisión, en lugar de ser votado en la sala, como estaba previsto según la tabla de este miércoles 2”.

El líder de Iguales pone la mirada en la polémica levantada por el senador Andrés Allamand en el diario La Segunda, cuando en portada del vespertino rechazó el proyecto el día anterior a su programación de votación, señalando que rechazaba la idea de que adolescentes pudieran cambiar de sexo. Al respecto, Larraín respondió que “a diferencia de lo planteado por el senador Allamand, el proyecto no contempla que los/as adolescentes trans entre 14 y 18 años puedan adecuar sus documentos de identidad en el Registro Civil sin el consentimiento de sus padres. En efecto, solo pueden hacerlo en dicha institución quienes tengan el consentimiento expreso de ambos padres. Cuando ello no ocurra, y uno o ambos padres se opongan al cambio de identidad legal, será el juez de familia quien, luego de escuchar a ambas partes y revisar los informes médicos, tome una decisión. En el caso de los menores de 14, en tanto, será siempre el juez de familia quien tome la decisión, incluso aunque el niño cuente con el consentimiento de los padres”, explica.

Larraín insistió en este punto, señalando que desde Iguales ven “mucha confusión acerca de los alcances de esta iniciativa. Se dice también que el proyecto permite el “cambio de sexo” de menores de edad, lo que es totalmente falso, pues, al contrario, establece explícitamente que las cirugías de reasignación genital estarán prohibidas antes de los dieciocho años”.

Luego, pasó a recordar a los legisladores y el gobierno la responsabilidad hacia los niños y adolescentes trans, quienes a nivel global tienen una de las tasas de suicidio más altas en la población. Larraín señaló que “sufren una discriminación brutal y necesitan la protección del Estado. No es justo que niños de siete años hayan pasado por siete colegios hasta encontrar uno en que acepten su identidad de género. Algo tan simple como una cédula de identidad acorde a su género podría hacerles la vida tanto más fácil. Llamamos a la Presidenta Bachelet a cumplir con su programa de gobierno, aumentándole la urgencia al proyecto, para que se deje de postergar, y a los senadores a terminar con esta dilación eterna y despacharlo de una vez por todas”.